Miembros del pueblo Munduruku. Fuente de la imagen: InfoAmazonia.
Más de la mitad de los créditos de carbono vendidos en la Amazonía brasileña —el 61%— proviene de proyectos ubicados en territorios que también están destinados o solicitados para actividades mineras.
La investigación escrita por Fábio Bispo identificó 40,1 millones de toneladas de CO₂ involucradas en esta situación, sobre un total de 65,8 millones de toneladas de créditos vendidos.
Esos créditos fueron comercializados por 31 proyectos REDD+ y adquiridos por más de 3.600 empresas y organizaciones, entre ellas Google, Uber, Spotify, AstraZeneca, Boeing y las propias compañías mineras Vale y Sigma.
El problema central es una contradicción: los créditos de carbono se venden bajo la promesa de conservar bosques y evitar emisiones, mientras que en esos mismos territorios existen autorizaciones, solicitudes o actividades mineras que pueden implicar deforestación y destrucción del bosque.
El estudio encontró 114 proyectos REDD+ en Brasil; 73 se superponen total o parcialmente, o limitan, con áreas destinadas a la minería. De ellos, 31 ya habían vendido créditos.
La minería que amenaza estos proyectos no es hipotética. Alrededor del 40% de los procesos mineros en conflicto están en fase de exploración, mientras que otros corresponden a solicitudes de instalación o concesiones de explotación.
El oro es el mineral más solicitado, seguido por la bauxita y la casiterita. Pará concentra el mayor número de conflictos, seguido por Amazonas y Rondônia.
Uno de los ejemplos más fuertes es el proyecto Maísa REDD+, en Pará. El proyecto había vendido 635.000 créditos de carbono a 317 compradores, entre ellos Uber, Google, Giorgio Armani, AstraZeneca y TIM.
Pero en 2022 la empresa propietaria, Maísa Agropecuária, abandonó el proyecto y rompió el compromiso de conservar el área durante 30 años.
Posteriormente se produjo una fuerte deforestación: más de 6.400 hectáreas fueron taladas desde 2022 y la Agencia Nacional de Minería autorizó cinco proyectos de explotación de tierras raras en el área.
El caso adquiere una dimensión social todavía más grave: en 2023 fueron rescatadas 16 personas sometidas a condiciones análogas a la esclavitud en una propiedad vinculada al proyecto, mientras realizaban labores de tala.
En 2024, Ibama multó a Maísa Agropecuária con 3,6 millones de reales por deforestación ilegal.
Es decir, empresas compraron créditos para compensar emisiones que supuestamente habían sido evitadas mediante la conservación de un bosque que posteriormente terminó siendo deforestado.
El proyecto FSM-REDD+, en Mato Grosso, es todavía más significativo por su magnitud. Había emitido unos 8 millones de créditos, vendidos a más de 300 compradores, y prometía conservar 17.700 hectáreas hasta 2039.
Sin embargo, dentro del proyecto existen siete autorizaciones para exploración de oro y cobre. Incluso una autorización posterior permitió extracción de oro en un área que se superpone con unas 1.300 hectáreas del proyecto de carbono.
A pesar de ello, el proyecto continuaba activo en el registro de Verra al momento de la investigación. Entre sus compradores aparecen Boeing y Vale.
El reportaje introduce una segunda dimensión particularmente importante: los conflictos con pueblos indígenas y comunidades locales.
En territorios indígenas como Kayapó y Munduruku se encontraron proyectos de carbono superpuestos con zonas de minería ilegal.
En el caso Munduruku, además, habitantes denunciaron que los proyectos de carbono dividieron a la comunidad y que no todas las aldeas fueron consultadas, pese a la existencia de un protocolo propio de consulta.
La investigación también recoge críticas de especialistas que advierten que la llamada “financiarización” de la Amazonía puede terminar restringiendo el uso tradicional de los territorios.
Esto significa que comunidades indígenas pasan a tener que cumplir las condiciones de un proyecto de carbono, mientras las empresas comercializadoras reciben una parte importante de los beneficios.
La investigación plantea una pregunta incómoda: ¿Cómo puede un mismo territorio ser vendido simultáneamente como activo de conservación climática y como activo para la explotación minera?
El reportaje sostiene que existe una falla estructural del mercado voluntario de carbono: los créditos REDD+ asignan un valor financiero a la conservación de un bosque, pero ese mismo territorio puede continuar sujeto a derechos mineros que permiten su explotación.
La investigadora Marcela Vecchione, de la Universidad Federal de Pará, resume el conflicto señalando que se están utilizando los mismos territorios como activos financieros para atraer inversiones tanto de la minería como del mercado de carbono.
Además, especialistas críticos cuestionan que las compensaciones permitan a grandes emisores —incluidas empresas mineras y petroleras— evitar reducir directamente sus emisiones, comprando créditos en lugar de modificar sus sistemas productivos.
El reportaje señala que no existe en Brasil una prohibición específica que impida que un proyecto de carbono y una concesión minera ocupen el mismo territorio.
La Agencia Nacional de Minería sostiene que los recursos minerales pertenecen al Estado y que la actividad minera requiere su correspondiente licenciamiento ambiental.
Pero precisamente ahí aparece la contradicción: el mercado de carbono puede vender hoy la promesa de conservación de un bosque cuya explotación minera podría ser autorizada mañana.
Esto pone en cuestión dos principios fundamentales de los créditos REDD+: la adicionalidad —que la reducción de emisiones ocurra gracias al proyecto— y la permanencia de la conservación.
El reportaje permite pasar de la crítica general al mercado de carbono a casos concretos, empresas, compradores, proyectos, concesiones y cifras.
La base de datos utilizada por InfoAmazonia/CLIP además abarca Brasil, Perú y Colombia, por lo que sería muy interesante revisar si el mismo patrón aparece en la Amazonía peruana y colombiana.
Un análisis muestra se han vendido al menos 40 millones de toneladas de carbono para compensar las emisiones de grandes marcas como Ifood, Uber o Google, pero ese sello verde esconde fallas estructurales: los proyectos que generan estos créditos traslapan con áreas de concesión para minería, comprometiendo la compensación climática prometida (seguir leyendo…).
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