Un tribunal peruano emitirá sentencia sobre la responsabilidad de nueve exmilitares en el asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca Tecse. Los acusados son integrantes del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que operó durante el régimen de Alberto Fujimori que ha sido responsabilizado por varios crímenes de derechos humanos, entre ellos la masacre de Barrios Altos (1991) y las desapariciones forzadas de La Cantuta (1992). Indira Huilca, hija de Pedro Huilca y excongresista, dice que espera que haya justicia para su padre, aunque reconoce su preocupación ante la demora para acabar el juicio que inició en 2017 y los intentos de socavar el proceso.
Luego de 31 años del asesinato del secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) Pedro Huilca Tecse, una corte peruana emitirá sentencia en contra de nueve exmilitares el 31 de octubre de 2023 a las 5:00 p.m. hora local. Los nueve acusados en el caso pertenecieron al Grupo Colina, un escuadrón de la muerte compuesto de personal militar que cometió varias violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
Pedro Huilca Tecse fue asesinado el 18 de diciembre de 1992, ocho meses después de que Alberto Fujimori declarara el autogolpe del 5 de abril en el que, con apoyo de las fuerzas armadas, suspendió la Constitución, cerró el Congreso e intervino en el Poder Judicial. La desaparición del líder sindical convulsionó a la sociedad peruana. El gobierno de Fujimori acusó a Sendero Luminoso del asesinato, pero desde un inicio hubo indicios de la responsabilidad del mismo gobierno. Un tribunal sin rostro procesó a un grupo de supuestos miembros de Sendero por el crimen, pero fueron absueltos por falta de pruebas en un juicio ante tribunales civiles.
La familia de Pedro Huilca ha mantenido una postura constante a lo largo de estos 31 años. Antes de su asesinato, Huilca había sido advertido de un posible atentado contra su vida y responsabilizó al gobierno de Fujimori si algo le sucedía.
Hasta ahora, nadie ha sido responsabilizado por el crimen. En 1997, la familia de Pedro Huilca Tecse puso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el caso llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2004. El Gobierno peruano se allanó a la demanda de la Corte IDH señalando que: “Hubo participación y responsabilidad del Estado peruano, violándose el derecho a la vida” de Pedro Huilca, y se comprometió a impulsar la investigación, procesamiento penal, y sanción a los responsables.
Ahora, después de más de tres décadas, se acerca un momento crucial en la búsqueda de la verdad y la justicia por parte de la familia de Pedro Huilca Tesce, el movimiento obrero peruano, y la sociedad en su conjunto.
La acusación contra los autores intelectuales y materiales del Grupo Colina
El fiscal Gino Quiroz ha acusado a Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Vladimiro Montesinos, Julio Salazar Monroe, Juan Rivero Lazo, y Federico Navarro Pérez como autores intelectuales por “el delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio calificado – asesinato con gran crueldad” en agravio de Pedro Huilca Tecse. Acusa a Santiago Martín Rivas, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Sosa Saavedra, y Nelson Carbajal García como autores materiales del mismo delito Según la fiscalía, constituye delito de Lesa Humanidad, por lo cual solicitó 25 años de cárcel para cada uno de los acusados.
El general (r) Nicolás de Bari Hermoza Ríos fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Fujimori. Vladimiro Montesinos, ex capitán de Ejército, fue el asesor principal de Fujimori en temas de seguridad y actuaba como el jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Por años formaban un triunvirato que controlaba todas las instituciones del Estado y manejaba el poder a su antojo. El general (r) Salazar Monroe fue el jefe oficial del SIN, mientras que el general (r) Rivera Lazo fue el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DIE). El mayor del Ejército Martin Rivas era el jefe operativo del Grupo Colina, mientras Aguirre, Sosa Saavedra y Carbajal García eran operadores directos. Varios de los acusados han sido condenados por otros crímenes del Grupo Colina.
La acusación fiscal recoge los testimonios de exagentes de los servicios de inteligencia, Mesmer Carles Talledo y Clemente Alayo, quienes señalaron a los agentes del Grupo Colina como autores del crimen del líder sindical. Según el fiscal Quiroz, Pedro Huilca Tesce era considerado un obstáculo a la implementación de las reformas políticas y laborales tras el autogolpe de Fujimori en 1992. En particular, las denuncias planteadas por Pedro Huilca ante instancias internacionales como la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Organización de Estados Americanos (OEA) afectaban el propósito del gobierno dictatorial de mostrar ante organismos internacionales que Perú había vuelto a la democracia tras las elecciones legislativas de 1993.
Carles Talledo, quien se encontraba preso, ratificó su testimonio en un video grabado por el congresista Jorge del Castillo en su momento. Luego fue indultado por el gobierno de Fujimori y ya en libertad, dijo no recordar sus afirmaciones. Desde entonces se desconoce su paradero. Clemente Alayo ratificó su testimonio en 2003 ante la comisión investigadora del caso Pedro Huilca en el Congreso, formado en base a una denuncia constitucional de la congresista Mercedes Cabanillas.
El juicio oral comenzó en 2017 y es dirigido por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria en delitos de Crimen Organizado. Se realizaron más de 190 audiencias, en las que se presentaron diversos testigos, entre ellos los excongresistas Luis Negreiros Criado y José Luis Risco, miembros de la comisión investigadora del Congreso que concluyó que agentes del grupo Colina eran responsables de este crimen. La comisión entrevistó a Abimael Guzmán y a otros líderes senderistas, quienes negaron su participación en el crimen, pese a las diferencias ideológicas que tenían con Pedro Huilca. También entrevistaron a Vladimiro Montesinos, que optó por acogerse al silencio. Las conclusiones del informe fueron aprobadas por la Comisión Permanente y por el pleno del Congreso en 2003.
La esperanza de la justicia en tiempos de déficit democrática
“Nosotros como familia esperamos que haya una sentencia favorable”, me cuenta Indira Huilca, hija de Pedro Huilca Tesce y excongresista de la República del Perú. “La acusación de la fiscalía recoge por primera vez evidencias que habían sido desestimadas durante la época de la dictadura, evidencias que se fueron recogiendo durante los años 90, incluyendo los testimonios de exagentes del SIN que señalaban la responsabilidad del Grupo Colina, también señalado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los propios testimonios de la familia como testigos directos del atentado que en los 90 no fueron recogidos por la justicia peruana”.
Huilca señala que existe suficiente evidencia para una condena de los nueve acusados. A la vez, afirma: “No nos da una garantía plena de justicia imparcial”.
Han transcurrido 31 años desde el asesinato de Pedro Huilca y seis años desde que inició el juicio oral, enfatiza Indira Huilca. “No es una demora casual”, afirma. “Es la importancia que da desde la justicia peruana a estos crímenes ocurridos en contextos de violencia política y durante la dictadura. También refleja el peso del fujimorismo en la política y especialmente en el sistema de justicia en el Perú.”
Al mismo tiempo, expresa su preocupación por los intentos de entorpecer el proceso. Comenta que el entonces jefe de la Dirección de Investigación Contra el Terrorismo (DIRCOTE), el general de la Policía Nacional del Perú Óscar Arriola Delgado —“un personaje muy mediático en el contexto de represión a las manifestaciones recientes” y ahora jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI)— quiso apersonarse como testigo para revivir la hipótesis de que Sendero Luminoso fuera el responsable del crimen. La fiscalía se opuso pues ya había pasado la etapa de presentar testigos y la corte rechazó la solicitud de Arriola. Para Huilca, es evidencia de la existencia de una fuerte presión desde los poderes fácticos para que no haya condena en este caso.
Desde WOLA hemos observado los procesos de justicia por casos de graves violaciones a los derechos humanos desde 2007 cuando inició el juicio en contra de Alberto Fujimori. En abril de 2009 el expresidente fue condenado a 25 años de prisión por la masacre de Barrios Altos (1991) y la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta (1992), entre otros crímenes cometidos por el Grupo Colina. Esperamos que el Poder Judicial considere la gravedad de los hechos y el tiempo transcurrido para que la familia pueda acceder a la justicia al momento de dictar la sentencia, y que prevalezca la verdad y la justicia para la familia de Pedro Huilca Tecse.
Fuente: wola.org
