El Tribunal Regional Electoral del sureño estado de Paraná comenzará a juzgar hoy al exjuez, exministro y senador brasileño Sérgio Moro, acusado de abuso de poder económico y recaudación, y gastos electorales ilícitos.
Moro adquirió reputación nacional e internacional al comandar, entre marzo de 2014 y noviembre de 2018, el juicio en primera instancia de los delitos identificados en la desarticulada operación judicial Lava Jato.
Sin pruebas, el exmagistrado condenó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2017 a nueve años y seis meses de prisión por supuestos actos de corrupción.
Con sus maniobras impidió, además, con la colaboración de generales y jueces, la candidatura del exdirigente obrero cuando era favorito para imponerse en las elecciones presidenciales de 2018 que ganó el político ultraderechista Jair Bolsonaro.
Luego desistió al cargo de juez y ese mismo año fue nombrado ministro de Justicia y Seguridad Pública por Bolsonaro.
Más tarde dejó el puesto, después que el exgobernante removiera sin consultarlo al entonces director de la Policía Federal, Maurício Valeixo, un hombre de su confianza.
El juicio, que puede llevar a la invalidación del senador del partido Unión Brasil (centro-derecha), se realizará durante tres sesiones, con conclusión prevista para el 8 de abril.
Los procesos, que corren de forma unificada en la Justicia Electoral, fueron movidos por los partidos Liberal y la federación integrada por otras organizaciones políticas: de los Trabajadores, Verde y Comunista de Brasil. El Ministerio Público Electoral se manifestó favorablemente a la casación del mandato.
Tales hechos señalados por los partidos habrían ocurrido en el período anterior a las elecciones de 2022, pleito en el cual Moro se eligió senador con más de 1,9 millón de votos.
Las acciones judiciales en su contra analizan los gastos del parlamentario en dos frentes.
Primeramente, se postuló para el Senado Federal por Unión Brasil después de abandonar la disputa por la presidencia de la República por el partido Podemos.
Sobre la base de las notas que fueron presentadas por los partidos, los gastos de la campaña superaron el límite establecido por el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Juristas señalan que, independientemente del veredicto, el caso no debe ser cerrado antes de 2025, considerando que aún cabe recurso al TSE.
Sin embargo, si el congresista es condenado a la pérdida del mandato, elecciones suplementarias deben ser convocadas para llenar la vacante de Paraná en el Senado, pero el exjuez puede ser declarado inelegible por ocho años.
Fuente: prensa-latina.cu
