Desde hace dos semanas, Colombia ha implementado el llamado “impuesto saludable”, gravando alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas como una estrategia para desincentivar su consumo y fomentar un estilo de vida saludable. Aunque el propósito es prevenir enfermedades como la malnutrición, enfermedades coronarias y metabólicas, la implementación de esta medida no ha estado exenta de controversias.
Voces en Contra: ¿Quiénes se Oponen?
Entre los principales críticos se encuentran aquellos que argumentan que este tributo afectaría principalmente a las familias en condiciones de pobreza, quienes adquieren con mayor frecuencia estos productos, así como a los tenderos que los ofrecen en sus establecimientos. Sin embargo, es crucial destacar que las grandes industrias de alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas, que a menudo están vinculadas a conglomerados políticos y comunicacionales, también se han opuesto activamente a esta medida.
El reciente obstáculo legal fue superado el 25 de octubre cuando la Corte Constitucional declaró que “la tarifa del impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas no transgrede los principios de igualdad, libertad económica y libre competencia”. Esto representa un hito importante que refuerza la validez y justificación de este impuesto.
¿Por Qué Este Impuesto?
El Gobierno colombiano sostiene que, con esta medida, el país se alinea con más de 50 naciones donde esta normativa ya está vigente. El propósito central es desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados. Además, el Ministerio de Salud afirma que estas políticas son parte de los compromisos adquiridos con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unicef.
La implementación de este impuesto se complementa con el etiquetado hexagonal de los productos procesados, advirtiendo sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas trans y saturadas, así como edulcorantes. Esta medida no solo busca prevenir enfermedades como la diabetes, hipertensión y obesidad, sino también descongestionar el sistema de salud, que a menudo trata a pacientes con enfermedades relacionadas con el consumo de estos productos.
La Batalla en el Congreso y el Obstáculo Empresarial
Previo a su aprobación, el impuesto saludable fue presentado cinco veces en el Legislativo. Sin embargo, cada intento enfrentó resistencia liderada por representantes en el Congreso con vínculos a empresas de alimentos procesados y bebidas. La superación de estos obstáculos refleja la determinación del Gobierno colombiano en la implementación de medidas que promuevan la salud pública.
Impacto en las Personas Vulnerables: ¿Un Verdadero Desafío Económico?
La organización “Villanos Ultra procesados”, que ha liderado la campaña en contra de estos alimentos, argumenta que estos gravámenes no afectan significativamente la economía de los hogares. Aseguran que, dado que las personas son sensibles a los precios, es más probable que reduzcan la ingesta de bebidas azucaradas.
El debate se traslada del impacto económico al efecto directo sobre la salud de consumir alimentos no saludables. Aquellos que defienden el impuesto sostienen que este enfoque es esencial para abordar las crecientes preocupaciones de salud pública, que generan costos médicos y tratamientos adicionales.
Más Allá del Debate, Una Mirada Hacia un Futuro Saludable
En resumen, el impuesto saludable en Colombia ha enfrentado desafíos significativos, desde oposición en el Congreso hasta críticas sobre su impacto económico. Sin embargo, la reciente validación constitucional refuerza la importancia de esta medida para la salud pública. El país se une a una creciente lista de naciones comprometidas con desincentivar el consumo de alimentos perjudiciales para la salud.
Fuente: RT
