El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro durante una intervención en el Senado Federal de Brasil. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Un reportaje de Mongabay Latam observa que cinco de los nueve países amazónicos están hoy en manos de administraciones que priorizan la explotación de los recursos naturales por encima de la conservación ambiental.
Brasil podría sumarse a esa lista si es que Bolsonaro obtiene un triunfo electoral en el balotaje del 25 de octubre con lo que casi todo el bioma sudamericano quedaría bajo el control de gobiernos de derecha y ultraderecha, favorables a la minería y al agronegocio.
La segunda vuelta electoral para dirimir la presidencia de Brasil responde a que ninguno de los dos principales candidatos : Flavio Bolsonaro y Lula da Silva, superaron el 50 por ciento de los votos.
Las elecciones realizadas el domingo 4 de octubre reflejaron una reñida contienda electoral en la que Bolsonaro registra el 47 % de los votos, mientras que Lula obtenía 45.16 % al 99 por ciento del conteo de los votos según la Corte Superior Electoral.
Un triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil pondría el 95 % de la Amazonía bajo gobiernos de derecha
Por Lucas Berti*
Mongabay Latam, 5 de octubre, 2026.- En 2027, seis de los nueve países amazónicos podrían estar gobernados por administraciones de derecha y de extrema derecha. Según los expertos consultados para este reportaje, ese panorama traería nuevos riesgos para el bioma sudamericano. Más allá de las fronteras brasileñas, países vecinos como Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador ya eligieron presidentes que favorecen abiertamente al agronegocio y la minería por encima de las agendas ambientales y de conservación.
Brasil podría ser el próximo de la lista, dependiendo del resultado de sus elecciones presidenciales de este domingo 4 de octubre. Las consecuencias serían significativas, pues el país alberga más del 60 % de la Amazonía. Las encuestas muestran una carrera presidencial incierta, marcada por la disputa entre el actual presidente Lula y el senador Flávio Bolsonaro. Quien gane las elecciones en primera o segunda vuelta asumirá el cargo el 1° de enero próximo.
Flávio, hijo mayor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), compite en lugar de su padre, declarado inelegible y actualmente preso por un intento de golpe de Estado en el contexto de las elecciones de 2022. El gobierno de Jair Bolsonaro estuvo marcado por el desmantelamiento de la fiscalización ambiental y el aumento de los índices de deforestación.
Según los expertos, las elecciones brasileñas serán decisivas para la Amazonía y los demás biomas del país, sobre todo porque el hijo del exmandatario se muestra dispuesto a retomar las políticas antiambientales que caracterizaron al gobierno de Jair Bolsonaro.
Venezuela también forma parte de esta ecuación. Su gobierno lleva varios meses sometido a la intervención económica y política de Estados Unidos. La injerencia del presidente Donald Trump también presiona a Caracas para ampliar la agenda petrolera y firmar nuevos acuerdos en el sector minero, lo que genera nuevas preocupaciones ambientales.
En conjunto, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela abarcan aproximadamente el 95 % de la Amazonía.
“Incluso bajo un gobierno que muestra cierto grado de compromiso contra la deforestación, la tarea ya es muy difícil. Y cuando hay gobiernos que están en el lado opuesto, que creen que la motosierra es correcta y que las leyes de conservación son incorrectas, la situación se vuelve casi imposible”, afirma Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima de Brasil, una asociación de ONG que impulsan la agenda de acción climática.
El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro junto al ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Héctor Gustavo Villatoro, en São Paulo. Foto: AP/Andre Penner.
Entre 2025 y 2026, Bolivia, Perú y Colombia eligieron líderes que hicieron campaña contra la protección ambiental y a favor de la militarización, la minería y la expansión del agronegocio. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa, reelegido en 2025, también se apoya en posturas ultraconservadoras en materia de seguridad pública, al tiempo que volvió a abrir las puertas del país a la minería y debilitó las instituciones ambientales.
En ese contexto, los analistas señalan que el resultado de las elecciones brasileñas podría dar lugar a una “alianza conservadora” al frente de la Amazonía a partir del próximo año o podrían obligar a Lula da Silva a gobernar en un contexto de aislamiento diplomático durante un eventual cuarto mandato.
Los cambios políticos podrían, además, replantear la cooperación en las zonas fronterizas. Las conversaciones sobre una estrategia conjunta para proteger el bosque y a sus poblaciones corren el riesgo de perder terreno frente a una agenda de “tolerancia cero” contra el crimen organizado, cuyas consecuencias se sienten especialmente en esas regiones.
Si la conservación deja de ser una prioridad regional, también quedaría en entredicho el futuro de las entidades intergubernamentales dedicadas al desarrollo sostenible y a los derechos indígenas, como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Por otra parte, podrían cobrar impulso los proyectos de infraestructura transamazónica, muy cuestionados por sus posibles impactos ambientales.
“El desafío [para la Amazonía] seguirá siendo enorme”, dijo Astrini. “El margen de influencia de un gobierno brasileño que se preocupa por el ambiente ya es limitado. Se puede contar con acciones complementarias de los países [vecinos], siempre que estén dispuestos. Pero desde el momento en que llega un nuevo gobierno y niega el cambio climático, la capacidad de influencia de otro gobierno, sea cual sea, [en términos de conservación] es muy baja”.
Los datos del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (Maap) muestran que la deforestación en toda la Amazonía ha fluctuado durante los últimos años. En 2024, los incendios alcanzaron un impacto récord: dañaron alrededor de 2.8 millones de hectáreas en medio de las sequías extremas asociadas a El Niño. La deforestación total aumentó un 34 %.
En 2025 se produjo una recuperación parcial. La superficie afectada por el fuego disminuyó y la pérdida de bosque por deforestación cayó a su nivel más bajo en los últimos diez años. Hasta ahora, aproximadamente el 13 % del bioma ha sido deforestado, según Maap.
Una valla publicitaria a favor de Jair Bolsonaro destaca el respaldo del sector agroindustrial al expresidente en 2020. La fotografía fue tomada en la ciudad de Ariquemes, en el estado brasileño de Roraima, cerca de un territorio indígena. Foto: Bruno Kelly/Amazônia Real vía Flickr (CC BY 2.0).
Giro a la derecha
En 2023, cuando Lula subió la rampa del Palacio de Planalto, sede del gobierno en Brasilia, acompañado por representantes de la sociedad civil, el cacique indígena Raoni Metuktire lo acompañaba. El acto fue una respuesta directa a Jair Bolsonaro —quien se negó a entregar la banda presidencial— y al legado de crisis ambiental que dejó su gobierno saliente. Tras la reactivación de las políticas ambientales durante la administración de Lula, la deforestación en la Amazonía brasileña cayó a su nivel más bajo en diez años.
Bolivia tomó el rumbo contrario. La victoria del presidente Rodrigo Paz en 2025, bajo el lema “capitalismo para todos”, puso fin a casi 20 años de gobiernos de izquierda encabezados por el hasta entonces dominante Movimiento al Socialismo (MAS) y dio paso a cambios ambientales.
Los analistas señalan que los resultados concretos de los gobiernos del MAS en materia de deforestación, explotación petrolera y minería en la Amazonía son ambiguos y siguen en discusión. Aun así, desde el principio, el gobierno de Paz dejó claro que enfrentar estos problemas no estaría entre sus prioridades, a diferencia de lo ocurrido durante las dos décadas de dominio del MAS.
Paz centró su plan en asuntos económicos y fiscales, con iniciativas orientadas a la “reducción del Estado” y la “disminución de la burocracia”. En agosto de 2026 eliminó el Ministerio de Medio Ambiente de Bolivia. La institución quedó reducida a un viceministerio subordinado a la cartera de Desarrollo Productivo, Asuntos Rurales y Agua.
El presidente brasileño Lula da Silva sube la rampa del Palacio de Planalto, en la capital Brasilia, junto a representantes de la sociedad civil, el 1° de enero de 2023. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil.
Paz también aceleró por decreto una serie de medidas consideradas un retroceso para las normas ambientales. Además, flexibilizó los controles a diversos proyectos con el objetivo de atraer inversión extranjera directa y capital privado a los sectores energético y minero del país. Las primeras decisiones del Gobierno llevaron a grupos indígenas amazónicos a reclamar ante un posible “boom” de la minería.
Valentina Figuera Martínez, coordinadora de campañas de justicia de género y bosques de la alianza internacional Global Forest Coalition, expresó su preocupación por los cambios legales en Bolivia, sobre todo al analizarlos en el contexto regional.
“En Bolivia, la Ley de Minería establece la realización de la consulta previa, libre e informada, de los estudios ambientales y su aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, fabricaron atajos administrativos para permitir la operación de proyectos de minería sin aprobación legislativa y violando derechos territoriales”, dijo a Mongabay.
Martínez encuentra paralelismos entre los países amazónicos. Mencionó a Brasil, donde, según dijo, el Congreso debilitó la fiscalización y la legislación ambiental, y a Venezuela, que avanzó en acuerdos petroleros poco transparentes con Estados Unidos. En opinión de Martínez, las respuestas mundiales siguen dando prioridad a la explotación de combustibles fósiles por encima de una transición climática justa. “Es la mayor pulverización de derechos y soberanía de los últimos años”, afirmó.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa (a la izquierda), tras una reunión bilateral con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz Pereira, en La Paz. Foto: Isaac Castillo/Presidencia de la República del Ecuador vía Flickr (CC BY-SA 4.0).
En Ecuador, las políticas ambientales también cambiaron desde 2023 bajo la agenda conservadora de Noboa. El impulso de proyectos mineros y de combustibles fósiles en la Amazonía ha provocado la resistencia de grupos indígenas y de académicos. Al mismo tiempo, investigaciones de la organización Amazon Underworld señalan que la política militarista de Noboa contra el crimen alimenta la violencia vinculada a la extracción ilegal de oro y al narcotráfico.
El gobierno de Quito también generó debate al fusionar el Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas. Asimismo, aprobó nuevas leyes para fortalecer el sector minero —mediante la modificación de los requisitos para obtener licencias ambientales— y promovió planes de expansión petrolera y gasífera por un valor de más de 45 000 millones de dólares. Estas medidas suscitaron críticas por parte de grupos indígenas ecuatorianos.
“La ola de gobiernos de ultraderecha y de derecha en América Latina y el Caribe está contribuyendo a acelerar la extinción de la vida en el planeta a partir del negacionismo climático, de la violación de derechos y de la destrucción de las regulaciones ambientales”, dijo Martínez.
“¿Para qué existen las regulaciones ambientales? ¿Cuál es su finalidad? Se supone que fueron creadas para preservar un marco legal mínimo de protección y garantizar derechos, a pesar de las fallas de implementación, los vacíos jurídicos y la falta de recursos. Lo que existe se viola o se buscan mecanismos para retrasar la implementación o vulnerar los derechos ganados”, afirmó.
La militarización en los países andinos
En 2026, algunos meses antes de las elecciones brasileñas, dos plataformas ultraconservadoras se impusieron —por márgenes mínimos— en dos países amazónicos vecinos. En julio, Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), asumió la presidencia de Perú. Al mes siguiente, en Colombia, el abogado de extrema derecha y partidario de Trump, Abelardo de la Espriella, recibió por primera vez la banda presidencial.
En su discurso de investidura, Fujimori evitó referirse a los asuntos más delicados de la Amazonía peruana, como la deforestación y la violencia contra los defensores ambientales. Sin embargo, señaló la creciente crisis de la minería ilegal en Perú como un problema que debe combatirse con el poder militar. Entre sus consecuencias están los daños a la salud de los pueblos indígenas y la contaminación de los ríos por metales pesados, como reveló Mongabay Latam en una investigación publicada en septiembre.
Astrini teme que en Perú se repitan las medidas adoptadas en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro, entre ellas el despido masivo de especialistas en biodiversidad y de responsables de áreas protegidas, mientras se militarizan los procesos de toma de decisiones y los cargos directivos. Para el secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una mayor presencia militar en la Amazonía, por sí sola, “no garantiza que las cosas vayan a mejorar ni que haya seguridad”. Según Astrini, incluso podría facilitar actividades delictivas transfronterizas, como el comercio ilegal de madera.
Desde el primer día del nuevo gobierno, las políticas ambientales de Fujimori han generado preocupación entre ambientalistas y grupos indígenas. La presidenta peruana busca fomentar la inversión privada y agilizar las licencias ambientales para las concesiones de combustibles fósiles y de minería. También se opone a ratificar el Acuerdo de Escazú, tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales, así como la protección de los defensores ambientales.
Al igual que ocurre con la relación entre Flávio y Jair Bolsonaro en Brasil, los ambientalistas alertan sobre el legado ambiental del padre de Keiko Fujimori. El expresidente desmanteló las salvaguardas legales destinadas a proteger los territorios indígenas y dejó a las comunidades expuestas a negociaciones asimétricas con empresas extractivas. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, en la década de 1990, las mujeres indígenas también fueron sometidas sistemáticamente a esterilizaciones forzadas, una práctica que Amnistía Internacional calificó de “crímenes de lesa humanidad imprescriptibles”.
En 2021, cuando ya era candidata presidencial, Keiko Fujimori negó que durante la presidencia de su padre se hubieran cometido violaciones promovidas por el Estado peruano y calificó esos episodios como “programas de planificación familiar”.
En Colombia, De la Espriella recibe de su antecesor, Gustavo Petro, una Amazonía con tasas de deforestación más bajas, aunque persisten los desafíos derivados del avance de grupos ilegales. Sin embargo, al igual que muchos otros líderes de la región y en sentido contrario a Petro, De la Espriella apuesta por completo a la militarización como respuesta a la violencia.
El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, apuesta por una agenda militarizada para la Amazonía. Foto: Defensores de la Patria vía Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
Su programa de gobierno no menciona las palabras “Amazonía” ni “deforestación”. Además, atribuye la pérdida de bosque exclusivamente a las economías ilegales y propone una estrategia militarizada de control territorial para restablecer la autoridad del Estado.
Este enfoque podría reeditar campañas militares del pasado, como la “Operación Artemisa”. Durante el gobierno conservador de Iván Duque (2018-2022), la operación se dirigió contra agricultores y trabajadores rurales vulnerables, en lugar de perseguir a los poderosos financiadores de la deforestación. El plan finalmente fracasó.
Martínez, de Global Forest Coalition, también teme que Colombia sufra graves retrocesos sociales que, según advirtió, históricamente han afectado de manera desproporcionada a mujeres, pueblos indígenas y defensores ambientales y del territorio. Recordó que en 2024 Colombia volvió a ser señalada como el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra y el ambiente, con 48 asesinatos registrados, de un total de 146 en todo el mundo.
En septiembre de 2026, el informe más reciente de Global Witness mostró que el país volvió a encabezar la clasificación: de las 124 muertes de activistas ambientales documentadas en el mundo en 2025, 39 ocurrieron en territorio colombiano. “Si con el gobierno de Gustavo Petro Colombia encabezó la lista de asesinatos de activistas ambientales reportados, ¿qué podemos esperar del actual gobierno de ultraderecha?”, cuestionó Martínez.
Los expertos alertan sobre el riesgo de que la violencia “desborde” las fronteras y se extienda entre los países amazónicos. La preocupación es especialmente grave en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia, donde los grupos armados se afianzan mediante el narcotráfico y la extracción ilegal de oro.
La región de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. El letrero marca los límites entre la ciudad brasileña de Tabatinga y su vecina colombiana, Leticia. Foto: vía Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
De manera paralela, De la Espriella prometió ampliar la producción de combustibles fósiles y la minería, específicamente de cobre, oro y plata. También redujo recientemente en un 50% el presupuesto colombiano destinado a inversiones ambientales. En el programa de gobierno que propone cambios favorables a la agenda fósil, el nuevo presidente afirma que “Colombia no puede seguir tratando el sector minero-energético con prejuicios ideológicos”.
Medio original: Servindi – Servicios de Comunicación Intercultural
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