Foto de Wendy Wei: https://www.pexels.com/es-es/foto/mujeres-que-usan-sus-telefonos-3973973/
Especialistas, juristas, legisladores y líderes de la sociedad civil de Panamá, República Dominicana, Ecuador y Costa Rica hicieron este llamado durante un evento realizado esta semana en la capital costarricense de San José.
El planteamiento, que surgió durante el Encuentro en torno a la Regulación de las Redes Sociales, foro impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene especial relevancia debido a que América Latina y el Caribe ostenta el uso de plataformas digitales más elevado del planeta.
De acuerdo con estadísticas presentadas por el PNUD, los habitantes de la región pasan en promedio tres horas y media al día conectados a redes sociales, una cifra que sitúa a la zona a la cabeza del consumo global de este tipo de contenidos.
Ante este fenómeno, los expositores enfatizaron la importancia de abrir un debate amplio sobre la regulación de celulares y redes sociales en la infancia y adolescencia, señalando que este proceso debe incluir directamente a los menores, padres, profesores y a los gobiernos, adaptando las metodologías a las diversas realidades, habilidades y contextos.
A pesar del sustento científico que alerta sobre las secuelas del uso excesivo de pantallas —entre las que destacan afectaciones a la salud mental, al rendimiento académico, a la autoestima y al comportamiento de los jóvenes—, ninguno de los cuatro países latinoamericanos representados en el evento cuenta con una legislación específica vigente sobre la materia.
No obstante, en Panamá y Ecuador ya existen proyectos de ley enfocados en menores, mientras que Costa Rica busca regular las nuevas tecnologías para la población general.
Los expertos subrayaron además el impacto de esta problemática en la salud de las nuevas generaciones, señalando que el 45 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años a nivel mundial padece malestares mentales con relevancia clínica. Por ello, instaron a promover investigaciones y evidencia científica sólida en la región para respaldar las deliberaciones jurídicas e institucionales en el corto plazo.
Además, las organizaciones participantes insistieron en que el abordaje no debe limitarse al ámbito legislativo, sino contemplar estrategias de alfabetización digital y acompañamiento familiar.
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