El Departamento del Tesoro de Estados Unidos respondió al exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, por la demanda que este presentó para ser desligado de las sanciones migratorias y financieras que le afectan a nivel internacional.
El pasado 30 de septiembre, se conoció que el exfuncionario presentó una demanda a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), a raíz de que fue sancionado por el gobierno de los Estados Unidos desde el 1 de diciembre del 2023, y como consecuencia se le incluyó en la lista negra financiera, con lo que no puede realizar transacciones bancarias y financieras en el extranjero con entidades de ese país.
En la nota «Con entrevista de La Hora, Miguel Martínez quiere desligarse de responsabilidad por vacunas Sputnik«, se dio a conocer que el exdirector del Centro de Gobierno pretende utilizar declaraciones que la exministra de Salud Pública, Amelia Flores, dio a este medio, para desligarse de la responsabilidad de la compra de las vacunas contra el Covid-2019, Sputnik V, y con ello ser liberado de las sanciones de EE.UU.
Esto debido a que el gobierno estadounidense lo señala de solicitar «grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala», en 2021.
La agencia especial anticorrupción de Guatemala investigó a Martínez por su papel en un controvertido negocio vinculado a la compra de 16 millones de dosis de vacunas rusas Sputnik V COVID-19 por parte del gobierno guatemalteco.
RESPUESTA DE OFAC
La OFAC le aclara a Martínez que él no fue sancionado de conformidad con la Ley Global Magnitsky y que, en cambio, fue designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818 —emitida durante gobierno de Donald Trump (2017-2021)—, llamada «Bloqueo de la propiedad de personas involucradas en abusos graves de derechos humanos o corrupción».
Asimismo, en su respuesta, la OFAC explica que las alegaciones que hace Martínez acerca de una declaración pública y un video, no requieren respuesta, por lo cual, remiten esas declaraciones públicas al Tribunal, para obtener la declaración más precisa de su contenido.
En su demanda, Martínez incluyó no solo las declaraciones de la exministra Flores, también de funcionarios del gobierno de Bernardo Arévalo. En el documento se presentan como pruebas las declaraciones de los titulares de la Procuraduría General de la Nación, Julio Saavedra, y de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica.
La OFAC niega las acusaciones contenidas en la demanda y afirma que Martínez no tiene derecho a ninguna reparación, como este lo solicitó.
¿QUÉ ES LA ORDEN EJECUTIVA 13818?
La Orden Ejecutiva 13818 «Bloqueo de la propiedad de personas involucradas en abusos graves de derechos humanos o corrupción» fue emitida el 20 de diciembre de 2017 por instrucciones Donald Trump (actual presidente electo) en su primer periodo de gobierno y fue declarada como emergencia nacional.
El argumento es debido a que el abuso de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que forman la base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales; tener impactos devastadores en las personas; debilitar la democracia; las instituciones degradan el Estado de derecho; perpetuar conflictos violentos; facilitar las actividades de personas peligrosas; y socavar los mercados económicos.
Bajo este concepto, Trump buscó imponer consecuencias tangibles y significativas a quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos o participan en corrupción.
Amparado en las leyes de su país, incluidas: Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la Ley de Emergencias Nacionales (NEA) y Ley Global Magnitsky, creó la Orden Ejecutiva 13818.
Con esta orden, todas las propiedades e intereses en propiedades que se encuentren en los Estados Unidos, de personas señaladas de diversos actos como corrupción, serán bloqueadas y no podrá transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse.
Por ello se faculta al Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, a tomar las acciones, incluida la adopción de reglas y regulaciones, para implementar la orden.
Al finalizar su mandato, su predecesor, Joe Biden dio continuidad a la Orden Ejecutiva 13818. El pasado 11 de diciembre, reafirmó la importancia de mantener vigente la normativa.
«He determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13818 con respecto a graves abusos a los derechos humanos y corrupción», puntualiza Biden en un comunicado.
Fuente: lahora.gt
![Que se den "condiciones en Uruguay para que las luchas sociales logren integrarse con las luchas latinoamericanas […] es la perspectiva histórica del Frente", dice Óscar Andrade Lallana, senador uruguayo del Frente Amplio. Llama a construir "una alternativa antisistémica", ya que "las lógicas depredadoras" del capitalismo conducen a un conflicto global. ¿Qué trae el regreso al poder del Frente Amplio? ¿Cómo superar la crisis productiva y las asimetrías regionales? Véalo en 'Entrevista', de RT.](https://radiovictoriagt.com/wp-content/uploads/2024/12/09-comprimido-7.jpg)
