Human Right Watch (HRW) presentó un informe en el que aseguró que la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, abusa de su cargo para perseguir penalmente a funcionarios del gobierno de Bernardo Arévalo sin evidencia creíble, pero ha cerrado casos contra el expresidente Alejandro Giammattei.
Según la organización, desde que Arévalo asumió la Presidencia, el ente investigador ha iniciado investigaciones penales contra el gobierno, sin presentar evidencia que sustente las acusaciones.
“La fiscal general Porras, quien lideró acciones para revertir ilegalmente las elecciones, está abusando de su cargo para perseguir penalmente a funcionarios de gobierno sin evidencia creíble”, aseguró la directora para las Américas de (HRW), Juanita Goebertus.
A su vez, resaltó que en lugar de investigar el crimen organizado y la corrupción generalizada en Guatemala, la Fiscal General se dedica a impulsar investigaciones selectivas para “socavar a un gobierno al que se opone”.
SIN AVANZAR EN ACTOS DE CORRUPCIÓN
Sin embargo, HRW destacó que el MP no ha avanzado con otras investigaciones sobre corrupción, ya que cerró las investigaciones sobre presuntos sobornos que habría recibido Giammattei de una empresa rusa con operaciones en Guatemala y de un ex funcionario señalado por corrupción.
También, resaltó que el ente investigador desestimó investigaciones sobre presunta corrupción dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) en un supuesto fraude en contrataciones del sector sanitario.
De acuerdo a HRW, la administración de Arévalo ha presentado 198 denuncias penales basadas en indicios de posible corrupción, sin embargo la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) detalló que el MP ha archivado 37 casos y solo seis han superado las fases preliminares de investigación.
“El Ministerio Público registra índices de impunidad alarmantes en delitos graves, con más del 94 por ciento de los casos de violencia contra la mujer, robo agravado, extorsión y homicidio sin resolver”, remarcó.
De esta cuenta, recalcó que la impunidad ha contribuid a los altos niveles de violencia, lo cual significa un deterioro de la confianza pública en las instituciones, así como un debilitamiento del Estado de derecho.
SIN RESPUESTA DE INVESTIGACIONES DE CORRUPCIÓN
HRW subrayó que entrevistaron a 11 funcionarios de gobierno, ex fiscales y legisladores, incluyendo Ligia Hernández, ex jefa del Instituto de la Víctima y ex diputada de Semilla, cuando se encontraba detenida en Matamoros, a la vez que revisaron documentos judiciales y declaraciones públicas de funcionarios del MP.
Además, enviaron una carta a la Fiscal General solicitando información sobre las investigaciones de corrupción realizadas por su oficina, pero hasta la publicación del informe no recibieron respuesta.
17 INVESTIGACIONES CONTRA GOBIERNO
Asimismo, HRW destacó que el MP ha iniciado 17 investigaciones contra funcionarios del gobierno de Arévalo, y ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al menos seis veces el retiro de la inmunidad de Arévalo para que puede ser investigado penalmente.
“Human Rights Watch concluyó que el ministerio público formuló múltiples investigaciones contra funcionarios gubernamentales por delitos, como “abuso de poder”, sobre la base de hechos que no parecen ser delictivos”, expone el escrito.
De acuerdo a HRW, en muchos de los casos, después de hacer acusaciones que parecen exageradas en contra del gobierno, las investigaciones se declararon bajo reserva, lo cual ha obstaculizado la capacidad del público y en general, así como de los acusados y abogados de comprender la naturaleza de las investigaciones.
También destacó que Porras ha orquestado una campaña para menoscabar la integridad del proceso electoral, a la vez que ha socavado investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, al trasladar o despedir fiscales.
“Su oficina también ha impulsado procesos penales arbitrarios contra jueces independientes, fiscales y periodistas”, detalló, sobre los casos contra el exjefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, la exfiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, y el fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora.
RESALTA SANCIONES CONTRA PORRAS
Asimismo, HRW destacó que en noviembre, el Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Fredy Orellana, ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de Semilla, como parte de un caso presentado por el MP previo a la toma de posesión de Arévalo, lo cual formó parte de una serie de acciones legales para menoscabar el proceso elector.
Por ello destacó que el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) calificaron como intentos de socavar la democracia.
“La Unión Europea y Estados Unidos han sancionado a Porras y algunos de sus principales aliados, incluyendo a Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público; Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI); y el juez Fredy Orellana, quien ordenó la cancelación del registro legal de Movimiento Semilla”, resaltó.
ESTO DICE MP
Al respecto, el Departamento de Información y Prensa del MP aseguró que se trata de un informe «totalmente errado y con un enorme desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco».
«Este tipo de pronunciamientos socavan la democracia y promueven la impunidad ya que apelan a que el Ministerio Público no investigue y no vele por los derechos de las víctimas que presentan denuncias», agregó.
Además, exhortó a «estas organizaciones financiadas por entes internacionales» a ser responsables con sus pronunciamientos.
Fuente: lahora.gt
