Tsɨuni: memoria y ciudadanía indígena

El colectivo Tsɨuni reivindica la memoria del genocidio del caucho como un acto de ciudadanía y una exigencia de reconocimiento estatal hacia los pueblos indígenas amazónicos.

Colectivo Tsiuni: la memoria como reconocimiento de ciudadanía

Por Iris Jave*

IDEHPUCP, 27 de octubre, 2026.- Este miércoles, 28 de octubre, el Juzgado Mixto de Nauta (Loreto) escuchará la demanda del colectivo Tsiuni relativa a la creación de una comisión de la verdad que investigue los crímenes cometidos durante la explotación del caucho en la Amazonía peruana durante distintos momentos de la primera mitad del siglo XX. El nombre del colectivo condensa su reclamo: tsiuni significa «escuchar» en lengua kukama. Integrado por jóvenes de diez pueblos amazónicos (kukama, maijuna, secoya, murui, bora, tikuna, awajún, arabela, achuar y wampis), el colectivo estima que al menos 30 mil indígenas murieron en ese periodo. La pregunta es inevitable: ¿por qué jóvenes del siglo XXI reclaman verdad y justicia sobre hechos ocurridos hace más de cien años?

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Una explicación posible se encuentra en el fenómeno que Silvia Rivera Cusicanqui (1984/2010) denomina memoria larga: aquella que no se detiene en el dolor más reciente, sino que se remonta hasta la dominación colonial y las resistencias que ésta suscitó. La memoria larga es una forma de resistencia que recupera voces y narrativas que pueden ser recordadas y reclamadas. En el Perú, la memoria pública de la violencia se remite al conflicto armado interno de 1980-2000, cuyo esclarecimiento y reconocimiento costó años de lucha a las organizaciones de víctimas. Tsiuni propone ampliar ese horizonte hasta el exterminio cauchero, que el estado nunca ha reconocido. Su gesto afirma algo esencial: la memoria no empieza donde el estado decide que empieza y los derechos no se protegen solo hacia adelante.  Las prácticas que sostienen esa memoria son políticas: crean pertenencia, orientan la acción colectiva y vuelven posibles ciertos horizontes de esperanzas.

Una verdad pendiente

Las comisiones de la verdad fueron creadas como mecanismos extrajudiciales de la justicia transicional. No dictan condenas: esclarecen hechos, analizan las condiciones políticas, sociales y culturales que hicieron posible la violencia, identifican responsabilidades institucionales y formulan recomendaciones de reparación y garantías de no repetición (Hayner, 2011). Su potencia reside en transformar el sufrimiento de un grupo en conocimiento público y en una pedagogía que permita a las nuevas generaciones comprender y criticar los procesos que vulneraron a determinados sectores de la sociedad.

El petitorio de Tsiuni se inscribe en esa tradición. Pide analizar el papel de las instituciones estatales y de los capitales internacionales que financiaron la extracción de la goma, esclarecer los crímenes cometidos por los caucheros con la tolerancia de agentes del Estado, proponer medidas de reparación y dignificación, y sentar las bases de un «nuevo trato» con los pueblos indígenas. Detrás de ello hay una demanda concreta: identificar y nombrar a los ancestros esclavizados, sometidos y asesinados, y corregir una historia oficial que silenció la semiesclavitud indígena para celebrar la bonanza de Iquitos como emblema de progreso y esplendor. La elaboración de esa memoria no puede quedar solo en manos de las comunidades; requiere una acción estatal que la reconozca, la promueva y la habilite.

La demanda se basa en el derecho a la verdad, que el Tribunal Constitucional reconoció en la sentencia 2488-2002-HC/TC (caso Villegas Namuche) como un derecho de las víctimas y, a la vez, de la nación en su conjunto. El uso del hábeas corpus responde a la misma vía procesal por la cual el TC dio contenido a ese derecho. Su dimensión colectiva explica por qué la ausencia de perpetradores vivos no lo extingue: lo que se busca reparar no es solo una lesión individual, sino una omisión pública que sigue produciendo efectos. La jurisprudencia interamericana, en casos como La Cantuta y Penal Miguel Castro Castro contra el Perú, ha reafirmado que conocer la verdad sobre graves violaciones de derechos humanos constituye en sí misma una forma de reparación. A ello se suma el comunicado de cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas que manifestaron al estado peruano su preocupación por la ausencia de medidas de verdad, justicia, reparación, memorialización y no repetición frente a los crímenes del Putumayo, y le pidieron abordar ese legado en consulta efectiva con las comunidades afectadas.

Revelando procesos de larga duración

Pedir una comisión de la verdad por hechos centenarios no es una excepción. En las últimas décadas, los mecanismos de la justicia transicional se han extendido desde los casos de dictaduras y conflictos internos hacia violencias de larga duración, en particular las coloniales y las ejercidas contra pueblos indígenas. Chile fue pionero en la región: entre 2001 y 2003 funcionó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, que proponía refundar la relación entre el Estado y los pueblos originarios. En Canadá, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2008-2015) documentó el sistema de escuelas residenciales para niños indígenas, lo calificó como un genocidio cultural y dirigió sus recomendaciones al conjunto de la sociedad. En Australia, la Comisión de Justicia Yoorrook, en el estado de Victoria, constituye el primer proceso formal de búsqueda de la verdad sobre el colonialismo en ese país, asumiendo la centralidad los pueblos aborígenes. En Brasil, después de que la Comisión Nacional de la Verdad (2014) dedicara un capítulo a las violaciones contra los pueblos indígenas, el Congreso debate hoy la creación de una Comisión Nacional Indígena de la Verdad.

Y en Colombia, el 2012, al cumplirse un siglo de las denuncias internacionales sobre el Putumayo, el presidente Juan Manuel Santos pidió perdón en La Chorrera a los pueblos indígenas por los crímenes de la Casa Arana, empresa fundada por el peruano Julio César Arana, que operó con la protección de autoridades peruanas y fue objeto de investigaciones internacionales, como el informe de Roger Casement publicado en 1912. Sin embargo, hasta ahora, el Estado peruano no ha asumido ningún reconocimiento, ni gesto y, mucho menos, una responsabilidad equivalente. La demanda del colectivo Tsiuni no busca reabrir juicios, sino producir reconocimiento, reparar el vínculo entre el Estado y los pueblos agraviados y transformar las narrativas que resaltan la opulencia de una ciudad como Iquitos, en el contexto de la explotación del caucho, mientras los pueblos originarios eran esclavizados, asesinados y despreciados en su humanidad. Los mecanismos de justicia transicional también buscan cambiar la manera en que una sociedad se narra a sí misma.

La herencia del daño

Podría pensarse que, más de un siglo después, no queda nada por esclarecer: no hay perpetradores vivos que juzgar ni sobrevivientes directos que testimonien. Los jóvenes de Tsiuni plantean otra cosa. No reclaman un expediente judicial, sino el derecho a conocer una historia que sus familias cargaron en silencio. Uno de ellos describe cómo el miedo pasó de su abuela a su madre y de su madre a él, sin que nadie pudiera nombrar su origen. Kimberly Theidon (2004), en su trabajo con comunidades ayacuchanas tras el conflicto armado, registró la convicción de que el miedo y el daño se transmiten entre generaciones, incluso a través de la leche materna. Tomo prestada esa intuición, nacida en el mundo andino, para pensar la transmisión intergeneracional del daño en la Amazonía. Esa es la paradoja que la demanda expone: el estado nunca investigó, pero el daño sí se transmitió. Circuló en el desarraigo, en la pérdida de las lenguas, en la vergüenza de nombrarse indígena, en los apellidos impuestos. Cuando la verdad no se reconoce públicamente, la memoria sobrevive en los cuerpos y en los linajes, como una contranarrativa encarnada que disputa el relato oficial desde fuera de sus marcos. La comisión que se solicita no parte de cero para elaborar esa memoria, su aporte será proteger, compartir y divulgar un conocimiento de los hechos a partir de los registros, voces e historias, y otorgarle legitimidad social e institucional.

La violencia en la Amazonía es cíclica: al caucho le siguieron el petróleo, la tala ilegal, la minería y el narcotráfico, y hoy las personas defensoras del territorio son amenazadas y asesinadas en las mismas cuencas donde hace un siglo se esclavizaba a pueblos enteros. Cambian los recursos y los actores, pero persiste una matriz: la Amazonía como frontera extractiva y sus pueblos como mano de obra prescindible u obstáculo para el «progreso». Esa matriz se expresa también en el espacio público. En Iquitos, la Alameda del Caucho todavía evoca la bonanza del caucho como una época dorada. El colectivo Tsiuni demanda transformar esa narrativa; han señalado que ese lugar no los representa y, por el contrario, es el “lugar” donde habitan los dolores y las voces silenciadas. Investigar el periodo de la explotación del caucho es, también, interrogar el modelo de desarrollo que el Perú sigue reproduciendo en la Amazonía y las condiciones que permiten que la violencia se repita.

Memoria y ciudadanía

La demanda llega en un momento revelador. Mientras desde el propio Estado se cuestiona el Informe Final de la CVR, se ataca al Lugar de la Memoria y se instala un discurso que presenta la memoria como amenaza o revancha, una nueva generación de jóvenes indígenas hace el gesto contrario: no pide olvido, sino más verdad y más institucionalidad de memoria. Ese contraste revela lo que está en juego. La justicia transicional suele asociarse a la salida de una guerra o una dictadura, pero sus mecanismos responden a una pregunta más amplia: ¿qué le debe una comunidad política a quienes excluyó o destruyó al constituirse? Al pedir un «nuevo trato» y ser reconocidos como ciudadanos, los jóvenes de Tsiuni recuerdan que la ciudadanía indígena en la Amazonía sigue siendo una promesa incumplida, y que una democracia incapaz de mirar su propia historia difícilmente podrá garantizar la no repetición.

Que sean jóvenes quienes reclaman esta verdad no es un dato menor. Muestra que la memoria no pertenece sólo a quienes vivieron los hechos, sino también a quienes heredan sus consecuencias y deciden no seguir callando. Este miércoles, en Nauta, el estado tendrá la oportunidad de hacer aquello que el nombre del colectivo le exige: escuchar.

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* Iris Jave es investigadora senior del IDEHPUCP.