Decenas de organizaciones se juntaron para respaldar a líderes indígenas y oenegés que vienen siendo difamadas por ciertos medios por cuestionar a empresas que atentan contra la Amazonía.
164 personas, organizaciones indígenas y de la sociedad civil expresaron su respaldo a líderes indígenas, defensores ambientales y asociaciones que vienen siendo difamadas por investigar o cuestionar a empresas que atentan contra la Amazonía.
Dichas empresas deforestaron amplios bosques ilegalmente, violando derechos de pueblos indígenas, para instalar plantaciones agroindustriales, y continúan operando impunemente sin cumplir las leyes peruanas.
Mediante un pronunciamiento público las organizaciones que advierten que los ataques difamatorios provienen de los mismos medios de prensa televisiva y escrita que niegan los altos niveles de riesgo y amenaza que enfrentan los defensores ambientales.
“[Vienen] acusando a ONG y organizaciones indígenas de generar alertas falsas, pese a que en los últimos años más de 30 defensores ambientales fueron asesinados en Perú”, señalan en un pronunciamiento difundido el 18 de abril.
Asimismo, aclaran que los cuestionamientos contra las compañías que atentan contra la Amazonía están sostenidos en investigaciones y pronunciamientos realizados por más de una década por diversas organizaciones indígenas, civiles, estatales e internacionales.
Estas organizaciones “han descubierto, comprobado, denunciado y verificado múltiples violaciones a las leyes nacionales, a los derechos de pueblos indígenas y a las normas y convenios internacionales cometidas por ciertas empresas del sector agroindustrial en Perú”, señalan.
Esto incluye, agregan, a los negocios que hoy manejan las empresas conocidas como Tamshi SAC y OchoSur y que, en su inicio, estuvieron vinculadas a lo que se conoció como el Grupo Melka.
Entre los documentos oficiales del gobierno peruano más contundentes al respecto, están las diversas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República contra los funcionarios públicos que, sin respetar las normas, favorecieron a las empresas Tamshi SAC, OchoSur P y OchoSur U.
Todos estos informes de la Contraloría concluyen que los funcionarios involucrados cometieron irregularidades ya que ninguna de esas empresas cumplió con las normas.
Además, precisan que tampoco pueden “regularizar” ni legalizar sus actividades ya que las leyes peruanas no permiten tales acciones una vez que se ha deforestado sin contar previamente con una Certificación Ambiental.
Si bien la “Ley Antiforestal” abre una puerta de impunidad para la deforestación ilegal histórica, esta no resuelve el problema de que las compañías cuestionadas no cuenten con Certificación Ambiental, documento indispensable para operar legalmente en Perú, indican.
Considerando todos estos argumentos, las organizaciones invocan a los medios de prensa a cumplir con su función de investigar e informar respetando la verdad, los principios éticos y las leyes, y no cayendo en calumnias e injurias.
Entre los suscritos se encuentra la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), conformada por 8 organizaciones regionales y 109 federaciones indígenas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Perú).
Entre las personas se encuentran el antropólogo Alberto Chirif, el especialista ambiental Cesar Ipenza, Hugo Cabieses Cubas, el cronista Joseph Zárate, Julia Urrunaga, Magaly Ávila, Rodrigo Arce, Sandro Chávez entre muchas otras.
Fuente: servindi.org
