
Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, en el Juzgado de Turno de la ciudad. Foto: La Hora / José Orozco.
La detención y procesamiento de dos exautoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán ha reavivado las denuncias de persecución política en Guatemala. La organización ancestral, una de las principales estructuras de resistencia comunitaria en el país, denunció este sábado que Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez y Héctor Samuel Chaclán Batz fueron criminalizados «por su labor en defensa del territorio y los derechos colectivos de los pueblos originarios».
A través de un comunicado, los 48 Cantones expresaron su “profunda preocupación y enérgico rechazo” por la decisión de la jueza Carol Patricia Flores, quien ligó a proceso penal a ambos líderes por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal por su participación en las protestas de 2023 en el marco de un intento de golpe de Estado denunciado internacionalmente.
El caso contra Pacheco y Chaclán ocurre en un contexto de alta tensión entre el Ministerio Público (MP), comandado por María Consuelo Porras, y los 48 Cantones. La organización fue uno de los actores más visibles de las protestas de 2023 que exigieron la renuncia de Porras, a quien acusan de intentar impedir que Bernardo Arévalo asumiera la Presidencia y de romper el orden constitucional.
![«La propuesta de esterilización es una forma de control de la población indígena» Fuentes: https://www.pikaramagazine.com/ [Imagen: Verónica Sajbin Velásquez visitó Pikara Magazine durante su estancia en Bilbao. / Foto: cedida]](https://radiovictoriagt.com/wp-content/uploads/2025/04/07-comprimido-5-300x189.jpg)
USO INDEBIDO DEL APARATO DE JUSTICIA
La organización sostiene que se trata de un uso indebido del aparato judicial para “amedrentar, silenciar y judicializar” a quienes han alzado la voz en defensa de la vida, la tierra y los recursos naturales.
«Estos actos de criminalización representan una grave amenaza para el tejido social, la democracia y el Estado de derecho en Guatemala», denunció la Junta Directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de Totonicapán, que advirtió que la persecución busca debilitar la organización comunitaria y la autonomía de los pueblos indígenas.

Comunicado de los 48 Cantones de Totonicapán.
Los 48 Cantones lideraron la resistencia pacífica en las afueras del ente investigador, el epicentro de las protestas a las que miles de ciudadanos se sumaron a favor de la democracia, mientras que Porras y su cúpula de fiscales fueron vetados y sancionados por más de 40 países del mundo por sus acciones antidemocráticas, que calificaron como un intento de golpe de Estado sus acciones.
En el comunicado, los 48 Cantones responsabilizaron a la administración de Porras y al Organismo Judicial (OJ) por la seguridad de las exautoridades detenidas y de quienes continúan su labor de defensa comunitaria. Además, demandaron a las instituciones del Estado guatemalteco que cesen las acciones de criminalización y respeten los marcos legales nacionales e internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas.
«El Pueblo no olvida y no permitirá que siga pisoteando la dignidad de Totonicapán», subrayaron. Arévalo también comparte ese criterio, días atrás en una rueda de prensa denunció que «Porras y su gavilla de criminales» son los responsables de minar la democracia y señaló que la detención de los líderes era un insulto al pueblo de Guatemala que defendió el voto de las Elecciones Generales de 2023.
Los 48 Cantones hicieron un llamado a organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y Naciones Unidas, para que se mantengan vigilantes ante “las arbitrariedades cometidas” y actúen ante la persecución política que sufren los pueblos originarios en Guatemala.

Una oficial de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala conversa con Luis Pacheco en carceletas. Foto: La Hora / Fabricio Alonzo.
Estos tres organismos internacionales ya se han pronunciado y visto con preocupación la detención de Pachecho y Chaclán por participar en las manifestaciones pacíficas de 2023 y emitir su derecho a la libertad de expresión, así como de acusarlos del delito de «terrorismo», un hecho parecido al que países como Nicaragua y Rusia ha implementado como medida de represión.
“¡Basta ya de la criminalización a los pueblos indígenas! ¡Luis Pacheco y Héctor Chaclán no están solos!”, concluye el pronunciamiento, en el que advierten que tomarán nuevas medidas en defensa de su dignidad, previa consulta a su Concejo de Alcaldes Comunales, la máxima autoridad del pueblo de Totonicapán.
Fuente: lahora.gt