Bajo amenaza de sanciones, con la nueva Ley APCI aprobada por Boluarte los periodistas necesitarán el permiso del Estado para investigar, configurando una “censura previa” al periodismo independiente.
Más de 200 periodistas de 24 países suscriben un pronunciamiento de rechazo a los nuevos alcances de la Ley APCI que suponen una censura previa a medios independientes en el Perú.
Con esta ley y bajo amenaza de sanciones, los periodistas necesitarán el permiso del Estado para ejercer sus actividades de investigación, publicación y difusión de información de interés público, alertan.
De tal forma, la norma promulgada el 14 de abril por la presidenta Dina Boluarte “constituye un arma de control político, censura y destructiva represión sobre los medios independientes”, indican.
Este pronunciamiento ha sido promovido por los medios independientes peruanos Salud con Lupa, Epicentro TV, Convoca.pe, OjoPúblico e IDL-Reporteros, en un esfuerzo organizado por defender la libertad de prensa en Perú.
¿Cómo afecta la Ley APCI al periodismo independiente?
En principio, porque obliga a los medios independientes que funcionan bajo la figura legal de asociaciones civiles sin fines de lucro a inscribirse en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Es el caso, por ejemplo, del portal de investigación OjoPúblico cuya directora Nelly Luna explicó que desde sus inicios descartaron inscribirse en la APCI por ser un órgano dependiente del gobierno, al cual muchas veces investigan.
Pero no es todo. La nueva Ley APCI también obliga a los medios a informar sobre sus planes, programas, proyectos o actividades, y deja en poder de la agencia estatal la atribución de “dar conformidad previa a la ejecución” de los mismos.
De ese modo, las investigaciones periodísticas que en muchos casos alcanzan a los abusos de poder, la corrupción, y otros vínculos a la mala administración pública, podrían ser bloqueadas desde el origen.
A esto se suma que la ley prohíbe expresamente que los fondos de cooperación se utilicen para iniciar acciones legales contra el Estado, como el litigio para acceder a información pública, herramienta clave para el periodismo de investigación.
“Si bien nosotros no litigamos contra el Estado como abogados, si lo hacemos cuando nos niegan información sin razón y acudimos al Tribunal de Transparencia. Eso ahora también está en riesgo”, explicó Luna.
La APCI también podrá exigir información protegida por principios periodísticos, en abierta vulneración de los derechos al secreto profesional y la reserva de las fuentes.
Además, agrava el hecho que el director de la APCI será nombrado por la presidenta de la República, quien está sometida actualmente a distintos procesos fiscales a causa de investigaciones periodísticas.
Nelly Luna, directora de OjoPúblico, advierte de la censura que supone la nueva Ley APCI para el periodismo independiente. Foto: Sin Guion/LR
Importancia del periodismo independiente
Es importante mencionar que, en la última década, la prensa independiente en Perú ha sido un espacio de especial relevancia para la publicación de información de interés público sobre actividades ilícitas o abusos de poder tanto en el sector público como en el sector privado.
Estas publicaciones han revelado algunos de los episodios de corrupción más importantes de la historia reciente, como los casos Lava Jato y Cuellos Blancos, y han expuesto situaciones de abuso contra los ciudadanos, como los asesinatos de medio centenar de personas durante el estallido social al inicio de la gestión de Dina Boluarte.
El surgimiento de este ecosistema de medios independientes ―que ha merecido reconocimientos nacionales e internacionales por su propuesta de rigor y acento en la innovación― ha sido posible con financiamiento externo por parte de organizaciones filantrópicas o que apoyan la libertad de prensa y los valores democráticos.
Como es de conocimiento público, organizaciones internacionales han rechazado la norma, que “impone un sistema de control, censura y persecución contra las organizaciones de sociedad civil”.
Las organizaciones han advertido que esto tendrá “un impacto inhibitorio en el ejercicio de derechos como la libertad de asociación, expresión, acceso a la justicia y derecho a peticionar ante órganos de protección internacional”.
Fuente: servindi.org
