Fuente de la imagen: ORPIO.
La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) calificó de atropello el rechazo de 8 votos contra siete del Estudio Previo de Reconocimiento (EPR) del pedido de la Reserva Indígena Atacuari.
Al hacerlo así, el Estado peruano pone en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonía que se han identificado en el área de la reserva solicitada, en la región Loreto, indica ORPIO en un pronunciamiento.
La decisión se adoptó en la sesión de la Comisión Multisectorial PIACI del 7 de octubre a pesar de que el estudio incluía múltiples evidencias científicas y antropológicas actualizadas que sustentaban la presencia de pueblos en aislamiento.
El EPR documentó sistematizó un amplio conjunto de evidencias antropológicas, hallazgos históricos, registros aéreos a través de sobrevuelos, testimonios de pobladores locales e incluso testimonios de indígenas en contacto inicial en el ámbito de la reserva solicitada.
Los ocho representantes que votaron en contra fueron: ministerios del Ambiente (MINAM), Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, además del Gobierno Regional de Loreto y dos municipalidades provinciales.
Para ORPIO resulta especialmente preocupante que el MINAM y el MIDAGRI hayan votado contra la aprobación pese a que ambos sectores han asumido compromisos para implementar medidas de mitigación y adaptación contra el cambio climático.
Tales compromisos se encuentran en la Declaración Conjunta de Intención (DCI), suscrita por el Estado peruano con los gobiernos de Noruega, Alemania y el Reino Unido.
ORPIO exhorta a los países cooperantes y a los mecanismos financieros vinculados a la DCI examinar la actuación de las instituciones involucradas, verificar el cumplimiento de sus compromisos y fortalecer las salvaguardas de derechos humanos aplicables al financiamiento climático.
Este nuevo atropello contra los PIACI se suma a los obstáculos en el proceso de creación de la solicitud Reserva Indígena Yavarí Mirim, cuyo Estudio de Adicional de Categorización fue rechazado en septiembre de 2025, poniendo en riesgo a los PIACI que habitan en dicha área.
La actitud gubernamental se orienta “a revisar o flexibilizar las restricciones ambientales y a debilitar los mecanismos de protección de PIACI” para favorecer actividades extractivas forestales y de hidrocarburos.
“Esta convergencia de decisiones y propuestas constituye una preocupante advertencia sobre el rumbo de la política pública de protección de los derechos indígenas y ambientales en el Perú” indica ORPIO, entidad regional afiliada a la nacional AIDESEP.
Responsabilidad jurídica y política
ORPIO señala que el Estado peruano es responsable jurídica y políticamente por el debilitamiento del régimen especial de protección PIACI y la afectación de los derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad, la identidad cultural y la autodeterminación de estos pueblos.
Por esto exige al Ministerio de Cultura cumplir con sus funciones para garantizar que las decisiones sobre los PIACI respondan al conocimiento científico, al principio de no contacto y a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
“La protección de los pueblos indígenas en aislamiento no es una concesión política ni una decisión discrecional del Estado: es una obligación constitucional y una responsabilidad internacional” indica ORPIO.
Medio original: Servindi – Servicios de Comunicación Intercultural
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