Esta realidad que se vive en las cuencas de los ríos Cenepa, Santiago y Marañón es expuesta en un reportaje audiovisual que comparte el Instituto de Defensa Legal (IDL).
En él se destaca el rol de las comunidades awajún y las personas defensoras en la vigilancia y denuncia del avance de la minería ilegal a pesar de los riesgos y altos costos que su actividad implica.
A la ausencia del Estado se suma el REINFO, un registro creado para formalizar a la pequeña minería, y que opera como cortada. El Estado ha prorrogado por más de una década el REINFO, sin exigir resultados.
El producto audiovisual aborda las dificultades para investigar esos delitos y el papel que ha tenido el REINFO en la falta de control de las actividades mineras y la impunidad.
El vacío en la ausencia del Estado no solo expone a las comunidades a amenazas directas. También ha hecho que parte de las propias comunidades, sin alternativas económicas, terminen cediendo terreno frente a la actividad ilegal o dependiendo de ella.
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional advirtió que ningún proceso de formalización puede eximir de responsabilidad penal a quien comete delitos ambientales.
En este reportaje, diversas voces narran, desde adentro, lo que significa denunciar en un territorio donde el Estado casi no está y la ley parece hecha para no cumplirse.
Varias personas defensoras contactadas por IDL prefirieron no aparecer en cámara, por temor a represalias. Su silencio también es parte de esta historia.
El vídeo brinda una mirada desde el territorio a una problemática que afecta los ríos, la vida comunitaria y la seguridad de quienes defienden sus derechos, los ríos, los bosques y la vida.
El IDL precisa que algunas imágenes fueron tomadas de: Frecuencia Latina, Ojo Público y el Ministerio del Interior.
Fuente: www.servindi.org
