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Las palabras que pueden terminar desnudando una relación que el poder quiso negar
Pese a los reiterados intentos del presidente Rodrigo Paz por negar o minimizar su cercanía con Fernando Cerimedo, fueron las propias palabras de este último las que terminaron abriendo una grieta en ese relato oficial.
Durante su traslado a Chonchocoro, Cerimedo declaró ante la prensa: “Que me perdone Rodrigo Paz por no haberle hecho caso y meterme con una loca”.
Una frase aparentemente circunstancial, pero políticamente demoledora. Porque, si realmente no existiera una relación cercana entre ambos, ¿por qué un detenido invocaría públicamente el nombre del presidente y le pediría perdón por una decisión personal? La frase obliga a formular preguntas que el poder no puede seguir esquivando.
Más allá de las explicaciones posteriores, lo que queda instalado en la opinión pública es la existencia de una relación que merece ser esclarecida. Y cuando se trata de una persona acusada de graves hechos delictivos, cualquier vínculo con el entorno presidencial debe ser investigado con absoluta transparencia. No basta con negar. El poder tiene la obligación de explicar. ¿Qué sabía el presidente?
Una de las cuestiones más graves que deben esclarecerse es qué información conocía el presidente Rodrigo Paz sobre las actuaciones de Cerimedo y desde cuándo. Si, como se ha denunciado, ya existían antecedentes de violencia contra Nadia Beller desde junio, surge una pregunta inevitable: ¿quiénes conocían esos hechos y qué hicieron al respecto?
Más delicada todavía es la investigación sobre el atentado que sufrió Beller y del que sobrevivió. Si se confirma que el ataque tuvo como propósito silenciarla, eliminarla o apoderarse de teléfonos y otros elementos que pudieran contener información comprometedora, estaríamos ante un hecho de extrema gravedad que no puede ser tratado como un episodio privado.
Y si las investigaciones determinaran que esos elementos contenían información relacionada con delitos, corrupción o tráfico de influencias que involucraran a personas vinculadas al poder político, la responsabilidad institucional sería todavía mayor.
Por eso, el silencio inicial, las respuestas evasivas y las explicaciones posteriores del presidente no despejan las dudas. Las profundizan.
Apelar a la fe, a la vocación cristiana o a consideraciones personales no sustituye la obligación de responder políticamente ante la ciudadanía.
La pregunta central es sencilla: ¿Qué sabía el presidente? ¿cuándo lo supo y qué hizo cuando tuvo conocimiento de los hechos?
Un escándalo no puede tapar al anterior, la gravedad del caso Cerimedo no debería hacer olvidar otros episodios que han generado interrogantes sobre la gestión gubernamental.
Una investigación verdaderamente independiente debería revisar, sin excepciones ni privilegios, los casos que han sido denunciados públicamente: las denominadas 32 narcomaletas; los contenedores en los que se habría encontrado madera y droga; el caso de los 189,5 kilos de oro con destino a Dubái; las denuncias relacionadas con el combustible adulterado o de dudosa calidad; y el incremento denunciado del tráfico de aeronaves vinculadas al narcotráfico en territorio boliviano.
Cada uno de estos episodios merece una investigación propia, seria y documentada.
Pero existe además una preocupación mayor: cuando el narcotráfico penetra determinadas estructuras económicas, políticas o institucionales, sus consecuencias no se limitan al tráfico de drogas. Aparecen la violencia, el sicariato, las disputas territoriales, los ajustes de cuentas y los asesinatos asociados al control de rutas, mercados y recursos provenientes de actividades ilícitas. Un Estado que permite que esas redes crezcan termina poniendo en riesgo no solamente la seguridad ciudadana, sino también la propia institucionalidad democrática.
Por eso resulta indispensable investigar hasta las últimas consecuencias cualquier eventual participación de funcionarios, familiares, operadores políticos, empresarios o personas cercanas al poder. Si alguien es inocente, una investigación independiente debe demostrarlo. Si alguien es responsable, debe responder ante la justicia. Lo que no puede existir es una justicia selectiva que persiga al débil y proteja al poderoso.
La corrupción no desaparece: cambia de escándalo. La sociedad boliviana tiene derecho a preguntarse si estamos ante hechos aislados o frente a una estructura de relaciones donde política, negocios, influencias y actividades ilícitas terminan cruzándose. Porque existe un patrón particularmente peligroso: cada nuevo escándalo termina desplazando al anterior del debate público.
Hoy se habla de Cerimedo, mañana aparece otro caso, después surge una nueva denuncia. Y mientras la indignación ciudadana se desplaza de un escándalo a otro, los procesos se diluyen, las investigaciones se ralentizan y los responsables terminan, demasiadas veces, sin recibir una respuesta contundente de la justicia. Así se construye la impunidad. No necesariamente mediante una orden explícita para proteger a alguien, sino mediante silencios, omisiones, demoras, encubrimientos políticos y una justicia que mira hacia otro lado. La impunidad también es una forma de corrupción.
Muchas preguntas que siguen abiertas frente a todo esto y existen preguntas que no pueden ser sepultadas por el ruido político ni por nuevas cortinas de humo:
Y queda una pregunta histórica, inevitable para quienes observan las relaciones entre poder político y operadores: ¿Fernando Cerimedo ocupó para Rodrigo Paz un papel semejante al que en su momento desempeñó Oscar Eid Franco junto a Jaime Paz Zamora, padre del actual presidente?
La comparación, por supuesto, no demuestra por sí misma ninguna responsabilidad penal. Pero sí plantea una discusión política sobre el papel de los operadores cercanos al poder, la influencia que pueden ejercer y los límites que deben existir entre un gobierno, sus asesores y sus relaciones personales o políticas.
¿Y la explosión de Vicha?
También merece ser esclarecido el episodio de la explosión de Vicha y, sobre todo, si existió algún intento de utilizarlo políticamente para desviar la atención pública de otros problemas.
¿Fue una operación de distracción política? ¿Un intento de construir un psicosocial para cambiar la agenda? ¿O simplemente otro episodio cuya dimensión terminó escapando al control de quienes pretendían utilizarlo?
No corresponde afirmar una respuesta sin pruebas, pero precisamente por eso corresponde investigar. Bolivia necesita verdad, no cortinas de humo. El problema de fondo ya no es solamente Fernando Cerimedo, el verdadero problema es qué clase de Estado estamos construyendo.
Un Estado donde los poderosos pueden negar, evadir y esperar que el siguiente escándalo tape al anterior, o un Estado donde la ley se aplica independientemente del apellido, del cargo o de la cercanía con el poder.
Bolivia no necesita más discursos, necesita investigaciones independientes, fiscales que actúen sin presiones, jueces que no respondan a intereses políticos y periodistas que puedan investigar sin miedo y necesita, sobre todo, una ciudadanía que no acepte que la corrupción se convierta en paisaje cotidiano. Porque cuando un gobierno pierde la capacidad de explicar lo que ocurre a su alrededor, la sospecha deja de ser solamente política. Se convierte en una crisis de confianza institucional.
Y cuando la justicia deja de investigar al poder, la impunidad deja de ser una excepción: se convierte en sistema. La sociedad boliviana tiene derecho a saber. ¿Quién protege a quién?, ¿Quién sabía qué?, ¿Quiénes se beneficiaron? y ¿Quiénes están siendo investigados? Y, sobre todo: ¿Quién responderá ante Bolivia cuando finalmente caigan todas las cortinas de humo?
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