Detalle de gráfico elaborado por Edd Muñóz. Fuente: Vorágine.
El mercado de los bonos de carbono ha alterado la vida de las comunidades indígenas del departamento de Amazonas, en Colombia. Ahora enfrentan amenazas de organizaciones criminales que les exigen parte del dinero que reciben por cuidar los bosques.
Así lo revela un interesante reportaje elaborado por Laila Abu Shihab Vergara* y difundido recientemente por el portal La Vorágine.
Ubicado en el extremo sur del país, Amazonas es uno de los 32 departamentos de Colombia, y carga una secuela de dolor y heridas que no tienen cuando acabar.
La violencia se recicla y abate a las poblaciones indígenas en una espiral que se repite con nuevos actores y nombres. Antes fueron los caucheros; luego los cazadores de la fauna como el tigrillo, la nutria y el tigre entre otros animales apreciados por sus pieles.
Luego llegó la bonanza de la madera y de la cocaína acompañada de la violencia del Frente Amazónico de las antiguas FARC y de grupos paramilitares.
Ahora, por cuidar la naturaleza como siempre lo han hecho las comunidades comprometidas en proyectos de bonos de carbono son víctimas de extorsión y amenazas por distintos grupos armados ilegales y organizaciones criminales.
El comercio de carbono
Los bonos de carbono son un mecanismo que supuestamente busca combatir la crisis climática reduciendo la emisión del carbono contenido en los bosques.
Grandes empresas transnacionales pagan por liberar su conciencia y expiar sus pecados ambientales para seguir haciendo lo mismo.
Inventado en 1997 el mecanismo de los bonos mide el carbono de los bosques que se evita liberar a la atmósfera y el mercado fija un precio por tonelada de carbono representado en bonos o créditos.
El problema es que hasta ahora quienes más se han beneficiado del comercio de carbono son los intermediarios que negocian estos bonos a nombre las comunidades, y estas reciben muy poco de lo obtenido.
Según el informe oficial más reciente sobre el tema del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), vinculado al Ministerio de Ambiente, en 2023 había registrados 51 proyectos en la Amazonía.
La mitad de esos proyectos cubren un área de 16,9 millones de hectáreas -algo así como el 35% de la superficie total de la Amazonía colombiana- en 46 resguardos indígenas. Cinco de ellos se ubican en el departamento del Amazonas
La cifra oficial presentada en 2023 no contempló al menos 9 proyectos que ya habían sido formulados pero de los que no había información pública en el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Renare).
Extorsiones ambientales
En una alerta temprana emitida en marzo de 2024 para “defensores de los DD.HH. y líderes sociales en asuntos ambientales en el bioma amazónico”, la Defensoría del Pueblo identificó una serie de peligros “en 50 municipios y 18 áreas no municipalizadas de Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada”.
En la lista se advierte que los miembros de las comunidades campesinas e indígenas que suscriben proyectos de bonos de carbono corren el riesgo de que grupos armados ilegales y organizaciones criminales los amenacen, estigmaticen y desplacen forzadamente, además de extorsionarlos para quedarse con parte del dinero por la venta de los bonos de carbono.
La VORÁGINE recoge testimonios de dirigentes indígenas amenazados por extorsionadores que les exigen el 20 o 30 por ciento del dinero que llega al territorio por cuidar el bosque.
Según la Defensoría, “la falta de regulación en el mercado voluntario de bonos de carbono y la ausencia de supervisión de los proyectos en la Amazonía colombiana crea un entorno propicio para la explotación por parte de actores armados ilegales y la perpetración de violaciones de derechos humanos”.
Las organizaciones criminales, agrega, “utilizan tácticas de extorsión y coerción, incluida la imposición de pagos forzados a coordinadores de proyectos y comunidades”, lo cual se ha convertido en una nueva fuente de financiación para esos grupos.
Dos de los grupos criminales más involucrados con las extorsiones y amenazas pertenecen al Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las antiguas Farc, conformada por guerrilleros que no se acogieron al Acuerdo de Paz firmado en 2016 con el Gobierno Nacional.
Se trata del Frente Primero Armando Ríos y del Frente Amazónico Jhonier Arenas.
La alerta temprana también asegura que los Comandos de la Frontera, otra disidencia de las Farc que rivaliza con el EMC y todos sus frentes y que antes era conocida como Sinaloa-La Mafia, se extiende cada vez más del Putumayo al Amazonas para controlar “diversas economías ilegales”, y podría entrar en la misma dinámica extorsiva.
Todo se complejiza, además, por la influencia cada vez mayor de actores trasnacionales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, dos grupos criminales de Brasil que también operan en Perú.
Ellos se disputan las rentas de la minería ilegal de oro, el narcotráfico y el comercio ilegal de maderables, algunos en peligro de desaparecer como el abarco, la caoba y el cedro, indica el reportaje de VORÁGINE.
Cabe destacar que el reportaje fue elaborado gracias a la colaboración entre Vorágine y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP), organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos.
Laila Abu Shihab Vergara es cofundadora y directora de proyectos de Vorágine. Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con una Maestría en Periodismo de la Universidad Torcuato di Tella y el diario La Nación de Buenos Aires (Argentina).
Acceda al reportaje completo de VORÁGINE desde el siguiente enlace:
Fuente: servindi.org
