Criminalizar a los indígenas que se oponen a los proyectos extractivos es la forma en que el régimen de excepción de Bukele enfrenta la protesta social.
José Iván Arévalo Gómez, líder y defensor de los derechos de los pueblos indígenas y de los territorios de vida fue detenido arbitrariamente bajo el régimen de excepción decretado por Nayib Bukele.
Arévalo se dedica a la enseñanza de la lengua náhuat, la única lengua indígena que subsiste en El Salvador, sustentada por poco más de 200 hablantes.
Según la Unesco, el náhuat es un vehículo del patrimonio cultural inmaterial, y su pérdida implicaría la desaparición de un complejo y valioso sistema de conocimientos para entender el mundo.
Arévalo Gómez estuvo detenido desde las 2 horas de la madrugada del jueves 29 de agosto hasta el 3 de setiembre por supuestamente participar en organizaciones ilícitas.
Durante su detención las autoridades no informaron de su estado de salud, del lugar en que estuvo detenido, ni de su situación procesal y tampoco autorizaron visita de sus familiares.
El Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC) y la Red de Territorios de Vida (TICCA) de El Salvador se pronunciaron exigiendo un debido proceso y su inmediata liberación.
De igual modo, el Grupo de Trabajo CLACSO Pueblos Indígenas y Disputas Epistémico-Territoriales expresaron su extrema preocupación por la detención efectuada por el régimen de excepción.
José Iván Arévalo Gómez
Amado Ramos, miembro de la TICCA de El Salvador afirmó que José Iván Arévalo Gómez es una persona indígena inocente y que no ha cometido ningún delito.
Ramos sostuvo que “el régimen de excepción está afectando principalmente a los pueblos indígenas y a las comunidades más desprotegidas de este país”.
Explicó que Arévalo es acusado de pertenecer a agrupaciones ilícitas, pero “consideremos que es totalmente falso”, por lo que llamó a respetar sus derechos humanos.
En una conferencia de prensa realizada antes de su liberación Mirna Juárez de Arévalo, esposa del defensor detenido, dijo que la lucha de su pareja ha sido “para proteger a los pueblos indígenas”.
También se refirió a la difícil situación que viven en el país centroamericano debido a que “no están respetando los derechos, no están siendo justos, no sabemos la situación en la que él se pueda encontrar” dijo en esa ocasión.
Régimen de excepción permanente
Cabe destacar que dicho régimen de excepción es denunciado como violación a los derechos humanos por organizaciones indígenas y no indígenas a nivel nacional e internacional.
La detención de Arévalo es una las cientos de detenciones realizadas a miembros de organizaciones de pueblos indígenas y de organizaciones sociales bajo acusaciones de participar en organizaciones delictivas.
Instituciones a favor de los derechos humanos de El Salvador como Cristosal contabilizan 261 personas detenidas que han muerto bajo custodia del Estado de El Salvador en el marco del estado de excepción.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su informe “Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador”, del 28 de junio de 2024, documenta violaciones a los derechos humanos.
Entre ellas menciona “detenciones ilegales y arbitrarias, sistemáticas y generalizadas; el allanamiento ilegal de moradas; abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
La Corte IDH urge al Estado salvadoreño a restablecer los derechos y garantías suspendidos durante el estado de excepción.
En tanto, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó la trigésima ampliación del régimen de excepción.
Con los 57 votos de 60 la extensión fue aprobada por un mes más sin debate legislativo.
De esta manera sigue suspendido el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.
“Las medidas extraordinarias han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 81.900 terroristas”, indicó el Consejo de Ministros en la solicitud de ampliación aprobado.
El documento agrega que “es necesario prolongar dicho régimen de excepción, en lo referente a las medidas extraordinarias, vinculadas a la limitación de los derechos”, porque “en este momento son las que resultan ser las necesarias para continuar las actividades operativas de seguridad”.
Estas 30 extensiones se han dado a pesar de que el Gobierno de Nayib Bukele asegura que ha logrado “sanar” al país de las pandillas y que la Constitución señala que, una vez superada la situación que dio pie a la medida, se debe levantar.
El régimen de excepción se aprobó por primera vez en el Congreso tras el asesinato de más de 80 personas a manos de las pandillas a finales de marzo de 2022, lo que –según investigaciones del medio local El Faro- se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las denominadas maras.
De acuerdo con cifras oficiales, desde marzo de 2022 se han registrado más de 81.100 detenciones bajo el régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales y tiene una amplia popularidad.
Por su parte, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de personas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
Persecución a indígenas
El Grupo de Trabajo CLACSO sobre Pueblos Indígenas y Disputas Epistémico-Territoriales denuncia la continua persecución a miembros de organizaciones de los pueblos indígenas que defienden sus territorios y derechos.
Ellos actúan “frente a proyectos de desarrollo, proyectos hidroeléctricos que son amparados por el gobierno, ocultando estas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas bajo el disfraz de la lucha contra el crimen organizado” indica en un pronunciamiento.
También exigen al Estado salvadoreño el respeto del derecho internacional, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y su adecuada implementación para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en el país.
En resumen, criminalizar a los indígenas que se oponen a los proyectos extractivos es la forma en que el régimen de excepción de Bukele enfrenta la protesta social.
Fuente: servindi.org
