Fuentes: scidev.net/ [Crédito de la imagen: dawn paley/Flickr, bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 2.0 Deed
Las Guardias Indígenas monitorean el territorio para identificar invasiones o daños ambientales. En 2025 al menos 124 personas fueron asesinadas por proteger sus tierras y sus medios de vida, de acuerdo con Global Witness.
[CIUDAD DE MÉXICO, SciDev.Net] El crimen organizado, el narcotráfico, la industria extractivista ‒minería ilegal, tala comercial, agroindustria‒ así como la falta de protección por parte del Estado han hecho que América Latina sea hoy la región más letal para las personas defensoras del ambiente(opens in new tab) y el territorio.
Un nuevo reporte(opens in new tab) publicado hace unos días por la organización Global Witness revela que en 2025 al menos 124 personas fueron asesinadas por proteger sus tierras y sus medios de vida. De ellas, el 85 por ciento eran de América Latina, sobre todo de cinco países: Colombia, Brasil, Honduras, México y Guatemala.
Para la organización, las personas defensoras del ambiente y el territorio son “aquellas que adoptan una posición firme y pacífica contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o perjudicial de los recursos naturales o del ambiente”, dice el documento.
Pero hacerlo puede costarles la vida. Desde 2012, cuando se publicó el primero de estos reportes, a 2025, Global Witness identificó 2,375 asesinatos y desapariciones de defensores y defensoras en todo el mundo. Y cada año, la región latinoamericana encabeza la lista.
“Identificamos más de 100 asesinatos en la región en 2025, pero reconocemos que es un número mínimo porque hay muchos casos que no se pueden verificar o que no se denuncian. Y eso también está determinado por los contextos en América Latina donde hay represión contra las comunidades”. (Juliana Vélez Echeverri, responsable senior de campañas de Global Witness)
Una de las causas siempre ha sido la oposición a proyectos extractivistas, como la minería o la construcción de hidroeléctricas, pero ahora los ataques se han agravado por el creciente poder del crimen organizado y el clima de corrupción e impunidad en toda la región. En los países con más agresiones, Global Witness reporta vínculos con grupos delictivos organizados o sicarios en más de un tercio de los casos.
“En América Latina persisten los conflictos territoriales y vemos que hay una falta de protección estatal y altos niveles de impunidad”, dijo a SciDev.Net, Juliana Vélez Echeverri, responsable senior de campañas de Global Witness, quien colaboró en la investigación.
“Identificamos más de 100 asesinatos en la región en 2025, pero reconocemos que es un número mínimo porque hay muchos casos que no se pueden verificar o que no se denuncian. Y eso también está determinado por los contextos en América Latina donde hay represión contra las comunidades”, añadió.
Un ejemplo es Nicaragua. De acuerdo con el CIVICUS Monitor(opens in new tab), plataforma internacional que evalúa el estado de las libertades cívicas y el espacio de la sociedad civil en casi 200 países y territorios, este país de Centroamérica se clasificó como ‘cerrado’, la categoría más represiva de la clasificación de CIVICUS.
“De los 15 países en los que documentamos asesinatos, 10 fueron clasificados como ‘represivos’ por el CIVICUS Monitor”, dice Global Witness. Esto significa que las víctimas y los grupos de la sociedad civil sufren represalias por denunciar y documentar los abusos, lo que dificulta el acceso a datos confiables y aumenta el riesgo de subestimarlos.
El reporte también identifica el tipo de víctimas más frecuentes: indígenas(opens in new tab) (842), campesinos (614), otros (496), agentes estatales (99) y afrodescendientes (95). En Colombia, por ejemplo, de las 39 muertes reportadas en 2025, 35 se debieron a conflictos por la tierra; la mitad de las víctimas fueron indígenas y la otra, campesinos. Además, 17 de ellas estuvieron relacionadas presuntamente con el crimen organizado y otras cinco con asesinos a sueldo.
“Colombia ha estado en el top de la lista por los últimos años porque persisten los conflictos territoriales; son personas indígenas y campesinas que están en la primera línea defendiendo su territorio frente a diferentes usos de la tierra”, confirma Vélez Echeverri.
También es un asunto ambiental
La presencia del crimen organizado y su relación con las agresiones y amenazas que viven muchos defensores de la tierra también tiene efectos ambientales, dice el reporte.
Por ejemplo, en la región peruana de Ucayali, las redes de narcotráfico han entrado en áreas naturales protegidas(opens in new tab) y territorios indígenas para evadir los controles estatales y poder cultivar coca para responder a la alta demanda. Según el reporte(opens in new tab) de 2025 de Naciones Unidas, en 2013 había 17 millones de consumidores de coca en el mundo. En 2023 ya eran 25 millones.
De acuerdo con Global Witness, en Ucayali, las plantaciones ilegales de coca crecieron más de un 600 por ciento entre 2019 y 2023, hasta llegar a 12.000 hectáreas, lo que ha fragmentado bosques(opens in new tab) primarios que hasta hace una década estaban intactos.
“Personas externas a nuestro territorio, que no tienen nada que ver con nuestro pueblo, entran a escondidas, hacen sembríos ilegales de coca y hacen la práctica del narcotráfico elaborando la droga dentro del territorio”, dijo a SciDev.Net Segundo Pino Bolívar, Comandante de la Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo, en Perú.
En esa misma reserva Kakataibo, destinada a la protección de indígenas en aislamiento voluntario, Global Witness reporta pistas de aterrizaje clandestinas, además de laboratorios de procesamiento y pozos de maceración, que provocan la pérdida del dosel forestal y contaminan las cuencas hídricas con insumos químicos pesados.
Además, denuncia que este tipo de actividades ilícitas atrae a otras dañinas para el ecosistema como la minería ilegal de oro, la extracción maderera no regulada, la pesca ilegal y el tráfico de fauna silvestre.
Autoprotección
Frente a la falta de protección por parte del Estado (opens in new tab), muchos grupos de defensores ambientales han optado por usar mecanismos de autoprotección y fortalecer sus saberes ancestrales.
“Nuestra resistencia es desde siempre, ya lleva décadas, pero a veces nos hemos sentido abandonados por el mismo Estado o por el mismo gobierno porque nuestras demandas o nuestros derechos no han sido respetados y han sido vulnerados. (…) Mejor entre nosotros nos cuidamos y autoprotegemos”, dice Pino Bolívar.
Un ejemplo son las Guardias Indígenas, grupos organizados de hombres, mujeres y niños, que monitorean el territorio para identificar invasiones o daños ambientales. “No son movimientos nuevos, son sus mismas prácticas ancestrales”, asegura Vélez Echeverri.
Dado que los bosques protegidos por estas comunidades albergan especies de uso medicinal tradicional y cultural (como la caoba, la yacuchapana (Terminalia oblonga), la ayahuasca (Banisteriopsis caapi) y el pijuayo (bactris gasipaes), el protegerlos también implica proteger reservas de biodiversidad genética, afirma.
Además, la defensa de los territorios tiene un efecto climático. Global Witness indica que entre los años 2000 y 2023, el territorio ancestral Kakataibo perdió casi la quinta parte de su cubierta arbórea. De continuar las tendencias provocadas por las invasiones, perderá más de una cuarta parte de su territorio forestal, liberando a la atmósfera gigatoneladas de emisiones de carbono que agravarán la crisis climática(opens in new tab) global.
Para Vélez Echeverri es importante insistir en defender a quienes defienden estos territorios, pero desde una mirada de justicia ambiental y no puramente instrumental.
“Estos lugares son importantes para luchar contra el cambio climático, pero no queremos decir que hay que proteger a los defensores porque están dando un servicio al resto de la humanidad. Estas personas están luchando por su territorio, por su hogar y por vivir en un lugar digno”, concluyó.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net
Medio original: rebelion.org
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