Nuevamente, el Ministerio Público (MP), a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, enfiló sus baterías en contra de la administración de Bernardo Arévalo, pese a que continúa sin accionar por las denuncias de corrupción en contra del gobierno de Alejandro Giammattei y su pareja sentimental Luis Miguel Martínez, a lo cual no ha dado respuesta.
Luego de los allanamientos en inmuebles vinculados al extitular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Félix Alvarado, el presidente Arévalo anunció que las fuerzas públicas no acatarán órdenes “ilegales” del ente investigador a la vez que citó a la Fiscal General.
De acuerdo a Arévalo, busca que Porras dé explicaciones sobre la instrumentalización de la justicia, la limitación de la libertad de expresión y la persecución a periodistas, así como por la falta de acciones ante las más de 170 denuncias presentadas por su Gobierno.
Tras las declaraciones del Presidente, el secretario general del MP, Ángel Pineda y el ente investigador se pronunciaron, aunque omitieron dar declaraciones a los señalamientos de Arévalo respecto a la falta de investigaciones en contra de Giammattei y Martínez.
PINEDA NO HABLA DE INVESTIGACIONES
El secretario general del ente investigador aseguró en su cuenta de X que el cumplimiento de la ley es fundamental para garantizar el Estado de Derecho, y en una República se sustenta en la separación e independencia de los poderes, así como la autonomía de sus órganos de control.
“En este sentido, de acuerdo con la legislación vigente, el Ministerio Público tiene la facultad de solicitar la colaboración de cualquier funcionario o autoridad, quienes están obligados a prestarla de manera inmediata y a cumplir con el requerimiento sin excepción alguna, en el plazo establecido”, sostuvo Pineda.
A su vez, señaló que todas las órdenes emitidas por un juez, dentro del Organismo Judicial (OJ), deben ser acatadas, las cuales recalcó que no son emitidas por el ente investigador.
Además, agregó que “el incumplimiento de estas disposiciones constituye los delitos de desobediencia, incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal que están penados por la ley”.
MP TAMPOCO EXPLICA FALTA DE INVESTIGACIÓN
De la misma forma, el MP emitió un extenso comunicado en el que “lamenta las declaraciones emitidas por el Presidente”, las cuales afirmó que constituyen un intento de vulnerar la autonomía e independencia que la Constitución y la legislación guatemalteca otorga al ente investigador y el OJ, pero no aborda en la falta de investigación contra Giammattei y Martínez.
“Es importante resaltar que las acciones de todo funcionario deben estar orientadas a reforzar el Estado el Estado Constitucional de Derecho, el respeto a la Constitución y la protección de la democracia, garantizando siempre un equilibrio entre los distintos poderes y funciones del Estado”, añadió.
A su vez, resaltó que ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del MP o subordinados sobre las investigaciones, a la vez que le aseguró al Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Policía Nacional Civil (PNC) que el ente investigador puede exigir la colaboración, por lo que deberán obrar bajo sus órdenes.
“En caso los funcionarios y agentes policiales que infrinjan las disposiciones legales o reglamentarios, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, serán sancionados conforme a la ley Orgánica de la PNC sin perjuicio de las responsabilidades penales en que hubieren incurrido”, subrayó.
Además, recordó la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) de mayo pasado en la que ordenó al Mingob y al Ministerio de Finanzas que deben de abstenerse de ejecutar actos que atenten contra el mandato de la Fiscal General, y eviten acciones que tiendan a coartar la autonomía funcional y económica del MP.
170 DENUNCIAS SIN INVESTIGAR
Durante la conferencia de prensa del pasado domingo, Arévalo aseguró que la retención de documentos al exministro de Comunicaciones, es una seguidilla de hechos gravísimos que demuestran la cooptación de la justicia, la cual hizo hincapié que está en crisis.
“Nuestra democracia es una amenaza para ellos y quieren destruirla, cueste lo que cueste. La justicia de Guatemala está en crisis por un MP cooptado”, sostuvo a la vez, que recordó las acciones contra la jefa del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández y contra José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico.
A su vez, anunció que las fuerzas públicas no ejecutarán acciones ilegales del MP “criminalizador y arbitrario”, y citará a Porras, para explique inmediatamente la generación de la crisis en el sistema de justicia en especial el rol de la Fiscalía para la instrumentalización de la justicia, limitación de la libertad de expresión y persecución a periodistas.
También, afirmó que pedirá explicaciones a Porras sobre la falta de acciones en la lucha contra la corrupción, ya que existen más de 170 denuncias presentadas por su Gobierno.
“Los demás poderes del Estado y órganos contralores deben estar conscientes de que en estos momentos críticos para la historia, es deber estar del lado del pueblo de Guatemala y recuperar nuestra justicia”, recalcó.
Fuente: lahora.gt
