La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, decidió suspender el pago de salarios a los cuatro magistrados titulares que se encuentran ligados a proceso penal por la compra de un programa informático utilizado en las elecciones generales 2023 y que, según la comunidad internacional, se trata de un caso de persecución política. La disposición de Alfaro no tiene respaldo en una orden judicial.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, decidió suspender el pago de salarios a los cuatro magistrados titulares que se encuentran ligados a proceso penal por la compra de un programa informático utilizado en las elecciones generales 2023 y que, según la comunidad internacional, se trata de un caso de persecución política. La disposición de Alfaro no tiene respaldo en una orden judicial.
De los cinco magistrados titulares del TSE, Alfaro es la única togada que no se encuentra ligada a proceso y quien está al frente del órgano electoral. A su llegada han existido múltiples cambios, como destituciones de los distintos directores. También fue entregado el padrón electoral al Ministerio Público (MP) bajo excusas de acatar una orden judicial. Sin embargo, La Hora reveló que el requerimiento y autorización no permitían lo anterior y encima de todo, el MP ha pedido que se certifique lo conducente en contra de la presidenta del TSE.
SUSPENDE PAGO DE SALARIOS
La Hora conoció que Alfaro suspendió el pago de salarios de los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco desde abril pasado, luego de que la Sala Primera de Apelaciones resolviera modificar las medidas sustitutivas que esa judicatura reformó.
En primera instancia, la jueza Karen Chinchilla dictó medidas sustitutivas a favor de los magistrados. Los funcionarios quedaron con orden de arraigo, además les ordenó colocar su huella en el Ministerio Público (MP) y el pago de Q100 mil que debían hacer efectivo al día siguiente. El fallo les permitió continuar al frente de la magistratura.
La ley establece que un funcionario es cesado de su cargo cuando es enviado a prisión preventiva.
Sin embargo, el MP de María Consuelo Porras apeló la decisión de la jueza y un mes después la Sala Primera le dio la razón —bajo presiones de otros operadores de justicia, según fuentes que pidieron no ser citadas—. De esa cuenta, la caución económica aumentó a Q700 mil y resolvió un extremo que el ente investigador no pidió: les prohibió comunicarse con empleados y presentarse a sedes de la institución electoral. De esa cuenta, no pudieron ejercer más el cargo.
Los jueces electorales calificaron la resolución como «ultra petita», que en derecho significa que algo fue otorgado más allá de lo pedido. Alfaro se sumó al actuar de la Sala Primera de Apelaciones y, sin que alguna instancia le hubiera ordenado suspender el pago de salario a los cuatro magistrados titulares del TSE, decidió disponer de lo anterior.
El pago de salarios, combustible y prestaciones de los togados se encuentra suspendido desde abril pasado.
ALFARO
La Hora intentó obtener una respuesta de la presidenta del TSE el viernes pasado, pero personal del órgano electoral refirió a este medio de forma presencial que no se encontraba disponible para dar declaraciones. Asimismo, indicó que daría un espacio para entablar una entrevista con la magistrada, pero al cierre de la edición de esta nota no han fijado una fecha.
PACTO COLECTIVO
El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del TSE en su capítulo cuarto que el Tribunal concederá licencias con goce de salario a sus trabajadores en casos específicos. Entre estos, el del artículo 31 titulado «Asuntos de Carácter Judicial», que confirma que los magistrados deben continuar devengando un sueldo.
«El Tribunal concederá licencia a sus trabajadores por el tiempo necesario para atender citaciones comprobadas que le fueron formuladas por las autoridades de la República y 10 días hábiles en caso de detención simple o arresto, siempre que el trabajador obtenga su libertad simple o mediante pago de multa o medidas sustitutivas», refiere dicho artículo.
TAMBIÉN RETIRÓ SEGURIDAD
La Hora publicó «TSE en riesgo: Por disposición de Alfaro, magistrados quedaron sin esquema de seguridad» en donde se detalla que la presidenta también retiró el esquema de seguridad con el que contaban los togados desde 2020. Este consistía en tres agentes de seguridad.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación (Mingob), los tres magistrados fueron beneficiados con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la División de Protección de Personas y Seguridad. La magistrada Palencia tiene cuatro elementos policiales designados para su resguardo. Mientras que Aguilera cuenta con tres y Rojas tiene dos.
El proceso electoral 2023 estuvo minado por resoluciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, así como por allanamientos y diligencias del MP. Previo a la segunda vuelta electoral, cuando Arévalo se disputaría la presidencia contra Sandra Torres, Alfaro denunció ser víctima de amenazas al igual que Aguilera.
Este diario dio a conocer que la magistrada Palencia había solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger su vida y seguridad ante amenazas. Entre los hechos que describió figuraban tres seguimientos a su persona por sujetos desconocidos a bordo de motocicletas y un vehículo sin placas. Un mes después de la publicación las obtuvo.
Fuente: lahora.gt
