París, 1 abr (Prensa Latina) La inhabilitación política de la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen, quien polariza a la sociedad con sus posturas nacionalistas y antiinmigrantes, genera un terremoto en suelo galo y más allá, con consecuencias imprevisibles.
Además de la condena a cuatro años de prisión, sin que tenga que pasar un solo día en la cárcel, el Tribunal Correccional de París sentenció ayer a un lustro de inelegibilidad con efecto inmediato a la diputada de 56 años y máxima figura del partido Agrupación Nacional (RN) por desvío de fondos públicos.
La primera consecuencia para la candidata presidencial que ya anunció la apelación al dictamen judicial es que no podrá –de mantenerse la decisión- competir en los comicios del 2027, los cuales serían su cuarta carrera por llegar al Elíseo.
Son varias las polémicas, aunque para la justicia francesa no hay dudas de la culpabilidad de Le Pen y de varios de sus correligionarios, castigados por un sistema de fraude para malversar entre 2004 y 2016 dinero destinado a asistentes de diputados en el Parlamento Europeo, con casi tres millones de euros denunciados.
Condena desproporcionada, ajuste de cuentas por su amplia ventaja en los sondeos de cara a la primera ronda de unas elecciones aún a dos años de distancia y la cruzada para impedir la llegada al poder de la extrema derecha, son algunas de las posiciones fijadas por los detractores de las sanciones.
Para otros se trata de un asunto simple, el de pagar el precio de cometer un delito probado y el de respetar la separación de poderes, sin politizarla.
El movimiento telúrico por el anuncio de la inhabilitación sacudió a Francia, con toda la clase política pronunciándose y los anuncios del presidente de RN y delfín de Le Pen, Jordan Bardella, de que se producirán protestas a partir del fin de semana.
A nivel internacional, la derecha y el nacionalismo más duros reaccionaron contra la sentencia, desde Donald Trump en la Casa Blanca y su paladín Elon Musk hasta el primer ministro húngaro, Viktor Orban, Matteo Salvini en Italia, Santiago Abascal en España y Geert Wilders en los Países Bajos.
En el canal TF1, Le Pen presentó anoche su caso como “un día funesto para la democracia y nuestro país”, al considerar que millones de franceses serán privados de la candidata que es actualmente la favorita, en alusión a su ventaja en las encuestas.
Sin embargo, muchos denuncian un intento de victimizarse de parte de la heredera política de su recién fallecido padre y fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, un dirigente cuestionado por banalizar los crímenes nazis y promover ideas racistas, colonialistas y homofóbicas, de quien Marine tomó distancia de varias de sus posturas radicales.
Desde la izquierda, los socialistas exigieron en voz de su primer secretario, Olivier Faure, respeto para la ley, el Estado de derecho y la separación de poderes, criticando a quienes buscan otras lecturas.
“Una democracia reposa en el equilibrio entre el poder y los contrapoderes, un equilibrio que impide la arbitrariedad y el poder personal (…) Es precisamente esto lo que garantiza a los ciudadanos que ninguna persona esté por encima de la ley”, afirmó hoy en la mañana el diputado a la cadena RTL.
Por su parte, el parlamentario insumiso Érick Coquerel consideró que frente a un hecho de desvío de fondos públicos, los jueces simplemente aplicaron la ley.
Las primeras encuestas, como la realizada por Elabe para el canal BFM TV, reflejan que los franceses entienden la decisión de la justicia, sin embargo, está por ver si lo ocurrido hunde a Le Pen como figura política, lo cual ella descartó la víspera, o si aumenta su popularidad.
El camino de la apelación es largo, con la expectativa de su defensa de que sea dilucidado antes del 2027 y la Corte de Casación como siguiente recurso, si no prosperase el reclamo.
Fuente: prensa-latina.cu
