Demanda masiva contra Meta por riesgo adictivo

La Comisión Europea ha abierto casos específicos contra Meta, TikTok y Shein por presuntamente infringir la Ley de Servicios Digitales mediante el uso de interfaces de diseño adictivo. El debate empieza así a desplazarse desde una perspectiva exclusivamente individual hacia otra más amplia: la arquitectura del propio entorno digital.

Por Teresa Bobes Bascarán*

The Conversation, 27 de agosto, 2026.- El paisaje que la tecnología dibuja para los adolescentes cabe en un bolsillo. Los acompaña al despertarse, en el instituto, mientras comen, cuando están solos y, demasiadas veces, hasta el momento de dormir. Pero no es un paisaje pasivo. También observa qué miran, registra dónde se detectó, aprende qué despierta su interés y decide qué mostrarles a continuación.

Por eso, quizás llevemos demasiado tiempo haciendo una pregunta demasiado sencilla: ¿cuántas horas pasan nuestros adolescentes delante de una pantalla? Tal vez sea el momento de empezar a plantearnos qué responsabilidad tienen quienes diseñan esa pantalla para que resulte tan difícil de abandonar.

La cuestión ha dejado de ser exclusivamente científica o educativa. La semana pasada dio comienzo un juicio histórico por la demanda de veintinueve estados de Estados Unidos contra Meta, propietaria de Instagram y Facebook. La acusación sostenía que algunas características de sus plataformas fueron diseñadas deliberadamente para aumentar el tiempo que niños y adolescentes permanecen en ellas, explotando vulnerabilidades propias de su desarrollo y anteponiendo el beneficio económico a su bienestar.

Aunque Meta rechazaba estas acusaciones, ha pactado con 52 fiscales generales de todos los Estados Unidos pagar casi 18.000 euros en indemnizaciones para acabar con las demandas. También ha aceptado adoptar medidas como instalar el bloqueo nocturno para adolescentes o las notificaciones en horario escolar, además de límites de uso.

Sin embargo, el caso plantea una cuestión que trasciende a una empresa y a Estados Unidos. Durante años, hemos situado buena parte de la responsabilidad sobre el adolescente propio y su familia: limitar el móvil, controlar horarios, supervisar contenidos, educar en un uso responsable. Todo ello sigue siendo necesario, aunque parece que es solo una parte de la solución.

La evidencia científica disponible no permite afirmar que utilizar redes sociales provoca necesariamente depresión, ansiedad o problemas de salud mental. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en JAMA Pediatrics, que reunió 143 estudios y más de un millón de adolescentes, encontró asociaciones entre el uso de redes sociales y síntomas internalizantes –problemas psicológicos y emocionales que una persona dirige hacia su propio mundo interior en lugar de manifestarlos de forma externa–, aunque de magnitud pequeña.

Por otro lado, gran parte de la investigación disponible es observacional. Esto hace difícil determinar la dirección de la relación. Un adolescente puede sentirse peor como consecuencia de determinadas experiencias en redes sociales, pero también puede abusar de estas porque se siente solo, ansioso o deprimido. Y ambas cosas pueden retroalimentarse.

Una revisión reciente que integra decenas de revisiones previas refuerza precisamente esta idea: las relaciones entre el uso general de redes sociales y la salud mental son débiles e inconsistentes, mientras que las asociaciones son más claras cuando hablamos de uso problemático.

No es lo mismo utilizar Instagram para hablar con amigos que pasar horas comparando el propio cuerpo con imágenes cuidadosamente seleccionadas o modificadas. Tampoco es equivalente voluntariamente información sobre un problema a recibir de forma repetida contenidos buscar similares porque un algoritmo ha aprendido que consiguen mantener nuestra atención. Esto adquiere especial relevancia cuando hablamos de autolesiones o conducta suicida.

Una revisión sistemática publicada en Clinical Psychology Review encontró algo especialmente interesante: la frecuencia general de uso de redes sociales no se relacionaba por sí sola con pensamientos y conductas autolesivas. Sí aparecen asociaciones, en cambio, con experiencias digitales específicas como la cibervictimización –daño, abuso o delito que sufre una persona a través de internet, el teléfono móvil o las redes sociales–, el uso problemático o la exposición e interacción con contenidos relacionados con autolesiones y suicidio.

La adolescencia es una etapa especialmente sensible al reconocimiento social, la comparación con los iguales, la aceptación y la necesidad de pertenencia. No se trata de una debilidad ni de una patología. Es un desarrollo humano normal. Pero precisamente por eso algunas características del diseño digital merecen especial atención.

En este escenario, el desplazamiento o desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones, los contadores de “me gusta” o los sistemas de recomendación personalizados no aparecieron espontáneamente. Son decisiones de diseño. Detrás de ellas, existen sistemas extraordinariamente atractivos capaces de aprender continuamente de nuestro comportamiento.

Además, no todos los adolescentes parten del mismo lugar. El impacto puede variar según la edad, el estado emocional previo, la autoestima, las experiencias de acoso, el aislamiento, la calidad de las relaciones familiares, el sueño o los contenidos consumidos.

Durante años, hemos explicado a las familias que deben establecer límites. Que el móvil no debería dormir junto al adolescente. Que deben supervisar contenidos, favorecer actividades presenciales, cuidar el sueño y enseñar pensamiento crítico. Son recomendaciones razonables. Pero existe cierta desproporción en pedir a una familia que, desde el salón de su casa, contrarreste por sí solos sistemas desarrollados por algunas de las mayores compañías tecnológicas del mundo, capaces de analizar millones de interacciones y aprender qué consigue que cada usuario permanezca unos minutos más conectado.

Aquí aparece el verdadero cambio que plantea el caso Meta. La responsabilidad no puede analizarse únicamente desde el comportamiento de quien utiliza el producto. Sobre todo, debemos cuestionar la intención de quien lo diseña.

Aunque el acuerdo de momento solo afecta a Estados Unidos, esta discusión no queda al otro lado del Atlántico. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea establece obligaciones específicas para proteger a los menores en las plataformas digitales. La Comisión Europea ha puesto el foco en cuestiones como los sistemas de recomendación, determinados diseños potencialmente adictivos , el ciberacoso, la exposición a contenidos perjudiciales, la privacidad por defecto y los mecanismos de comprobación de edad.

De hecho, a comienzos de este año 2026, la Comisión Europea ha abierto casos específicos contra Meta, TikTok y Shein por presuntamente infringir la Ley de Servicios Digitales mediante el uso de interfaces de diseño adictivo.

El debate empieza así a desplazarse desde una perspectiva exclusivamente individual hacia otra más amplia: la arquitectura del propio entorno digital. Y, probablemente, ahí esté una de las claves de los próximos años.

Porque proteger a los adolescentes no significa negarles autonomía ni convertir cualquier riesgo en una prohibición. Significa repartir razonablemente las responsabilidades entre quienes utilizan la tecnología, quienes acompañan y educan y quienes obtienen beneficios diseñándola. Educar a nuestros menores para utilizar responsablemente las redes es imprescindible. Exigir responsabilidad a quienes las diseñan, también.

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*Teresa Bobes Bascarán es psicóloga clínica en el Servicio de Salud del Principado de Asturias y profesora asociada en la Universidad de Oviedo. Forma parte de equipos de investigación en prevención del suicidio, salud mental perinatal y adicciones, además de trabajar en la evaluación y tratamiento de personas con trastorno mental grave. Su trabajo combina la práctica clínica con la investigación aplicada, siempre con la finalidad de trasladar el conocimiento científico a la atención psicológica diaria. Ha participado en proyectos nacionales e internacionales (ISPA, INEUROPA y CIBERSAM) y en la elaboración de guías y programas de formación para profesionales sanitarios. Defiende una salud mental pública, basada en la evidencia y al alcance de todos.

Fuente: www.servindi.org