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Radio Victoria

La ultraderecha ya no se esconde: ¿qué está pasando con nuestras democracias?

Por Alberto Kok*

17 de noviembre, 2026.- Hay algo que está cambiando en la política de estos últimos años. Dirigentes que hasta hace poco parecían demasiado radicales para ocupar posiciones de poder hoy gobiernan países, influyen en elecciones y marcan la agenda pública. Hablan abiertamente de expulsar, castigar o perseguir a quienes consideran una amenaza. Ya no se preocupan demasiado por las formas; han convertido la provocación y la confrontación en parte de su atractivo.

¿Estamos ante un avance real de la ultraderecha o solo tenemos esa impresión porque las redes sociales amplifican sus mensajes?

Hay algo más que una percepción. Los resultados electorales y los estudios sobre la calidad de las democracias muestran un desplazamiento real, aunque desigual. En Europa, los partidos de derecha radical han ganado terreno e influencia. En Estados Unidos, el debilitamiento de los contrapesos institucionales ha encendido las alarmas. Y en América Latina, distintos liderazgos han encontrado respaldo en sociedades cansadas de la inseguridad, la corrupción y la incapacidad de sus gobiernos para resolver los problemas cotidianos.

no todo conservador es ultraderechista, ni toda posición de derecha representa una amenaza para la democracia.

no todo conservador es ultraderechista, ni toda posición de derecha representa una amenaza para la democracia.

Conviene hacer una distinción: no todo conservador es ultraderechista, ni toda posición de derecha representa una amenaza para la democracia. El conservadurismo democrático es parte legítima del pluralismo. El problema comienza cuando la defensa de la tradición, la identidad nacional o el orden se convierte en justificación para excluir, perseguir adversarios o concentrar el poder sin controles.

El malestar que alimenta el fenómeno

Durante años se nos dijo que la globalización, el crecimiento económico y la modernización conducirían a sociedades más prósperas y democráticas. Pero la experiencia de millones de personas ha sido otra. La precariedad laboral, el encarecimiento de la vida, la pérdida de oportunidades y la sensación de que el futuro será peor que el pasado han alimentado un descontento que los partidos tradicionales no supieron entender ni atender.

A ello se suma la desconfianza hacia las instituciones. Una encuesta regional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicada en 2025, encontró que apenas el 35% de los consultados en diez países de América Latina y el Caribe tenía una confianza alta o moderadamente alta en sus gobiernos nacionales. Al mismo tiempo, el 60% identificaba la delincuencia o la violencia entre los principales problemas de su país.

La inseguridad también alimenta este malestar. Cuando las personas sienten que no pueden caminar tranquilas por sus barrios, que la extorsión amenaza sus negocios o que la delincuencia parece tener más capacidad de acción que las autoridades, la paciencia se agota. Y cuando esa experiencia coincide con escándalos de corrupción y abusos de poder, la desconfianza se vuelve todavía más profunda.

Hay un factor que atraviesa ambas realidades: la impunidad. Los delitos sin esclarecer y los actos de corrupción o abuso sin sanción alimentan la misma percepción: que la ley no protege a todos por igual. Ante un Estado que parece no responder, gana terreno la promesa de orden y mano dura.

En ese terreno prospera la ultraderecha. Su discurso suele ser sencillo: recuperar el orden, devolver la grandeza nacional, poner límites y actuar sin contemplaciones. Frente a problemas complejos, ofrece soluciones inmediatas; frente a la incertidumbre, promete autoridad; y frente a la frustración, señala culpables.

Esto no significa que todos quienes votan por estas opciones sean autoritarios. Muchos lo hacen por decepción, miedo o cansancio frente a gobiernos que consideran incapaces. Comprender esas razones es necesario, pero no obliga a justificar las respuestas autoritarias.

También hay una dimensión cultural. Los cambios en los derechos de las mujeres, la diversidad y las formas de convivencia han transformado nuestras sociedades. Para unos representan conquistas de libertad; para otros, una pérdida de certezas. Algunos dirigentes convierten esas inquietudes en batalla política y presentan a los inmigrantes, las minorías, el feminismo o los movimientos progresistas como amenazas a una supuesta identidad nacional que habría que restaurar.

De la provocación al poder

Las redes sociales han contribuido a extender esta forma de hacer política. El insulto, la exageración y la provocación circulan mucho más rápido que una explicación razonada. Un dirigente que agrede verbalmente a sus adversarios o lanza una declaración escandalosa consigue una atención que difícilmente obtendría con un discurso convencional.

Pero sería un error atribuirles toda la responsabilidad. También hay que mirar a los partidos tradicionales y a los gobiernos que dejaron sin respuesta muchas expectativas sociales. Cuando la democracia no consigue ofrecer seguridad, oportunidades y una vida digna, sus adversarios encuentran argumentos para cuestionarla.

Europa ofrece una muestra de este cambio. Un análisis del European Policy Centre, publicado en junio de 2026, señala que las fuerzas radicales de derecha mantienen su crecimiento, dos años después de las elecciones europeas de 2024. La inflación, la desconfianza institucional, la inmigración y la competencia económica internacional figuran entre los factores que explican su persistencia.

Estados Unidos representa un caso especialmente preocupante. Donald Trump y el movimiento MAGA han situado en el centro del poder una concepción política marcada por el nacionalismo, la confrontación y el liderazgo personalista. El problema no es que un presidente defienda posiciones conservadoras o nacionalistas; eso forma parte del pluralismo democrático. La preocupación surge cuando se cuestiona la legitimidad de los adversarios, se presiona a quienes deben ejercer funciones de control y se pretende subordinar las instituciones a la voluntad del gobernante.

Las señales de deterioro son contundentes. El Instituto V-Dem, en su informe de 2026, ¿Unravelling the Democratic Era?, registró que el índice de democracia liberal de Estados Unidos pasó de 0,79 en 2023 a 0,75 en 2024 y cayó a 0,57 en 2025. A raíz de este retroceso, dejó de clasificar al país como una democracia liberal y pasó a considerarlo una democracia electoral. Freedom House, por su parte, le asignó 81 puntos sobre 100 en 2026, su calificación más baja desde que comenzó a utilizar esa escala en 2002. Son doce puntos menos que en 2005, una erosión acumulada a lo largo de administraciones de ambos partidos.

algunos movimientos llegan al gobierno mediante elecciones democráticas, pero después utilizan esa legitimidad para debilitar las condiciones que hicieron posible su llegada

algunos movimientos llegan al gobierno mediante elecciones democráticas, pero después utilizan esa legitimidad para debilitar las condiciones que hicieron posible su llegada

La cuestión de fondo es inquietante: algunos movimientos llegan al gobierno mediante elecciones democráticas, pero después utilizan esa legitimidad para debilitar las condiciones que hicieron posible su llegada. No necesitan cerrar los parlamentos ni cancelar las elecciones. Pueden hacerlo gradualmente, debilitando la independencia judicial, la libertad de prensa y los organismos de control.

América Latina y el desafío peruano

Nuestra región no está al margen de esta corriente. El informe de V-Dem de 2026 analiza experiencias como las de El Salvador, Brasil durante el gobierno de Bolsonaro y Argentina. También advierte que no existe una única ultraderecha latinoamericana y que la fortaleza de las instituciones marca diferencias importantes. Brasil muestra que es posible revertir parte del deterioro democrático, aunque la polarización persista.

En el Perú, donde la desconfianza política es profunda y la inseguridad se ha convertido en una preocupación cotidiana, el problema adquiere características propias. No necesariamente aparece bajo la figura de un líder mesiánico o de un movimiento que se proclama abiertamente ultraderechista. También se manifiesta en prácticas políticas que hemos ido normalizando.

Desde hace aproximadamente una década, el fujimorismo ha desarrollado una estrategia de acumulación de poder que no depende exclusivamente de ganar la presidencia. Su influencia se ha extendido desde el Congreso hacia otras instituciones, mediante alianzas circunstanciales con fuerzas políticas de distintas procedencias, pero coincidentes en la defensa de cuotas de poder e intereses comunes. No es necesariamente una coalición ideológica, sino una lógica de acuerdos, reparto y protección mutua. El resultado es que instituciones llamadas a fiscalizar y controlar al poder pueden terminar convertidas en espacios de negociación política.

A ello se suma una práctica particularmente preocupante: el terruqueo. Consiste en descalificar a opositores —manifestantes, periodistas, estudiantes, defensores de derechos humanos o políticos de izquierda y centro— atribuyéndoles vínculos con el terrorismo. En lugar de discutir sus argumentos, se les coloca una etiqueta. Y, una vez señalados, parece que ya no fuera necesario escucharlos.

El terruqueo funciona porque explota una herida todavía abierta. El Perú sufrió durante décadas el horror del terrorismo y ese recuerdo permanece en la memoria colectiva. Utilizarlo como arma política convierte la protesta en sospecha, la discrepancia en amenaza y la crítica en una supuesta traición.

Esta preocupación se extiende a determinadas decisiones del Congreso. Las llamadas «leyes pro crimen», como las reformas a la colaboración eficaz, a la definición de organización criminal y a las competencias de investigación del Ministerio Público y la Policía, han sido cuestionadas por fiscales, juristas y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre sus posibles efectos en la lucha contra la criminalidad organizada. Más allá de las controversias jurídicas de cada norma, resulta preocupante que las propias decisiones legislativas puedan debilitar las herramientas del Estado para investigar y sancionar delitos.

Así se transmite un mensaje devastador: las reglas no son iguales para todos. Mientras tanto, se estigmatiza la protesta y se justifican excesos en nombre del orden. Por supuesto, nadie puede negar la gravedad de la delincuencia ni la urgencia de recuperar la seguridad. Pero combatir el crimen y respetar los derechos ciudadanos no son objetivos incompatibles. Un Estado que no protege a sus ciudadanos incumple una de sus funciones esenciales; también lo hace cuando pretende garantizar el orden sin límites ni rendición de cuentas.

El verdadero peligro

El retroceso democrático es un fenómeno mundial. Freedom House informó en marzo de 2026 que la libertad había disminuido por vigésimo año consecutivo. En 2025, 54 países registraron retrocesos en sus derechos políticos y libertades civiles, frente a 35 que experimentaron mejoras. No todo este deterioro puede atribuirse a la ultraderecha, pero el panorama revela hasta qué punto las instituciones democráticas están sometidas a presión.

Quizá la pregunta más importante no sea por qué determinados dirigentes ganan elecciones, sino qué está ocurriendo en nuestras sociedades para que una parte de la ciudadanía comience a considerar aceptable sacrificar libertades y derechos a cambio de promesas de seguridad y autoridad.

El autoritarismo no siempre llega anunciando que acabará con la democracia. A veces se presenta como su salvador

El autoritarismo no siempre llega anunciando que acabará con la democracia. A veces se presenta como su salvador

La historia debería servirnos de advertencia. El autoritarismo no siempre llega anunciando que acabará con la democracia. A veces se presenta como su salvador: promete restaurar el orden, recuperar la grandeza nacional y acabar con los privilegios de quienes supuestamente han secuestrado el sistema. Y encuentra apoyo precisamente entre quienes están decepcionados con su funcionamiento.

En el Perú, esa deriva no siempre llega con botas ni discursos grandilocuentes. A veces avanza mediante acuerdos parlamentarios, descalificaciones que silencian al discrepante y controles institucionales que se debilitan sin demasiado ruido.

Defender la democracia no significa conformarse con lo que tenemos ni justificar los errores de nuestros gobernantes. Significa exigir instituciones que funcionen, justicia sin privilegios, seguridad, oportunidades y una política que vuelva a ocuparse de los problemas reales de la gente.

Porque una democracia que no responde a las necesidades de sus ciudadanos termina debilitándose. Pero una sociedad que, cansada de sus defectos, entrega su libertad a quien promete resolverlo todo puede descubrir demasiado tarde que el precio del orden era mucho más alto de lo que imaginaba.

Tal vez ese sea el verdadero desafío de nuestro tiempo: recuperar la confianza en la democracia sin renunciar a aquello que la hace valiosa. No tenemos que elegir entre libertad y seguridad. Necesitamos ambas. Porque sin límites al poder, sin respeto por quien piensa distinto y sin instituciones que protejan a todos, ninguna promesa de orden puede llamarse verdaderamente democrática.

Fuentes de referencia:

–V-Dem Institute (2026), Democracy Report 2026: Unravelling the Democratic Era?

–Freedom House (2026), Freedom in the World 2026: The Growing Shadow of Autocracy

–European Policy Centre (2026), Two years on: Why Europe’s far right keeps growing

–OCDE (2025), Survey on Drivers of Trust in Public Institutions in Latin America and the Caribbean

–Human Rights Watch (2025), Legislar para la impunidad.

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*Alberto Kok es sociólogo especializado en tecnologías emergentes, interculturalidad y sostenibilidad. Cree que el futuro se construye con memoria. Correo: [email protected]


ℹ️ Atribución de Fuente: Este texto ha sido reproducido de forma íntegra y literal respetando los derechos de distribución pública del emisor.
Medio original: Servindi – Servicios de Comunicación Intercultural
Enlace oficial: Ver artículo original aquí

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