Radio Victoria

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, aseguró que el ente investigador es “respetuoso de las decisiones judiciales” de cada juzgador u órgano; sin embargo, en casos en donde la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) no comparte las resoluciones de los jueces ha solicitado el retiro de inmunidad en su contra para abrirles una investigación penal.

Al frente las juezas Karen Chinchilla y Wendy Coloma. Atrás la fiscal general Consuelo Porras y el exfiscal Manuel Aldana. Arte: La Hora / Marielos Maza.
Al frente las juezas Karen Chinchilla y Wendy Coloma. Atrás la fiscal general Consuelo Porras y el exfiscal Manuel Aldana. Arte: La Hora / Marielos Maza.

Este es el caso de las juezas del Juzgado Duodécimo Penal A y B, Karen Chinchilla y Wendy Coloma, quienes fueron antejuiciadas por el MP luego de dictar resoluciones a favor de funcionarios y un exfuncionario, quienes en su momento declararon que la persecución del MP era política tras el intento de anular las elecciones generales 2023.

Las declaraciones de Porras fueron emitidas el pasado 22 de octubre, luego de presentarse a la comisión de Finanzas del Congreso de la República y ser abordada por La Hora sobre cuáles acciones tomaría el MP ante la decisión de que un juez penal le otorgara arresto domiciliario al periodista y fundador del extinto diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora.

PORRAS SE CONTRADICE

«En principio como Ministerio Público, siempre se los he reiterado, somos una institución respetuosa de las decisiones judiciales. Al igual que deberían de ser todos los sujetos procesales que intervienen en un proceso», enfatizó la fiscal general, sancionada por 42 países bajo señalamientos de ser un personaje antidemocrático y corrupto.

Porras destacó que «si a alguien no le parece una decisión judicial están los medios repulsivos que la misma ley establece. Cuando no les parece una resolución impugnen, porque serán las instancias superiores quienes resuelvan la situación».

Pese a que la fiscal general apunta a que las partes procesales utilicen las impugnaciones en ley para revertir un fallo judicial a través de una Sala, Corte Suprema de Justicia o Corte de Constitucionalidad, el mismo MP ha optado por denunciar al no estar de acuerdo con una resolución.

Dicho extremo le fue criticado y señalado al ente investigador meses atrás, puesto que el MP aparte de impugnar las resoluciones como bien señaló Porras, también ha solicitado el retiro de inmunidad de togados, como en el caso de las juezas Chinchilla y Coloma.

MP SOLICITÓ RETIRAR INMUNIDAD

La Fiscalía de Delitos Administrativos, entonces dirigida por Manuel Aldana Paiz, fue quien solicitó el retiro de inmunidad de ambas juezas para así iniciar una investigación penal en su contra. Aldana fue electo por el Congreso de la República como magistrado y ocupará por cinco años el cargo en la Sala Primera de Apelaciones.

La Fiscalía solicitó el retiro de antejuicio de la jueza Wendy Coloma en febrero pasado y la señaló de emitir resoluciones violatorias a la Constitución, tras dictar falta de mérito en favor del exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, quien se negó a usar las fuerzas del Estado contra la población que en octubre de 2023 exigieron la renuncia de Porras frente a las instalaciones del MP.

Un mes antes, durante la audiencia de primera declaración de Barrientos, la jueza Coloma argumentó que el MP no sustentó adecuadamente su acusación, señalando que solo presentó indicios y no pruebas suficientes para ligar a Barrientos a un proceso penal por lo que lo benefició con falta de mérito.

Sin embargo, el pasado 28 de junio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió por unanimidad rechazar in límine el pedido del MP contra Coloma. De esa cuenta, cerró en primera instancia iniciar una persecución penal en contra de la juzgadora.

El segundo caso similar también inició a manos de la Fiscalía de Delitos Administrativos, quien en marzo pasado solicitó el retiro de antejuicio contra la jueza Karen Chinchilla Menéndez por la posible comisión de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.

Esto ocurrió luego de que la juzgadora no enviara a prisión preventiva a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Elizabeth Palencia Orellana, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Ranulfo Rafael Rojas Cetina y Mynor Custodio Franco, tras ligarlos a proceso penal en un caso señalado de irregularidades en su diligenciamiento por parte del MP.

Cabe destacar que la CSJ aún no ha conocido el antejuicio planteado contra la jueza Chinchilla. Aún está pendiente que determine si el proceso de retiro de inmunidad continúa o no.

 

Fuente: lahora.gt

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