En Argentina, los pueblos indígenas enfrentan una regresión normativa, administrativa y jurisprudencial que profundiza el despojo territorial y amenaza sus derechos. El desconocimiento de su preexistencia y el avance de un modelo de desarrollo incompatible con sus formas de vida se traducen en desalojos y amenazas que ponen en riesgo la permanencia de las comunidades en sus territorios. Sin embargo, estos retrocesos no deben interpretarse como definitivos: la resistencia y la organización de las comunidades mantienen abierta la posibilidad de construir otros horizontes en un contexto político más favorable.