Fuentes: Sin permiso
Desde el inicio de la gran ofensiva neoliberal hace más de cuatro décadas, la izquierda anticapitalista carece de experiencias concluyentes, ya sea para poner freno a los retrocesos sociales y medioambientales o, con mayor razón, para iniciar una ruptura con el capitalismo. En este texto, el economista Cédric Durand expone y somete a debate una serie de principios que podrían orientar una política anticapitalista, tomando en serio la hostilidad del capital, la necesidad de consolidar una base social popular y el objetivo de una sociedad ecosocialista.
Introducción
¿Cómo concebir una política económica anticapitalista en un régimen capitalista? Esta cuestión, esencial para cualquier fuerza auténticamente de izquierdas que llegue al poder, se ha planteado en múltiples contextos desde hace más de un siglo: en países del centro y de la periferia, tras una victoria electoral, una guerra civil, una guerra de liberación nacional o una insurrección.
Desde la Revolución Rusa de octubre de 1917 hasta la socialdemocracia sueca, pasando por la creación de la República Popular China en 1949, el gobierno de la Unión Popular en Chile en 1971 o la victoria de la Unión de la Izquierda en Francia en 1981, abundan las situaciones en las que se ha planteado el problema de una transición más allá del capitalismo y en las que los responsables políticos han llevado a cabo, con resultados dispares, transformaciones efectivas de la economía.
El objetivo de este texto no es repasar esta profusión de experiencias, sino, más modestamente, dar un paso al margen de la coyuntura inmediata para plantear, desde una perspectiva realista, algunos principios generales que puedan orientar una política ecosocialista a nivel gubernamental con el fin de, en una segunda fase, demostrar que pueden aportar luz a la reflexión estratégica en el contexto de un país con altos ingresos que, sin embargo, no es una gran potencia, como la Francia de la década de 2020.
Los parámetros básicos
Cualquier política anticapitalista digna de ese nombre debe tener en cuenta tres parámetros básicos: la brújula que da sentido al cambio estructural, la necesidad de consolidar la base social que sustenta dicha política y la hostilidad del capital.
La brújula confiere su sustancia político-moral a la acción emprendida. En las condiciones actuales, se trata de una política ecosocialista cuyos tres pilares son la gestión de la economía en función de las necesidades, la estabilización del metabolismo social frente a la naturaleza y un internacionalismo en las relaciones económicas internacionales que favorezca el intercambio de conocimientos, la cooperación tecnológica y el reequilibrio económico y material de los flujos comerciales. La piedra angular de esta orientación es la planificación, es decir, la combinación de un aparato administrativo capaz de elaborar escenarios, un dispositivo político que permita alimentarlos y tomar decisiones democráticas con visión a medio y largo plazo y, por último, la socialización de la inversión, es decir, la capacidad efectiva para orientar cualitativamente el desarrollo económico[1]. En definitiva, se trata de una democratización de la macroeconomía en la era del capitaloceno.
El segundo parámetro es la consolidación de una base social. La cuestión no es solo —aunque decisiva— el trabajo ideológico y organizativo que permita preparar los logros y cumplir los compromisos. Conseguir la mayoría implica convencer de que la transformación emprendida no provocará un choque, ni siquiera transitorio, para las poblaciones vulnerables desde el punto de vista económico, sino también, en un sentido más amplio, para las clases medias apegadas a lo que tienen. La hostilidad de un amplio sector de las clases populares hacia cualquier forma de desorden monetario o social refleja la ausencia de una red mínima de seguridad económica privada o de una capacidad de movilización colectiva efectiva para hacerle frente, la de las clases medias, la aspiración a disfrutar de lo que han conseguido. Si la izquierda suele ignorar este poderoso motor del conservadurismo popular[2], la derecha lo aprovecha sin reparos. Cuando Édouard Philippe anuncia «dentro de dos años, el FMI» si LFI llega al poder[3], aviva las brasas de una inquietud que hay que apagar.
El tercer parámetro constituye el trasfondo de esta inquietud. Se trata de la hostilidad del capital y la fuerza de los vientos económicos adversos. Ante la presión de los mercados financieros, la competencia internacional, a las dependencias tecnológicas y de materias primas, y a la desconfianza de los actores privados que controlan la inversión, ¿de qué manera puede el poder público llevar a cabo una política que no sea ni una renuncia a la transformación de las estructuras económicas —al estilo del giro de 1983 en Francia— ni una derrota rotunda, al estilo de la farsa infligida por la Troika (FMI, BCE, Eurogrupo) al Gobierno griego liderado por Alexis Tsipras en 2015?
Estos parámetros básicos impiden cualquier actitud despreocupada. Una política ecosocialista no es un picnic junto al lago, e ignorar estas dificultades garantiza el desastre. Pero ceder al desánimo sería igualmente erróneo. La fragilidad del bloque burgués[4], la erosión de la hegemonía de las finanzas[5], la radicalización hacia la derecha de diferentes fracciones del capital[6], el debilitamiento del atlantismo[7] o incluso la aceleración de los desequilibrios ecológicos [8] abren un espacio estratégico para convertir la construcción del ecosocialismo en una cuestión práctica de nuestra época.
La derrota de Syriza: el principio de Tsipras
La experiencia del Gobierno de Syriza resulta interesante en la medida en que no se trata, propiamente dicho, de una traición, sino más bien de una derrota. Syriza, una coalición de la izquierda radical, llegó al poder a principios de 2015, impulsada por una ola de movilizaciones sociales y la determinación popular de contrarrestar las drásticas medidas de austeridad impuestas en el marco de las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda del país.
Sin embargo, pronto quedó claro que Syriza no disponía de los medios necesarios para llevar a cabo su política. El problema fundamental no era que las exigencias en materia de alivio de la carga de la deuda y reactivación económica, acompañadas de una política monetaria adecuada a nivel europeo, fueran técnicamente inviables o económicamente descabelladas, sino que la consecución de esas opciones —necesarias para poner en práctica la orientación defendida no dependía del Gobierno griego, sino de su capacidad para hacer cambiar de opinión a unos socios europeos decididamente hostiles. En otras palabras, Syriza confundió sus deseos —convencer a las instancias europeas de que cambiaran de rumbo— con la realidad, sin disponer de un plan de contingencia adecuado a las capacidades de acción efectivas del Gobierno griego[9]. En resumen, una falta de realismo.
Este episodio fue, por supuesto, dramático para el pueblo griego, que sigue pagando el precio, sumido en una « economía de bar» basada en los servicios, principalmente en el sector turístico, en la que la creación de empleo se sustenta en los bajos salarios y carece de perspectivas de mejora debido a la falta de una base manufacturera o de servicios avanzados que permitan esperar aumentos de productividad[10]. Pero esta tragedia también concierne a la izquierda en general, ya que nos da una lección sencilla: enfrentarse al capital exige una conciencia aguda de las relaciones de fuerza y una agilidad táctica capaz de convertir el arma económica en una palanca política.
Proponemos extraer de ello un primer principio elemental, que denominaremos el principio de Tspiras:
Basar una estrategia únicamente en la capacidad de convencer a los adversarios de que cambien de rumbo es un camino peligroso.
De la guerra económica como palanca política: el principio de Xue Muqiao
En su libro dedicado a las reformas chinas, How China Escaped Shock Therapy[11], Isabella Weber dedica un análisis fascinante a la política del Partido Comunista Chino (PCCh) durante el periodo de la guerra de liberación contra la ocupación japonesa y de la guerra civil contra los nacionalistas del Kuomintang. La victoria de los comunistas no se decidió únicamente en el plano militar. Gracias a su agilidad táctica a la hora de aprovechar los mecanismos del mercado, derrotaron a las fuerzas nacionalistas en el plano económico, demostrando con ello que el terreno de la estabilidad económica no tiene por qué ser coto exclusivo de la derecha.
A mediados de la década de 1940, los nacionalistas del Kuomintang no lograron estabilizar la economía: bajo el impacto de la ocupación japonesa y la movilización militar, el mercado interno se desmoronó, la producción agrícola se desplomó y los capitalistas industriales dejaron de lado la inversión productiva para dedicarse a la especulación con los productos básicos.
Mientras los precios se disparaban, el Gobierno recurrió a la impresión de billetes para sufragar sus gastos, lo que generó una espiral de hiperinflación.
Con la ayuda de sus asesores estadounidenses, los nacionalistas intentaron en varias ocasiones, a partir de 1942, imponer una congelación general de los precios como la que se había aplicado con éxito al otro lado del Pacífico. Pero mientras que en Estados Unidos la economía estaba muy concentrada y la administración era sólida, China era entonces una economía principalmente rural cuya industria declinaba rápidamente y en la que las capacidades del Estado se veían muy mermadas. Los intentos de congelar los precios fracasaron en 1942, 1943 y, de nuevo, en 1947 y 1948, con consecuencias políticas que pronto resultaron fatales.
A medida que se agravaba la desintegración de la economía, los bienes de consumo más esenciales dejaban de encontrarse en las ciudades, mientras que los productos industriales ya no encontraban salida en el campo. La disminución del poder adquisitivo de los funcionarios y las dificultades de abastecimiento del ejército favorecían una corrupción cada vez más endémica.
Este deterioro acabó minando todo el crédito político del Gobierno de Chiang Kai-shek, cuyo apoyo se redujo pronto únicamente a los capitalistas comerciales y financieros, así como a los terratenientes que se beneficiaban de la inflación. Como señala Solomon Adler, representante del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en China durante ese periodo, «a finales de 1948, el antiguo régimen se encontraba en bancarrota moral, política y económica. Según la expresión tradicional china, había perdido el Mandato del Cielo».[12].
Al principio, los comunistas también fracasaron a la hora de estabilizar la economía mediante medidas de control de precios y medidas prohibitivas, como la prohibición de los billetes emitidos por los nacionalistas. Pero cuando unificaron su actuación en los ámbitos monetario, comercial y productivo en el marco de una campaña de «guerra económica», obtuvieron resultados tangibles. Esta política fue aplicada con éxito por Xue Muqiao, responsable de la acción económica del PCCh en la región de Shandong entre 1943 y 1948.
Proporcionar a las masas los alimentos y la ropa de los que carecían tan gravemente, implicaba restablecer las relaciones comerciales y reactivar la producción. Lo más destacable de esta estrategia es que no se trataba de recurrir a la coacción, sino de volver a poner en circulación productos esenciales estabilizando los precios con el fin de «crear un “mercado socialista organizado” capaz de reintegrarse en la economía nacional y vencer en su propio terreno a un mercado capitalista caótico»[13].
Para ello, el PCCh asumió progresivamente la organización de las redes comerciales comprando la producción de los campesinos y abasteciéndolos de productos manufacturados. Las agencias comerciales estatales fueron el ejército de los comunistas en esta guerra económica. Constituyeron reservas a partir de los impuestos en especie, de la producción de las empresas públicas, y de las compras a empresas privadas y a los campesinos, al tiempo que restablecían las «líneas de vida» de los flujos comerciales a medida que el PCCh recuperaba las vías de comunicación y los medios de transporte. Estas reservas resultaron decisivas para reactivar la producción gracias a la regularización de los intercambios, al restablecimiento de la confianza en la moneda y a la derrota de los especuladores.
Isabelle Weber nos ofrece un relato conmovedor al respecto:
Las agencias comerciales estatales utilizaban estas compras masivas para arruinar a los capitalistas. Empezaban especulando con una materia prima comprándola al por mayor, lo que aceleraba la subida de los precios. Cuando el precio de la materia prima en cuestión alcanzaba máximos históricos, las agencias comerciales estatales inundaban de repente el mercado vendiendo sus existencias, lo que provocaba una caída drástica del precio e incitaba a los especuladores a vender, lo que hacía que los precios cayeran aún más. Al vender a precios muy inferiores a los que habían pagado, muchos especuladores se vieron incapaces de saldar sus deudas, quebraron o, sencillamente, se dieron cuenta de que ya no podían esperar ganancias garantizadas gracias a las subidas de precios. Las agencias comerciales estatales, por su parte, fueron tomando progresivamente el control de los mercados y de los precios de las materias primas más importantes.[14]
Este ejemplo es muy instructivo. En primer lugar, construir una opción pública alternativa a la del capital es una palanca política: «En lugar de “quitarle al pueblo” mediante impuestos o de “quitarse a uno mismo” imponiendo austeridad, la mejor estrategia era “quitarle al enemigo”, [es decir, debilitar] “al enemigo por medios económicos”[15] sustituyendo a los capitalistas mercantiles por organismos estatales. Al demostrar sus superiores capacidades de organización económica, el PCCh logró romper los vínculos del campesinado con la burguesía. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que intentar suprimir el mercado puede resultar a veces excesivamente costoso y que, en tales circunstancias, «la dirección política debe utilizar y manipular las fuerzas del mercado para alcanzar sus objetivos económicos, en lugar de arriesgarse a sufrir grandes pérdidas al actuar en contra de dichas fuerzas»[16].
Proponemos extraer de este episodio un segundo principio, que denominaremos el principio de Xue Muqiao:
Organizar una opción pública puede, en ocasiones, permitir manipular las fuerzas del mercado para alcanzar los objetivos, en lugar de sufrir grandes pérdidas al enfrentarse directamente a ellas mediante medidas administrativas
La idea de que manipular los precios de mercado puede permitir alcanzar objetivos económicos no tiene nada de original, ya se trate de soluciones liberales como el impuesto de Pigou para internalizar las externalidades negativas —a semejanza de las soluciones como el impuesto sobre el carbono en materia climática[17]— o bien de la importancia de «distorsionar los precios relativos» en el contexto de las políticas desarrollistas en Corea del Sur [18].
De otra manera, tras la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia sueca pretendía sesgar los mecanismos de mercado a través de las negociaciones salariales para alcanzar sus objetivos de reestructuración industrial, en lugar de intentar controlar la inversión mediante la planificación. La lógica es la siguiente: «por un lado, unos aumentos salariales superiores a la media para los salarios más bajos reducirían los márgenes de beneficio de las empresas y los sectores menos eficientes, obligándoles a racionalizar su producción o a cesar su actividad; por otro lado, la moderación salarial de los mejor remunerados fomentaría el aumento de la capacidad productiva en las empresas y los sectores más eficientes» [19]. La contrapartida fue el abandono progresivo, pero definitivo, de cualquier elemento anticapitalista.
Lo que distingue el caso de Xue Muqiao es la combinación de intervenciones destinadas a la manipulación del mercado con el desarrollo de operadores estatales. En este caso, el auge de una opción pública en el contexto del mercado capitalista puede considerarse una premisa para la acumulación de fuerzas productivas indispensables para cualquier proyecto de planificación socialista.
La historicidad del sujeto económico planificador: el principio de Charles Bettelheim
Charles Bettelheim es una figura destacada en los debates sobre la planificación económica tras la Segunda Guerra Mundial, tanto como teórico como asesor de varios gobiernos de países socialistas y de países recién independizados[20].
Desde un marco marxista, considera que la fragmentación del mercado es una fuente de ignorancia que obstaculiza el cálculo económico social. Esta fragmentación es consecuencia de «una falta de conocimiento […] inherente al funcionamiento de cualquier mercado, ya que este establece una relación meramente externa entre las distintas unidades de producción. De hecho, las relaciones mercantiles solo ponen en relación a las unidades de producción a través de sus productos, y no a través de su trabajo. Este trabajo se lleva a cabo en el seno de cada una de ellas y, por lo tanto, no se contrapone directamente entre sí».[21].
En otras palabras, la separación del intercambio mercantil hace que la producción de lo que se compra o el uso de lo que se vende sean desconocidos más allá de esa frontera; de este modo, crea interdependencias basadas en la ignorancia, incluyendo, por supuesto, aspectos cuyo interés trasciende a los productores directamente implicados, como las condiciones de trabajo, el impacto ecológico y los efectos sociales y territoriales de dichas actividades. Este es uno de los aspectos clásicos de la crítica a la coordinación mercantil y uno de los obstáculos prácticos fundamentales para la gestión cualitativa del desarrollo económico.
Donde Bettelheim resulta más original dentro del marxismo es en su aguda conciencia de los límites históricos de la planificación. Gracias a sus estudios en diferentes países socialistas o en lo que entonces se denominaba Tercer Mundo, sabía de primera mano que el mero hecho de nacionalizar las empresas no garantizaba, por sí solo, la aparición de un sujeto económico eficaz.
En Cuba, por ejemplo, en la década de 1960[22], lamentaba «el irrealismo de los planes», fuente de complicaciones, dificultades y despilfarros, y se oponía al Che Guevara en la cuestión de los incentivos materiales para los trabajadores o incluso de la autonomía financiera de las empresas. Su idea fundamental, que fue también la de Lenin en la época de la NEP o la de los reformistas chinos a principios de la década de 1980, es, sencillamente, que las capacidades de planificación dependen del nivel de desarrollo de una economía. Y que estas se evalúan en relación con las condiciones del mercado mundial.
Dicho de otro modo, el socialismo no se decreta, «no es la “forma jurídica” de la propiedad la que determina el modo de producción, sino las relaciones sociales concretas»[23] y su transformación lleva tiempo. Así, según él, la cuestión práctica de la articulación entre el plan y el mercado en la política de un gobierno socialista depende, en particular, de dos cosas: por un lado, «las posibilidades de transmisión de la información, de su almacenamiento y de su tratamiento con vistas a la toma de decisiones»[24] y, por otro lado, de «la cuestión de los cuadros disponibles »[25].
Proponemos extraer de estos elementos un tercer principio relativo a los límites históricamente cambiantes de la capacidad efectiva para sustituir la lógica de mercado por la planificación, tanto en lo que se refiere al alcance del plan (qué sectores se ven afectados) como a su profundidad (hasta qué nivel de detalle). Este tercer principio, que denominaremos principio de Bettelheim, puede formularse así:
La capacidad de ofrecer una solución planificada alternativa al mercado está limitada por las capacidades informativas y político-administrativas del sujeto que pretende ponerla en práctica.
Lecciones para la Francia de la década de 2020
La situación de Francia en la década de 2020 es la de un país en rápido declive. En el ámbito industrial, el de la educación o incluso el de la innovación, el retraso es evidente[26], lo que pone de manifiesto el fracaso de la política de oferta que, además, ha agravado los déficits públicos. Esta situación crea una oportunidad para el cambio y, al mismo tiempo, plantea retos específicos que los principios presentados nos permiten aclarar. Repasémoslos uno por uno.
No confiar ni en la indulgencia de los mercados ni en la del BCE
El principio de Tsipras:
Basar una estrategia únicamente en la capacidad de convencer a los adversarios para que cambien de rumbo es un camino peligroso.
Este principio, en lo que respecta a Francia en su relación con Europa, se explica de forma sencilla. En primer lugar, hay una diferencia fundamental: hoy en día no existe una crisis de deuda pública ni ataques de austeridad brutales procedentes de Bruselas, como ocurría en el momento de la crisis de la zona del euro. En segundo lugar, aunque surgieran tensiones, el coste de permitir que un ataque especulativo pasajero sobre la deuda de un país europeo degenerara en una crisis sistémica sería prohibitivo; debido a los efectos de contagio a otros países y, más aún, a los efectos desestabilizadores en los mercados financieros, el BCE se vería obligado a intervenir rápidamente. Por lo tanto, no es descabellado plantearse enfrentarse a las instituciones europeas para ampliar el margen fiscal del que dispone el país.
Sin embargo, esta no es la opción preferible. Recurrir a un rescate a través del BCE implicaría malgastar capital político, lo que afectaría a la autonomía estratégica del Gobierno y limitaría la capacidad de actuar en otros ámbitos. Y lo que es más importante, el margen de maniobra fiscal ganado no es necesariamente decisivo en comparación con el coste económico —y, por tanto, político y social— que supondría la incertidumbre generada por este enfrentamiento. Por último, con un déficit del 5 %, aumentar aún más la dependencia de los mercados financieros y del BCE no es necesariamente una buena idea. Es cierto que, a corto plazo, con un 2,2 % de gasto en intereses de la deuda en 2025[27], las finanzas públicas salen claramente ganando, pero esto se debe en gran parte al legado de un período de tipos ultrabajos que ya hemos dejado atrás y el futuro se se presenta menos favorable. Si, en el fondo, no hay un problema inmediato con la deuda pública, la cuestión de política económica es la de la dependencia del BCE y de los mercados. Ciertamente, es acertado abogar a nivel europeo por un cambio en el papel del BCE y, en particular, por la plena movilización del poder monetario al servicio de los imperativos de la transición ecológica. En cambio, a diferencia del Gobierno de Syriza, no hay que dejar en manos de las instituciones europeas las condiciones que hacen posible una política ecosocialista impulsada a nivel nacional.
Intervenir políticamente sobre el mercado
El principio de Xue Muqiao:
Organizar una opción pública puede, en ocasiones, permitir manipular las fuerzas del mercado para alcanzar los objetivos, en lugar de sufrir grandes pérdidas al enfrentarse directamente a ellas mediante medidas administratives.
Este principio, en el contexto que nos ocupa, resulta pertinente tanto para prevenir la inestabilidad como para iniciar la transformación estructural.
Dado que los hedge funds se lucran con la volatilidad, es casi seguro que una victoria de la izquierda daría lugar a una agitación especulativa, ya que estos fondos pondrían a prueba la posibilidad de desencadenar un movimiento de desconfianza del que podrían beneficiarse. Si la vía elegida no es la de la confrontación con las instituciones europeas, sofocar estos ataques supone, en primer lugar, comunicar de forma coherente la trayectoria de las finanzas públicas, a fin de garantizar que los demás tenedores de la deuda no sigan los pasos de los hedge funds.
En este sentido, es importante tener presente que cerca del 55 % de la deuda pública francesa está en manos de no residentes [28], un nivel elevado en comparación con el resto del mundo, lo que supone una forma de vulnerabilidad. Por lo tanto, conviene garantizar la solidez de la calificación soberana de Francia para estos inversores que, en su mayoría, mantienen compromisos a largo plazo, al igual que los fondos de pensiones japoneses.
No obstante, también hay que estar preparados, al mismo tiempo, para hacer frente a los especuladores si es necesario y sin la ayuda del BCE. El mecanismo es bastante sencillo y los márgenes de maniobra son amplios. Se trata simplemente de animar de forma coordinada a los actores nacionales a comprar más deuda pública y, para ello, se dispone de varias herramientas. El Banco de Francia es, en el contexto del Eurosistema, una entidad híbrida que cuenta con cierto margen de discrecionalidad en sus compras de activos y que puede utilizarlo para adquirir títulos de deuda pública en el mercado secundario, aunque debe mantener informado al Consejo de Gobierno del BCE de dichas operaciones[29].
También se puede instar a entidades públicas, como las empresas e instituciones financieras de capital público, a que realicen órdenes de compra para defender la deuda pública. Pero también hay que recurrir al sector privado, en particular a los bancos y las aseguradoras. El hecho de que la deuda esté en gran parte en manos de inversores extranjeros constituye, por otra parte, una ventaja en este sentido.
La contrapartida de esta dependencia externa es, de hecho, que los bancos y las compañías de seguros francesas poseen una cantidad relativamente pequeña de deuda pública nacional en comparación con otros países y con la situación en el pasado; por lo tanto, existe margen de maniobra para que estos actores nacionales aumenten su tenencia de deuda pública, algo que destaca sin rodeos un analista de Swiss-Re: «Es sin duda una ventaja, ya que permite incentivar a los bancos nacionales a comprar más bonos del Estado francés si fuera necesario.»[30].
Esta intervención de las autoridades sobre los agentes privados con el fin de llevar a cabo su política económica, aunque ajena a la ideología liberal, no tiene en realidad nada de excepcional. En Taiwán, por ejemplo, para hacer frente al repunte de inestabilidad observado desde 2025, las autoridades exigen que se les notifique cualquier operación de cambio significativa y dan instrucciones al sector privado con el fin de estabilizar el valor de la moneda:
«Según una docena de operadores, reguladores y economistas entrevistados por Bloomberg, [el banco central] ha dado instrucciones a los exportadores para que vendan dólares estadounidenses en períodos de debilidad de la moneda, al tiempo que anima a las compañías de seguros de vida a comprar dólares cuando el dólar taiwanés se fortalece. Asimismo, supervisa de cerca la actividad de negociación a través de líneas telefónicas específicas y, en ocasiones, incluso ha intentado influir en los horarios de apertura de los mercados y en la cobertura mediática sobre el tema, según indicaron estas fuentes»[31] .
Manipular el mercado para frustrar un ataque especulativo contra la deuda pública de Francia es la estrategia adecuada, siempre que el objetivo sea, efectivamente, mantener una trayectoria fiscal controlada. Desde un punto de vista más estructural, fomentar la renacionalización de la tenencia de la deuda puede, a medio y largo plazo, reducir la exposición del país a los ataques especulativos.
Sin embargo, renunciar a una reactivación presupuestaria no significa renunciar a una política pública decidida a reducir las desigualdades al tiempo que se refuerza la base productiva. También en este caso, manipular el mercado puede resultar eficaz.
Por un lado, reactivar el consumo popular mediante el aumento de los salarios más bajos no solo puede tener efectos estimulantes sobre el empleo[32], sino también fomentar la inversión y la modernización del aparato productivo al ejercer presión sobre las empresas menos eficientes, tal y como ha demostrado el modelo sueco mencionado anteriormente. Por otro lado, un sistema fiscal más progresivo debe permitir liberar recursos para reconstruir los servicios públicos y reforzar una función pública debilitada por décadas de recortes salariales. En euros constantes, el crecimiento de la masa salarial de la función pública fue del 1,0 % de media anual entre 2001 y 2010, y del 0,6 % entre 2011 y 2025[33].
Para dar una idea del orden de magnitud, el mero impuesto Zucman, cuyo rendimiento se estima en unos 20 000 millones de euros al año [34] bastaría para cubrir un aumento del 5 % de la masa salarial de la función pública (370 000 millones en 2025), lo que, junto con medidas de revitalización de la administración, podría enviar una señal clara a los funcionarios de que ha llegado el momento de reconstruir la acción y los servicios públicos. Pero el arma de la fiscalidad es también un instrumento de lucha contra la renta financiera que infla las rentas altas: dar marcha atrás en el flat tax u otras formas de aumento de la tributación de las rentas del capital puede incentivar la reducción de la redistribución de los beneficios empresariales y, de este modo, favorecer la inversión.
Estos elementos, por importantes que sean, no bastan para definir una política anticapitalista, ya que dejan de lado otro aspecto fundamental del principio de Xue Muqiao: la construcción de una alternativa pública capaz de desafiar la acumulación capitalista en su propio terreno, lo que nos lleva a nuestro tercer principio relativo a la historicidad del sujeto planificador.
Ampliar el ámbito de la planificación
El principio de Bettelheim:
La capacidad de ofrecer una solución planificada alternativa al mercado está limitada por las capacidades informativas y político-administrativas del sujeto que pretende ponerla en práctica.
El criterio que distingue una política anticapitalista de otra, es la ampliación del ámbito de la planificación democrática en relación con el alcance de la coordinación mercantil. Desde esta perspectiva, proponer una opción pública significa construir instrumentos que permitan orientar la inversión en función de prioridades deliberadas políticamente, en lugar de seguir una trayectoria de desarrollo a merced de los vaivenes del beneficio[35]. Es también una de las palancas para hacer frente al posible despliegue de la forma más espectacular del poder estructural del capital, la «huelga del capital», cuando las empresas se niegan a invertir en la economía[36].
En el contexto de la Francia de la década de 2020, ¿de qué capacidades dispondría un gobierno con un mandato democrático para seguir este camino? ¿Cómo, teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas anteriormente, se podría iniciar la transformación estructural deseada?
El elemento decisivo consiste en crear un polo de socialización de la economía que sea, a la vez, el punto de convergencia de las aspiraciones y las proyecciones colectivas, el lugar donde estas se confrontan con los diversos ámbitos de especialización encargados de producir e interpretar los conocimientos que permiten delimitar el espacio de posibilidades e identificar los dilemas y las concesiones y, por último, coordinar la puesta en marcha y la gestión de las grandes orientaciones del plan, al tiempo que se deja a los distintos sectores y territorios el margen necesario para innovar y elegir las modalidades más adecuadas[37] .
Aquí nos centramos en las posibilidades de financiación a corto plazo de estas prioridades y en las condiciones de su interacción con el sector capitalista[38], haciendo hincapié en el papel de los medios de financiación a través de organismos respaldados por los poderes públicos pero que operan fuera del perímetro financiero de la administración (fuera de balance) [39].
Si descartamos una mera ampliación del ámbito de la administración financiada con impuestos o la emisión monetaria del banco central, y aspiramos a una planificación que abarque el tejido económico en su conjunto sin asfixiarlo, pueden identificarse tres palancas principales. La primera se refiere a la actuación de las empresas públicas y de aquellas en las que el Estado es accionista. Aunque siguen existiendo sectores, como la producción de electricidad, en los que las prioridades siguen definiéndose políticamente, en lo esencial el Estado accionista ha adoptado en las últimas décadas una gestión fundamentalmente patrimonial a través de la agencia de participaciones del Estado.
En el marco de la planificación ecosocialista, esta agencia debe depender de la sede central de la planificación para que las empresas de capital público desempeñen un papel, a través de sus inversiones, como primer eslabón de la acción colectiva. Desde el punto de vista de la financiación, estas pueden amplificar la acción pública, ya que pueden obtener préstamos para desarrollar sus propias actividades sin que ello suponga una carga para las finanzas públicas[40].
La segunda palanca es la política crediticia. Debe crearse un consejo de crédito adscrito al aparato de planificación[41] . Debe permitir coordinar y ampliar la actuación de los bancos públicos sin poner en peligro la estabilidad monetaria; dentro de los límites, aunque reales, de la flexibilidad que ofrece el Eurosistema, el Banco de Francia debe participar en él e influir así en la actuación de los demás bancos. La política crediticia debe contribuir a orientar la financiación, pero interfiere en la gestión de las empresas. Se trata de complementar, completar u orientar el crédito privado para apoyar las orientaciones del plan, impedir la financiación de proyectos perjudiciales, pero también de socializar las pérdidas mediante un mecanismo tipo «banco malo» para absorber los activos tóxicos[42].
En las últimas décadas, una parte importante de la actividad económica y de la vida social ha caído bajo el dominio de los fondos de private equity[43]. Francia está especialmente expuesta[44], con cerca de 5 000 operaciones desde 2015 en el ámbito de la industria[45] y de las infraestructuras físicas (vivienda, autopistas, centros de datos…) y sociales (residencias de ancianos[46], laboratorios médicos…). Para los inversores, se trata de duplicar o triplicar su inversión en un plazo relativamente corto —normalmente 7 años— gracias a una reestructuración de los activos y a un elevado apalancamiento que permite maximizar la rentabilidad.
Con demasiada frecuencia, esto conduce a desmantelar actividades útiles o rentables, a deteriorar la calidad del servicio o a hacer recaer sobre los empleados, los clientes o las administraciones locales el esfuerzo necesario para cumplir las promesas financieras desmesuradas en las que se basan estas operaciones.
El tercer eje tiene, por tanto, como objetivo vencer al capital en su propio terreno. Las exigencias de rentabilidad de los fondos les impiden desarrollar las actividades que controlan, algo que, en cambio, sí puede hacer un inversor paciente. Se trata, por tanto, de que un gestor de activos público asuma el control de las empresas, interviniendo en su gestión cuando sea necesario para apoyar su desarrollo, pero sin salir del marco de una actividad comercial. Se trata, pues, de sustituir la financiación depredadora por una opción pública o, en palabras de Xue Muqiao, de «tomar al enemigo ».
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) podría ser el operador de estos fondos y tomar el control de empresas en situación de fragilidad y con un importante potencial, del mismo modo que los gestores de activos de private equity como Blackstone o KKR llevan a cabo adquisiciones. Pero habría tres diferencias fundamentales. La primera es que estos fondos se desplegarían con el fin de prolongar la acción planificadora, por ello, y por el resto de sus actividades, la CDC estaría adscrita al centro de planificación y las competencias de gestión que el gestor empleara para garantizar su gestión deberían ajustarse a la valoración cualitativa del desarrollo económico definida en el plan.
La segunda se refiere al tipo de inversores: si el gestor del fondo es público, los capitales podrían ser privados y, en particular, proceder de libretas de ahorro populares temáticas —por ejemplo, el FIP: fondos de infraestructura popular—, a los que aportarían una rentabilidad sólida.
La tercera se refiere al futuro de las empresas: si bien las participaciones pueden tener un horizonte a largo plazo, los fondos también pueden decidir, al cabo de unos años, deshacerse de ellas para liberar recursos con el fin de cumplir mejor su misión en el marco del plan. En ese caso, se cederán de manera que se amplíe la socialización, es decir, bien a los trabajadores en forma de cooperativas, bien a grupos de la Economía Social y Solidaria (ESS), bien a las administraciones locales u otras entidades públicas.
Estas tres modalidades tienen en común un aspecto esencial: permiten ampliar el ámbito de la planificación al tiempo que se actúa al margen del balance del Estado y de las restricciones político-financieras que este conlleva. Pero atención, no se trata de una simple conveniencia. De acuerdo con el principio de Bettelheim, estos mecanismos de planificación vinculados al mercado reflejan los límites informativos y político-administrativos del poder público en un momento concreto. El recurso a las señales del mercado indica el camino que queda por recorrer para alcanzar una integración más completa de los sujetos económicos y una organización descentralizada de la actividad económica que pueda prescindir en mayor medida de la forma mercantil.
Si bien las tecnologías permiten una ubicuidad casi perfecta de la información, los límites inmediatos de la planificación residen, en parte, en la monopolización intelectual por parte de las «Big Tech», que sitúan a las administraciones en una situación de dependencia y limitan la acción pública; pero, de manera aún más aguda —como ya señalaba Bettelheim—, el límite es el de «los cuadros disponibles» para proyectar la acción del plan en lo que hoy en día és “el orden del capital”.
A un nivel más profundo, la cuestión de una planificación emancipadora no se reduce a la alternativa entre el cálculo algorítmico y el mercado[47], sino que supone el desarrollo de nuevas formas de articulación entre la democracia, la agencia individual y colectiva y la eficiencia económica.
Conclusión: los cuatro pilares de una política gubernamental ecosocialista.
El problema al que se enfrenta la izquierda en caso de victoria electoral es saber cómo emprender una transformación estructural acorde con la orientación ecosocialista, es decir, cómo actuar efectivamente en un sentido anticapitalista (en la medida de lo posible), al tiempo que se conserva y se amplía su capacidad de actuar en ese sentido (no ser derrotada). Las pocas directrices identificadas anteriormente permiten, para concluir, esbozar un escenario que no se basa en la buena voluntad de los adversarios políticos, utiliza los mecanismos del mercado para alcanzar objetivos políticos y favorece la ampliación del ámbito de la planificación. Estos son sus cuatro pilares:
1- Adoptar una postura de responsabilidad fiscal. Al comprometerse a estabilizar el peso de la deuda pública ya desde la campaña[48], la izquierda se coloca en posición de denunciar los malos resultados económicos y financieros de los dos mandatos de Macron, cierra un flanco de ataque que puede encontrar eco en una población ampliamente hostil a la inestabilidad y se libra de la amenaza de una presión por parte de los mercados financieros y del riesgo de tener que malgastar capital político a nivel europeo si el BCE se viera obligado a intervenir. Cabe recordar que, en los últimos tiempos, países gobernados por la izquierda, como España o México, han reducido sustancialmente su ratio deuda/PIB, en contraste con la trayectoria explosiva iniciada brevemente por el Gobierno de Liz Truss en Gran Bretaña o seguida por la administración Trump en Estados Unidos.
2- Reactivar el consumo popular mediante el aumento de los salarios bajos. Salir de la austeridad salarial es una respuesta a la emergencia social, pero también una palanca para romper la espiral de la lógica del «cada vez menor coste laboral»[49] que lastra la actividad y las finanzas públicas sin generar ni dinamismo en el empleo, ni de dinamismo industrial. Es un incentivo a la inversión para ahorrar mano de obra y a la búsqueda de una diferenciación competitiva basada en la calidad, más que en los precios. A corto plazo, es también un potente estímulo para la actividad.
3- Reforzar la progresividad del impuesto. El empobrecimiento del Estado afecta a la calidad de los servicios públicos y degrada las condiciones de la vida económica y social. Al revertir las rebajas fiscales concedidas al capital y las medidas fiscales a favor de las rentas más altas, se pueden liberar recursos, en particular, para los salarios de los funcionarios, para la acción ecológica, para la innovación y la investigación, y en favor de la dignidad de las personas (ayuda social, política penal, etc.).
4- Poner en práctica la planificación ecológica. Además del papel que desempeñan la normativa, la contratación pública y la condicionalidad de las ayudas existentes, hemos demostrado cómo una política de socialización de la inversión mediante el desarrollo de las empresas públicas, la política crediticia y un potente gestor de activos públicos puede permitir ampliar el ámbito de la planificación sin gravar el presupuesto del Estado. Esta medida conllevaría automáticamente una ampliación del patrimonio público, lo que también constituye un factor de estabilidad macrofinanciera y una condición previa para el advenimiento de un modelo de desarrollo orientado a las necesidades y desvinculado del imperativo del crecimiento.
Notas:
[1] Cédric Durand y Razmig Keucheyan, Comment bifurquer. Les principes de la planification écologique, París, La Découverte, 2024.
[2] La fortaleza de Lula en Brasil habría consistido en superar la situación anterior en la que «la izquierda, considerada una opción que ponía en peligro el orden, era descartada en favor de una solución impuesta desde arriba, de una autoridad establecida capaz de proteger a los más pobres sin riesgo de inestabilidad». » André Singer, Os sentidos do Lulismo, s. l., Companhia Digital, 2012, p. 35. Véase también Perry Anderson, «Lula’s Brazil», London Review of Books, 31 de marzo de 2011, vol. 33, n.o 07, 31 de marzo de 2011, p.
[3] Marie Pouzadoux, « Présidentielle 2027: en meeting, Edouard Philippe dessine les grands axes de son projet de droite modérée pour un “redressement français”», Le Monde, 6 de julio de 2026, p.
[4] Bruno Amable y Stefano Palombarini, L’illusion du bloc bourgeois: alliances sociales et avenir du modèle français, Paris, Raisons d’agir, 2017, 176 p.
[5] Cédric Durand, «¿The End of Financial Hegemony??», New Left Review, 21 de diciembre de 2022, n.o 138, págs. 13-13.
[6] Marlène Benquet y Théo Bourgeron, La finance autoritaire: vers la fin du néolibéralisme, Paris, Raisons d’agir éditions, 2021 ; Marlène Benquet, La finance aux extrêmes: enquête sur le capitalisme autoritaire en France, Paris, la Découverte, 2026 ; Benjamin Braun et Cédric Durand, L’automne braudélien de l’Amérique, https://legrandcontinent.eu/fr/2025/07/27/trump-braudel-amerique/ , 27 juillet 2025, (consulté le 27 août 2025); Quinn Slobodian y Ben Tarnoff, Muskism: a guide for the perplexed, Londres, Allan Lane, 2026, 241 p.
[7] « La rupture de l’atlantisme rend visible un triple échec de l’Europe », https://www.nouvelobs.com/opinions/20260130.OBS111966/la-rupture-de-l-at… , 30 janvier 2026, (consulté le 13 juillet 2026).
[8] Katherine Richardson et al., «Earth beyond six of nine planetary boundaries», Science Advances, 2023, vol. 9, n.º 37, p. eadh2458.
[9] Cédric Durand, Contre le défaitisme, https://coucou.contretemps.eu/contre-le-defaitisme/ , 2 de noviembre de 2015, (consultado el 11 de julio de 2026).
[10] Michalis Nikiforos et al., «The café economy: structural transformation in Greece in the wake of austerity and “reforms”», Industrial and Corporate Change, 2026, p. dtag033.
[11] Isabella Weber, How China escaped shock therapy: the market reform debate, Abingdon, Oxon ; Nueva York, N.Y., Routledge, 2021.
[12] Ibíd., p. 75.
[13] Ibíd., p. 80.
[14] Ibíd., p. 81.
[15] Ibíd., p. 78.
[16] Ibíd.
[17] Christian Gollier, Le climat après la fin du mois, París, PUF, 2019, 367 p.
[18] A.H. Amsden, Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization, s.l., Oxford University Press, 1992, cap. 6.
[19] Jonas Pontusson, The limits of social democracy: investment politics in Sweden, 1.ª ed., Ithaca, NY, Cornell University Press, 1994, p. 11.
[20] François Allisson, « Charles Bettelheim and World War II, or The Making of a Planning Doctor », History of Political Economy, 1 décembre 2024, vol. 56, no S1, p. 283‑304 ; François Denord et Xavier Zunigo, « « Révolutionnairement vôtre »: Économie marxiste, militantisme intellectuel et expertise politique chez Charles Bettelheim », Actes de la recherche en sciences sociales, 2005, vol. 158, no 3, p. 8 ; Guillaume Fondu, Bettelheim et le marxisme, https://www.contretemps.eu/bettelheim-et-le-marxisme/ , 30 novembre 2016, (consulté le 4 juin 2025).
[21] Charles Bettelheim, Calcul économique et formes de propriété, Maspero, París, 1970, p. 82.
[22] Véase Jérôme Leleu, «Charles Bettelheim et la planification économique à Cuba (1960-1968)», Mondes en développement, 2017, n.º 178, n.º 2, págs. 103-116.
[23] Charles Bettelheim, La transition vers l’économie socialiste, París, François Maspero, 1968, pág. 179.
[24] Ibíd., pág. 90.
[25] Ibíd., pág. 86.
[26] Patrick Artus, Quelle stratégie économique pour la France ?, https://www.ossiam.co.uk/FR/post/quelle-stratgie-conomique-pour-la-france, 10 de julio de 2026.
[27] Asamblea Nacional, Rapport sur la dette des administrations publiques, París, Asamblea Nacional, 2025.
[28] Banque de France, Emission et détention de titres français – 2025-Q4, https://www.banque-france.fr/fr/statistiques/credit/emission-et-detentio… , 15 avril 2026, (consulté le 16 juillet 2026).
[29] BCE, « Qu’est-ce que l’ANFA ? », 13 de septiembre de 2024.
[30] Yoruk Bahceli, Harry Robertson y Yoruk Bahceli, «Who owns France’s debt and why it matters », Reuters, 26 de junio de 2024, p.
[31] Chien-Hua Wan, Argin Chang et Jacob Gu, « Taiwan’s ‘Big Boss’ Central Bank Is Stamping Out Currency Swings », Bloomberg.com, 2 juin 2026p
[32] Cédric Durand et Léo Malherbe, Smic à 1 600 euros : une mesure crédible qui ne menace pas l’emploi | Alternatives économiques, https://www.alternatives-economiques.fr/smic-a-1-600-euros-une-mesure-cr… , 28 juin 2024, (consulté le 16 juillet 2026).
[33] FIPECO, Le niveau et l’évolution de la masse salariale publique, https://www.fipeco.fr/fiche/Le-niveau-et-l%C3%A9volution-de-la-masse-sal… , 6 juillet 2026, (consulté le 16 juillet 2026).
[34] Olivier Blanchard, Jean Pisani-Ferry et Gabriel Zucman, « Olivier Blanchard, Jean Pisani-Ferry et Gabriel Zucman : “Nous partageons le constat qu’un impôt plancher sur les grandes fortunes est le plus efficace face à l’inégalité fiscale” », Le Monde, 11 juin 2025p.
[35] Michel Husson, «Planification : 21 thèses pour ouvrir le débat», Critique Communiste, mayo de 1991, n.o 106-107.
[36] Kevin A. Young, Tarun Banerjee y Michael Schwartz, «Capital strikes as a corporate political strategy: The structural power of business in the Obama era», Politics & Society, 2018, vol. 46, n.º 1, págs. 3-28.
[37] Une série de principes sont identifiés dans C. Durand et R. Keucheyan, Comment bifurquer. Les principes de la planification écologique, op. cit., p. 5‑10.
[38] Ne sont donc évoqués ni les questions de réglementation, ni de conditionnalités des aides ni, a fortiori les enjeux de comptabilité écologique, de procédures ou d’articulation des niveaux et des temporalités du plan.
[39] OBFA-TRANSFORM, The Political Economy of Financing Large-Scale Transformations, https://www.obfa-transform.eu/project-description , 2025, (consultado el 17 de julio de 2026).
[40] Larry Elliott, «Here’s how Andy Burnham can finance a reindustrialised Britain – without doing a Liz Truss», The Guardian, 10 de julio de 2026, p.
[41] La politique du crédit développée durant l’après-guerre reste pour cet instrument une référence. Eric Monnet, Controlling Credit: Central Banking and the Planned Economy in Postwar France, 1948–1973, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.
[42] Louis Daumas y Mathilde Salin, A “climate bad bank” to navigate stranded assets? Exploring an emerging policy proposal», 2021.
[43] Brett Christophers, Our Lives in Their Portfolios: Why Asset Managers Own the World, s. l., Verso Books, 2023.
[44] Gaia Freydefont, «Why French leveraged buyouts are caving in like camembert», Financial Times, 5 de diciembre de 2025, p.
[45] Emmanuel Mandon y Aurélie Trouvé, Rapport de la commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs, Paris, Assemblée Nationale, 2026
[46] Cédric Durand, «Cédric Durand, économiste : “Il faut bouter les firmes de capital-investissement hors des activités essentielles à notre vie sociale” ”», Le Monde, 26 de junio de 2026, p.
[47] Silvia Rief, « Karl Polanyi’s ‘socialist accounting’ and ‘overview’ in the age of data analytics », New Political Economy, 4 mars 2023, vol. 28, no 2, p. 284‑298 ; Cédric Durand, « 3. La voie étroite d’un cyber-écosocialisme » dans Faut-il se passer du numérique pour sauver la planète ?, Paris, Éditions Amsterdam, 2025, vol. 1/ p. 95‑142.
[48] Il n’est ni nécessaire ni souhaitable d’engager une réduction de celui-ci qui paralyserait l’action publique et dégraderait la conjoncture. Comme le note Olivier Blanchard : « L’essentiel est donc de présenter un programme crédible conduisant, avec une forte probabilité, à la stabilisation du ratio de la dette par rapportau PIB à un horizon de quatre à sept ans ». Voir Olivier Blanchard, « Olivier Blanchard, économiste : “Le processus budgétaire français est défaillant, et il accroît le risque d’une crise de la dette” », Le Monde, 16 juill. 2026p.
[49] Clément Carbonnier, Toujours moins ! l’obsession du coût du travail ou l’impasse stratégique du capitalisme français, Paris, la Découverte, 2025.
Cédric Durand es un economista, profesor universitario y autor francés. Se centra en la economía política global, la dinámica de la globalización, las cadenas mundiales de producción y la transición del capitalismo hacia entornos digitales. Es doctor en Ciencias Económicas por la School for Advanced Studies in the Social Sciences (EHESS) en París. Profesor de Economía Política en la Universidad de Ginebra. Es miembro del consejo y colaborador habitual de publicaciones críticas internacionales como Contretemps, Sidecar (el blog de la New Left Review) y la revista Jacobin. Ha escrito en numerosa revistes académicas y periódicos y revistes de divulgación. También varios libros, entre los que se pueden destacar: Tecnofeudalismo: Crítica de la economía digital (2024 / Edición original 2020); Capital ficticio: Cómo las finanzas se apropian de nuestro futuro (2017); Comment bifurquer: Les principes de la planification écologique (2024, coautor junto a Razmig Keucheyan).
Medio original: rebelion.org
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