Virgilio Trujillo fue asesinado a tiros cerca de Puerto Ayacucho, capital del estado de Amazonas. Foto: cortesía ORPIA.
La “invasión minera” en el Arco Minero del Orinoco comenzó oficialmente el 24 de febrero de 2016, cuando el gobierno de Nicolás Maduro decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
Durante esta década los pueblos indígenas de la región han sufrido los estragos de esta ocupación que ahora se ha agravado con las disputas de grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos de Colombia.
En agosto de 2026, Julio Rodríguez, máxima autoridad del pueblo indígena Jivi Ekunay, fue asesinado y aunque no se ha esclarecido quiénes fueron los autores, su muerte expone la situación de vulnerabilidad y amenazas de los pueblos indígenas en la zonas mineras.
Lisa Henrito, lideresa del pueblo Pemón, expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el dramático panorama de violencia que enfrentan los pueblos indígenas en el estado de Bolívar.
Mongabay Latam presenta un reportaje sobre la situación que se repite en todas las zonas mineras y que recoge un documentado informe de SOS Orinoco, en el que se precisa la existencia de por lo menos 26 grupos armados que operan en cuatro estados del sur venezolano: Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Esequibo (zona en disputa con Guyana).
Un trabajador usa agua para comprobar cuánto oro absorbe una placa de cobre cubierta de mercurio en El Callao, estado de Bolívar. Foto: AP/Matías Delacroix
Pueblos Indígenas de Venezuela bajo fuego: 26 grupos armados y minería ilegal los amenazan en el Arco Minero del Orinoco
Por Yvette Sierra Praeli*
«Desde 2010 tenemos más de 40 crímenes de personas indígenas pertenecientes a los pueblos Pemón, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu que han sido asesinados por las fuerzas públicas o actores no estatales», afirma Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Lo dice luego del asesinato de Julio Rodríguez, capitán –máxima autoridad de comunidad o pueblo– del pueblo indígena Jivi Ekunay, quien fue secuestrado el 2 de agosto y hallado muerto días después.
El hecho ocurrió en Bolívar, un estado con intensa actividad minera, en su mayoría ilegal, que forma parte del Arco del Orinoco –una extensa área minera creada por el presidente Nicolás Maduro– y tiene fuerte presencia de grupos armados. “Es un territorio donde se explota el oro, pero también el estaño y el coltán. Y está cerca a la comunidad donde Julio Rodríguez ejercía como capitán», señala el antropólogo Aimé Tillett, integrante de Wayamoutheri, un programa de promoción de los derechos indígenas en Venezuela.
La lideresa indígena pemón Lisa Henrito presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un panorama de la violencia que enfrentan los pueblos indígenas en el estado de Bolívar. Foto: cortesía Lorena Meléndez.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de amenaza para los líderes indígenas en los territorios venezolanos ocupados por actividades mineras ilegales. Según un informe de SOS Orinoco, publicado en julio de 2026, “el estado Bolívar constituye el principal núcleo de actividad criminal, concentrando la mayor cantidad de grupos armados”. El reporte señala que por lo menos 26 grupos armados operan en cuatro estados del sur venezolano: Amazonas, Bolivar, Delta Amacuro y Esequibo (zona en disputa con Guyana). Según el informe, estos grupos están presentes en 20 de los 21 municipios que existen en esta zona.
La investigación también sostiene que estos grupos armados actúan “como estructuras de gobernanza de facto que regulan la vida económica y social de amplias zonas del territorio”. En los lugares donde actúan, “predominan los mecanismos de control territorial, administración informal de justicia, extorsión sistemática, control de corredores fluviales y fronterizos, regulación de la actividad minera y provisión de servicios básicos a comunidades donde la presencia estatal es débil o inexistente”.
También se menciona que la expansión criminal no se explica solo por la fortaleza de los grupos armados ante la ausencia del Estado, sino que apunta a “la existencia de un sistema de gobernanza criminal híbrida caracterizado por distintos niveles de tolerancia, coexistencia, facilitación y presunta colaboración entre actores estatales y organizaciones armadas”.
“Estos grupos armados operan cobrando ‘vacunas’ –extorsión–, regulando la vida cotidiana, ‘administrando justicia’ en las minas y realizando otras tareas que corresponden a las instituciones del Estado, como el pago de salarios a maestros y médicos, e incluso repartiendo alimentos y medicinas”, precisa el documento.
Dónde operan los grupos armados en el estado de Bolívar, en el sur de Venezuela. Mapa: cortesía SOS Orinoco.
“Hay muy poca presencia del Estado venezolano. No hay contacto permanente. Son comunidades que además padecen falta de medicamentos y alimento, se ha trastocado absolutamente sus modos de subsistencia. El caso de Julio es el espejo de una crisis más profunda que se ha venido acelerando y que no habíamos calculado”, agrega Murillo.
Pueblos indígenas dentro del Arco Minero
“Como indígenas que vivimos dentro del Arco Minero podemos decir que nada ha cambiado desde el 3 de enero, específicamente en las zonas mineras del sur del estado de Bolívar, municipio de Sifontes, mientras aumenta la contaminación por mercurio en los principales ríos como Cuyuni, Yuruari, Chicanán, afectando la salud materna de las mujeres y de los niños”, dice la lideresa indígena del pueblo pemón y defensora ambiental Lisa Henrito al iniciar su participación durante el 196 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado en agosto. Allí representantes de Venezuela expusieron los impactos de la minería y otras actividades extractivas.
Henrito habló sobre lo que ocurre con las comunidades indígenas en Bolívar por la presencia minera y la criminalidad organizada. Dijo que “la contaminación de los ríos por mercurio está afectando la salud materna de las mujeres y niños”. Además, alertó sobre “el consumo de estupefacientes por parte de menores de edad en las comunidades”.
Una draga minera vista desde el margen izquierdo del río Kukenán, en el estado de Bolívar. Foto María Ramírez Cabello.
“Desde diciembre de 2025 hasta esta fecha se han registrado varios y diversos tipos de crímenes de los cuales resaltan tres por la crueldad con la que fueron ejecutados”, agrega para luego describir asesinatos cometidos por jóvenes indígenas bajo los efectos de las drogas.
El panorama que describe incorpora casos de tráfico de menores y divisiones dentro de los pueblos indígenas. “Hay conflictos entre los propios pueblos indígenas, entre quienes defienden los valores ancestrales frente a quienes apuestan por la minería como único mecanismo de subsistencia, situación que conviene al sistema de gobernanza criminal que reina en nuestra zona y al gobierno de turno”, cuestiona.
“El despojo territorial es una de las mayores amenazas vigentes y graves que podemos vivir como comunidades indígenas”, dice Henrito y continúa su discurso para adentrarnos en la inseguridad y violencia impuesta por los remanentes de los grupos armados de Colombia y los sobrevivientes de las bandas criminales que “siguen generando brotes de violencia intermitente” en medio de disputas y ofrecimientos económicos a las comunidades indígenas para tomar el control de las zonas mineras.
Tampoco deja de lado al Gobierno, por entregar “zonas ricas en oro y otros minerales a grandes empresas y grupos con poder económico y político sin implementar medios de vida para la población local”.
La presidenta de Venezuela anunció que el país incrementará la producción de oro en 30 % para 2026. Foto: Ariana Cubillos/AP.
En la audiencia, Javier Palummo Lantes, relator especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, informó que pese a haber sido convocado, el Estado venezolano no respondió ni participó en la audiencia. No obstante, Palummo señaló que continuará monitoreando la situación en ese país.
Mongabay Latam solicitó al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas información sobre las acciones realizadas para la protección de los pueblos indígenas en las zonas mineras con presencia del crimen organizado, pero hasta el cierre de esta nota no había recibido respuesta.
“Han habido ejecuciones, desapariciones, reclutamientos forzados, desplazamiento masivo de comunidades indígenas y todo esto operando con la anuencia de las autoridades civiles y militares de Venezuela”, dice Cristina Burelli, directora ejecutiva de SOS Orinoco, sobre lo que se vive en los pueblos indígenas ubicados en los estados mineros.
Burelli señala que es muy difícil documentar las amenazas y asesinatos en la Amazonía venezolana por el temor que tienen las personas de contar lo que sucede, por tanto, “se quedan callados”, y solamente se conocen los crímenes “muy visibles” como el caso de Virgilio Trujillo, del pueblo indígena uwottuja, asesinado en 2022.
Trujillo se oponía a la minería ilegal y a la presencia de grupos armados que entraban a su territorio comunal en el estado de Amazonas. “Sabemos que los yanomami, los pemón, los piaroa, los yekwana están siendo amenazados”, agrega Burelli.
Vivir en medio de disputas violentas
El estudio de SOS Orinoco identifica a los 26 grupos armados que operan en los cuatro estados del sur de Venezuela, que incluye al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos derivados de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La lista también suma al Primeiro Comando da Capital (PCC), al Tren de Aragua y a Tren de Guayana, entre otros.
Los grupos armados que operan en el estado de Amazonas, en el sur de Venezuela. Mapa: cortesía SOS Orinoco
Según esta investigación, los grupos armados con mayor presencia fueron el ELN y las disidencias de las FARC, los mismos que están presentes en 16 de los 21 municipios que hay en toda esta zona. Otras organizaciones locales como la Organización 3R, el Tren de Guayana y varios de los ‘sindicatos mineros’ tienen un dominio focalizado sobre enclaves estratégicos de extracción aurífera.
“Las amenazas que rodean a las comunidades indígenas venezolanas están en manos de grupos armados ilegales, tanto extranjeros como nacionales”, comenta Murillo, de Provea. “Hay una combinación letal en el país donde grupos armados de criminalidad urbana migraron a los yacimientos mineros y ahora coexisten con grupos armados internacionales como las disidencias de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y la guerrilla colombiana del ELN [Ejército de Liberación nacional]”, dice Murillo sobre el panorama de violencia en las zonas mineras del sur de Venezuela.
El asesinato de Julio Rodríguez no ha sido esclarecido. “No se saben los detalles”, dice Murillo, pero explica que el año pasado hubo una ruptura de lo que era una especie de alianza de entendimiento entre las disidencias de las FARC y el ELN. “Entraron en una disputa más violenta de esos territorios y en medio están las comunidades indígenas, absolutamente vulnerables y abandonadas”.
El pueblo Yanomami de Venezuela vive bajo amenaza de actores ilegales. Foto: cortesía Grupo de Trabajo Socioambiental Wataniba.
“Allí hay muy poca presencia del Estado venezolano. El último contacto con representantes del Estado, nos dicen ellos, fue hace más de un año.”, comenta Murillo.
El antropólogo Tillett comenta también sobre otros asesinatos ocurridos en las zonas mineras. Menciona el caso de un indígena warao, en el estado de Bolívar, así como el caso de dos indígenas piaroas, en la misma zona.
Los crímenes de la población indígena en Venezuela no son esclarecidos. El informe de Provea sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 2025 incluye tres casos de asesinatos que permanecen impunes. El caso de Virgilio Trujillo es uno de ellos, también está el de Joaquín Hernández, indígena ye’kwana de la comunidad de Tencua, en el estado de Amazonas, considerado un guardián de su territorio, asesinado en septiembre de 2024 por individuos que no han sido identificados. Un tercer caso es el de Franklin Fernández, indígena yukpa, a quien mataron en la plaza central de Machiques, estado de Zulia.
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*Yvette Sierra Praeli es periodista y reside en Lima, Perú, con más de una década de experiencia como periodista de investigación en temas ambientales, científicos y de actualidad. Ha trabajado en medios impresos y digitales en Perú, ha colaborado con La Voz de Arizona en EE. UU. y para el periódico La Nación en Costa Rica. Comenzó a escribir para Mongabay Latam como colaboradora y se unió al personal en diciembre de 2017. Síguela en twitter: @yvettesierra
Medio original: Servindi – Servicios de Comunicación Intercultural
Enlace oficial: Ver artículo original aquí
