Fuentes: Rebelión
El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Agosto, 2026) concluye que, ante la previsión de que el aumento de la temperatura mundial superará los 1,5ºC, el mundo debe esforzarse para volver a situase por debajo.
Mientras que los informes de la Organización de las Naciones Unidas advierten con urgencia creciente que el planeta se encamina hacia un calentamiento catastrófico de 2,3 a 2,5 °C, muy por encima del límite de 1,5 °C necesario para evitar daños irreversibles, los gobiernos y las organizaciones internacionales continúan aprobando nuevos proyectos de combustibles fósiles, subvencionando industrias contaminantes y dilatando las medidas de reducción de emisiones. No es es un accidente. No es un error ni negligencia. Es una decisión calculada, es complicidad. Porque detrás de cada retraso, de cada compromiso vacío, de cada cumbre climática que termina en declaraciones sin dientes, hay un cálculo frío: proteger los intereses de una élite acaudalada que puede permitirse el lujo de ignorar el colapso climático porque tiene los recursos para aislarse de sus consecuencias.
La ONU lo ha dicho con claridad meridiana: las emisiones globales deberían haber comenzado ya un descenso pronunciado y reducirse aproximadamente a la mitad antes de 2030 para mantener viva la posibilidad de limitar el calentamiento a 1,5 °C. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte en su informe de 2025 que, incluso con la implementación completa de los compromisos nacionales actuales, el mundo se dirige hacia un calentamiento de 2,3-2,5 °C.
La Organización Mundial de la Salud calcula que el cambio climático podría causar unas 250 000 muertes adicionales cada año entre 2030 y 2050 por desnutrición, paludismo, diarrea y estrés térmico. Entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven ya en contextos altamente vulnerables al cambio climático.
Estos no son números abstractos. Son vidas humanas. Son familias que perderán sus hogares, sus cosechas, su acceso al agua, su salud. Y los gobiernos lo saben. Lo han sabido durante décadas.
A pesar de estas advertencias, la respuesta institucional ha sido un ejercicio de cinismo burocrático:
– Objetivos sin mecanismos. Los gobiernos aprueban compromisos de neutralidad de carbono para 2050 sin planes creíbles para reducir emisiones en esta década crítica.
– Combustibles fósiles en expansión. Mientras se declaran emergencias climáticas, se autorizan nuevas exploraciones de petróleo y gas, se construyen infraestructuras fósiles y se mantienen subvenciones millonarias a industrias contaminantes.
– Greenwashing institucional. Las cumbres climáticas se convierten en escaparates de marketing verde, donde los líderes mundiales posan para las cámaras mientras negocian a puerta cerrada la protección de sus industrias nacionales.
– Adaptación insuficiente. Incluso cuando reconocen que algunos impactos son inevitables, los gobiernos no invierten lo suficiente en proteger a las comunidades vulnerables frente a sequías, inundaciones, incendios y olas de calor.
¿Quiénes pagan y quiénes se benefician?
El 10% de la población mundial más rica emitió casi el 48% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, mientras que el 50% más pobre contribuyó apenas con el 12%. Esta desigualdad obscena se reproduce entre varios países: Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, Indonesia, Alemania, India, Reino Unido, Japón y Canadá representan más del 60% de las emisiones acumuladas de CO2 desde 1850.
Sin embargo, son los países empobrecidos, las comunidades rurales, los pequeños Estados insulares y los barrios marginales de las ciudades ricas los que soportan los impactos más graves:
– Mortalidad desproporcionada. Durante la última década, la mortalidad causada por fenómenos meteorológicos extremos fue quince veces mayor en las regiones vulnerables que en las menos vulnerables.
– Pobreza energética. En España, más de un tercio de la población no logra mantener una temperatura adecuada en verano, y esta cifra supera el 50% entre las familias vulnerables.
– Salud comprometida. Las olas de calor, la contaminación atmosférica y la inseguridad alimentaria e hídrica afectan especialmente a niños, personas mayores, enfermos crónicos y trabajadores expuestos.
– Desplazamientos forzados. Cuando el agua escasea, la producción agrícola disminuye o una zona costera se vuelve inhabitable, las familias pobres son las primeras en verse obligadas a abandonar sus hogares.
Mientras tanto, la élite acaudalada se prepara para el colapso:
– Mansiones en zonas elevadas, propiedades con sistemas autónomos de energía y agua, bunkers equipados para sobrevivir a catástrofes.
– Pólizas que cubren daños climáticos, múltiples residencias en diferentes países, pasaportes que permiten huir cuando la situación se vuelve insostenible.
– Activos diversificados, acceso a alimentos importados, capacidad de trasladar negocios e inversiones a regiones menos afectadas.
Esta élite no siente la urgencia climática en su vida cotidiana. Puede permitirse el aire acondicionado cuando las temperaturas se disparan, comprar agua embotellada cuando los grifos se secan, evacuar a segundas residencias cuando llegan las inundaciones. Para ellos el cambio climático es un problema abstracto, una cuestión de política internacional, no una amenaza inmediata a su supervivencia.
Los gobiernos no son víctimas impotentes de la crisis climática. Son actores activos que han elegido proteger los intereses de las industrias contaminantes:
– Lobbies corporativos. Las empresas de combustibles fósiles gastan millones en cabildeo para influir en las políticas climáticas, asegurando que las regulaciones sean lo suficientemente débiles como para no afectar sus beneficios.
– Puertas giratorias. Políticos que aprueban leyes climáticas insuficientes y luego pasan a trabajar para las mismas empresas que deberían regular.
– Subvenciones perversas. Mientras se recorta en servicios sociales, se mantienen ayudas públicas a actividades que agravan la crisis climática.
– Represión de la protesta. Cuando la ciudadanía sale a las calles para exigir acción climática, la respuesta gubernamental es la criminalización de la protesta, la vigilancia de activistas y la protección policial de las infraestructuras fósiles.
Las organizaciones internacionales, creadas supuestamente para coordinar la acción global, han fallado estrepitosamente:
– Las conferencias de las partes se han convertido en espectáculos mediáticos donde los líderes mundiales anuncian compromisos que no tienen intención de cumplir.
– El Acuerdo de París carece de sanciones efectivas para los países que incumplen sus compromisos.
– Los países ricos no han cumplido su promesa de proporcionar 100.000 millones de dólares anuales en financiación climática a los países empobrecidos.
– Mientras publican informes alarmantes, continúan aprobando proyectos de desarrollo que agravan la crisis.
La inacción climática no es solo un fracaso político: es una violación sistemática de derechos humanos fundamentales. La Corte Internacional de Justicia afirmó en 2025 que los Estados tienen obligaciones vinculantes de proteger el sistema climático y que su incumplimiento constituye un acto internacionalmente ilícito que genera responsabilidad.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Suiza en 2024 por no proteger adecuadamente a su población frente al cambio climático, considerando que las políticas insuficientes vulneraban el derecho al respeto de la vida privada y familiar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2025 que la emergencia climática afecta derechos como la vida, la salud, la vivienda, el agua, la alimentación, el trabajo y la cultura, y que los Estados tienen obligaciones de proteger especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad y a las generaciones futuras.
La élite actual está condenando a las generaciones futuras a heredar un planeta devastado:
– Las generaciones jóvenes pagarán los costes de la inacción actual mediante impuestos más altos, servicios públicos recortados y un entorno cada vez más hostil.
– La destrucción de ecosistemas, la escasez de recursos y la inestabilidad social limitarán las posibilidades de vida digna para quienes aún no han nacido.
– Los adultos actuales estamos violando el contrato social básico: la obligación de dejar a las generaciones futuras un mundo al menos tan habitable como el que heredamos.
Frente a la traición institucional, una parte de la ciudadanía concienciada está utilizando los tribunales para exigir responsabilidades:
– Casos emblemáticos. Urgenda contra Países Bajos, Klima Seniorinnen contra Suiza, y decenas de casos similares en todo el mundo están demostrando que la inacción climática es jurídicamente reprochable.
– Ciencia de la atribución. Los avances en la ciencia de la atribución permiten conectar emisiones específicas con daños concretos, facilitando la imputación de responsabilidades.
– Responsabilidad corporativa. Las demandas contra empresas como Shell están estableciendo que las corporaciones también tienen deberes de diligencia climática.
La presión desde abajo es esencial:
– Los movimientos juveniles están liderando la lucha por la justicia climática, denunciando que están heredando un planeta en llamas.
– Las poblaciones vulnerables están organizándose para exigir protección, adaptación y compensación por los daños sufridos.
– La coordinación entre movimientos del Norte y del Sur global está fortaleciendo la lucha por la justicia climática.
Frente a la crisis climática no hay neutralidad. Quienes no actúan para detener el calentamiento están, por omisión, eligiendo el lado de los verdugos. Los gobiernos y organizaciones que continúan priorizando los beneficios de las élites sobre la supervivencia de la mayoría están cometiendo un crimen contra la humanidad.
La evidencia es abrumadora: las advertencias científicas están sobre la mesa, las soluciones técnicas existen, los recursos están disponibles. Lo que falta es voluntad política. Y esa falta de voluntad no es un accidente: es el resultado de un sistema que pone los intereses de unos pocos por encima de la vida de muchos.
Pero la historia no está escrita. La resistencia crece. Los tribunales comienzan a actuar. Las comunidades se organizan. Y mientras haya personas dispuestas a luchar por un futuro habitable, la traición de las élites no tendrá la última palabra.
El tiempo se acaba. Pero mientras haya aliento, hay esperanza. Y mientras haya esperanza, tenemos obligación de actuar.
United Nations Environment Programme (2026). Limiting Overshoot: Navigating exceedance of 1.5°C and pathways towardsreturn. Nairobi. https://doi.org/10.59117/20.500.11822/49857
J Luis Carpintero Avellaneda. Profesional sanitario jubilado y exprofesor de la UMA.
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