Foto: Edvin Amado Sánchez
Transportistas y comunidades ancestrales guatemaltecas exigen soluciones estructurales frente al alza de los combustibles.
Sectores del transporte e integrantes de los pueblos originarios se concentraron en las inmediaciones del Congreso de la República y del Palacio Nacional de la Cultura, en la capital guatemalteca, para manifestar su descontento ante el encarecimiento de los hidrocarburos.
Las protestas se reactivaron luego de la aprobación en el Legislativo de un subsidio de 1.500 millones de quetzales aproximadamente 324 millones de dólares, destinado a fijar precios de referencia en bomba para el diésel y la gasolina regular hasta el 31 de diciembre.
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Pese a que la medida busca amortiguar las fluctuaciones del mercado global, las organizaciones sociales sostienen que el mecanismo resulta insuficiente ante el deterioro acumulado del poder adquisitivo.
En declaraciones para nuestra multiplataforma informativa teleSUR,la diputada por la coalición Winaq-URNG, Sonia Gutiérrez Raguay, explicó que las comunidades indígenas y las familias en condición de vulnerabilidad enfrentan el impacto directo del alza de insumos.
La legisladora señaló que el incremento en los fletes de transporte repercute directamente en el costo de los alimentos de la canasta básica.
Gutiérrez Raguay enfatizó que el país padece una doble afectación estructural: la total dependencia de las importaciones de refinados frente a la inestabilidad internacional en Asia Occidental y la concentración oligopólica del mercado interno por parte de un sector empresarial importador.
La parlamentaria calificó el paquete de compensación aprobado por el Congreso como una respuesta paliativa de corto alcance que no transforma las condiciones de fondo. Afirmó que Guatemala requiere iniciar una transición hacia un modelo energético soberano y sostenible que reduzca la vulnerabilidad económica de la población.
A esta coyuntura energética se suma la amenaza a la seguridad alimentaria provocada por eventos climáticos extremos asociados al fenómeno de El Niño, condiciones que agravan la situación económica en las zonas rurales del país.
Gutiérrez Raguay resaltó el papel histórico de articulación política de las autoridades ancestrales, como los 48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Indígena de Sololá, en la defensa de los intereses comunitarios frente a las decisiones del Estado.
Subrayó la trascendencia de que los movimientos sociales y los pueblos originarios ocupen el espacio público para exigir soluciones integrales, asegurando que el bienestar colectivo exige abordar de manera prioritaria las brechas de exclusión histórica que afectan a las mayorías populares.
Este texto ha sido reproducido de forma íntegra y literal respetando los derechos de distribución pública del emisor.
Medio original: telesurtv.net
Enlace oficial: Ver artículo original aquí
