La «Ley de Defensa Permanente de la Democracia», popularmente conocida como la «Ley Maldita», es uno de los capítulos más controvertidos y oscuros de la historia política chilena. Promulgada en 1948, durante el gobierno del presidente Gabriel González Videla, esta ley fue un instrumento legal que marcó un antes y un después en la persecución y represión de la izquierda política en Chile, en particular del Partido Comunista. Un aspecto significativo de este periodo es la colaboración del Partido Socialista chileno en la aprobación y posterior implementación de esta ley, lo que ha generado un debate profundo y prolongado sobre el papel de las fuerzas políticas de la época y las dinámicas internas de la izquierda chilena.
En la actualidad una serie de antecedentes apuntan a la configuración de un nuevo ciclo de persecución política en contra del Partido Comunista y las izquierdas en el país, que, al igual que la Ley Maldita, no solo viene orquestado desde EEUU sino que cuenta con el ferviente apoyo de sus socios de coalición, concertacionistas y frenteamplistas. No es casualidad el lawfare en contra de Daniel Jadue, la operación de bandera blanca vinculada al asesinato del ex teniente venezolano Ronald Ojeda y el actual acoso a los comunistas por oponerse a desconocer los resultados electorales en Venezuela.
Una revisión de la llamada «Ley Maldita», su contexto histórico, contradicciones y repercusiones creemos puede aportar en las decisiones que hoy el comunismo chileno debe enfrentar. En este episodio brilla nuevamente la figura de Salvador Allende, quien a riesgo de remar en contra de la corriente y quedar en minoría en su partido, se opuso tenazmente a esta afrenta. Que distancia con los actuales militantes del Partido Socialista y el FA chileno, tan preocupados de dar prueba de blancura al bloque occidental.
Por: Nicolás Romero
En la década de 1940, el mundo estaba inmerso en la Guerra Fría, un enfrentamiento ideológico entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque encabezado por la Unión Soviética. Este conflicto global tuvo repercusiones en todo el mundo, y Chile no fue la excepción. El gobierno de González Videla había llegado al poder con el apoyo de una coalición que incluía al Partido Comunista, pero las tensiones internacionales y la presión de Estados Unidos, que veía con recelo la influencia comunista en América Latina, llevaron al presidente a cambiar su postura.
En este contexto, la «Ley de Defensa de la Democracia» fue presentada como una medida para proteger al país de la influencia comunista, prohibiendo la existencia del Partido Comunista, expulsando a sus miembros del parlamento y persiguiendo a sus militantes. La ley se convirtió en un símbolo de la represión anticomunista en Chile, una mancha en la historia democrática del país.
Al momento de la promulgación de la «Ley de Defensa Permanente de la Democracia» en 1948, el Partido Comunista de Chile (PCCh) gozaba de un apoyo electoral significativo, siendo una fuerza política importante dentro del país. En las elecciones parlamentarias de 1945, tres años antes de la aplicación de la Ley Maldita, el PCCh obtuvo aproximadamente un 17% de los votos, lo que le permitió consolidarse como la tercera fuerza política de Chile, después del Partido Radical y el Partido Conservador.
Representación en el Congreso
Este apoyo se tradujo en una presencia relevante en el Congreso Nacional:
Cámara de Diputados: El PCCh obtuvo 17 escaños en la Cámara de Diputados, representando a una parte significativa del electorado chileno.
Senado: El PCCh contaba con 4 senadores en el Senado.
La influencia política del Partido Comunista en ese momento era considerable, especialmente en las áreas urbanas e industriales, donde su base de apoyo entre los trabajadores y los sindicatos era fuerte. Esta creciente influencia fue uno de los factores que motivó la promulgación de la Ley Maldita, ya que tanto el gobierno de Gabriel González Videla como sus aliados conservadores y liberales veían al PCCh como una amenaza para la estabilidad política en el contexto de la Guerra Fría.
La colaboración del Partido Socialista
La colaboración del Partido Socialista (PS) en la aprobación de la Ley Maldita es un aspecto crucial y complejo de este periodo. A mediados del siglo XX, el PS era una fuerza política influyente en Chile, con una base de apoyo significativa entre los trabajadores y sectores populares. Sin embargo, las relaciones entre el PS y el Partido Comunista (PC) habían sido históricamente tensas, a pesar de compartir una base ideológica de izquierda.
Cuando la Ley de Defensa de la Democracia fue propuesta, el PS, en lugar de oponerse rotundamente, adoptó una postura ambigua. Aunque algunos sectores del PS expresaron su rechazo a la ley, el partido en su conjunto no se movilizó para detener su aprobación. De hecho, algunos parlamentarios socialistas votaron a favor de la ley, facilitando su paso por el Congreso.
Las razones detrás de esta colaboración son objeto de debate. Por un lado, algunos argumentan que el PS estaba preocupado por la creciente influencia del PC entre los trabajadores y temía ser desplazado como la principal fuerza de izquierda en Chile. Por otro lado, otros sugieren que el PS estaba alineándose con el gobierno de González Videla en un intento por preservar la estabilidad política del país en un contexto internacional cada vez más polarizado.
Independientemente de las motivaciones, la colaboración del PS en la aprobación de la Ley Maldita tuvo consecuencias duraderas. La represión que siguió a la promulgación de la ley debilitó considerablemente al Partido Comunista y alteró el equilibrio de poder dentro de la izquierda chilena. Además, dejó una marca profunda en la memoria histórica del país, generando tensiones y recriminaciones que persisten hasta hoy.
La Ley Maldita fue derogada en 1958, una década después de su promulgación, pero sus efectos se sintieron durante mucho tiempo. La colaboración del Partido Socialista en este proceso es recordada como un momento de traición por muchos en la izquierda chilena, una acción que contribuyó a la división y desconfianza dentro del movimiento obrero y socialista del país.
En años posteriores, el Partido Socialista intentó distanciarse de su participación en la aprobación de la Ley Maldita, pero el episodio sigue siendo un tema de discusión y análisis. Para algunos, representa una lección sobre los peligros de la realpolitik y las alianzas tácticas, mientras que para otros, es un recordatorio de los complejos desafíos que enfrenta la izquierda en contextos de represión y persecución.
Expulsión de parlamentarios y represión política
Una de las primeras y más visibles consecuencias de la Ley Maldita fue la expulsión de todos los parlamentarios comunistas del Congreso Nacional. En total, 26 diputados y 4 senadores comunistas fueron despojados de sus cargos, privando a cientos de miles de chilenos de su representación política. Esta medida no solo debilitó al PCCh como fuerza política, sino que también envió un mensaje claro sobre la intolerancia del gobierno hacia cualquier forma de disidencia comunista.
Persecución de militantes y simpatizantes
La represión no se limitó a los parlamentarios. Bajo la Ley Maldita, miles de militantes y simpatizantes del Partido Comunista fueron perseguidos, arrestados y sometidos a hostigamiento. Se estima que entre 2,000 y 5,000 personas fueron detenidas durante este periodo, muchas de las cuales fueron sometidas a juicios militares sumarios y encarceladas por largos periodos.
Los comunistas fueron marginados socialmente, perdiendo sus empleos y siendo excluidos de la vida pública. Las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo la Policía de Investigaciones y Carabineros, llevaron a cabo operaciones sistemáticas para identificar y detener a los miembros del PCCh, muchos de los cuales se vieron obligados a pasar a la clandestinidad o exiliarse para evitar la persecución.
Exilio y clandestinidad
El exilio y la clandestinidad se convirtieron en la única opción para muchos comunistas que buscaban evitar la cárcel o la represión. Varios líderes del PCCh, como Pablo Neruda, se vieron forzados a abandonar el país. Neruda, quien también era senador en ese momento, utilizó su inmunidad parlamentaria para denunciar la represión y, tras una intensa campaña de acoso por parte del gobierno, se exilió en Argentina y luego en Europa.
En total, se calcula que entre 1,000 y 2,000 comunistas se vieron obligados a salir de Chile durante la vigencia de la Ley Maldita. La clandestinidad también se intensificó, con la creación de redes subterráneas para mantener vivo el partido y seguir operando a pesar de la prohibición. Estas redes, aunque fragmentadas, permitieron al PCCh resistir la represión y mantener cierta capacidad organizativa.
Control de medios y propaganda anticomunista
La Ley Maldita también fue acompañada de una intensa campaña de propaganda anticomunista. El gobierno de Gabriel González Videla, con el apoyo de sectores conservadores y liberales, utilizó los medios de comunicación para difundir el temor al comunismo, presentando a los comunistas como una amenaza para la estabilidad y la seguridad nacional. Esta propaganda no solo justificaba la represión, sino que también fomentaba un ambiente de paranoia y delación, en el cual ser comunista o simpatizante del PCCh se convirtió en un estigma social.
Los medios de comunicación controlados por el gobierno y las elites conservadoras demonizaron al PCCh, asociándolo con el peligro soviético y la subversión, lo que facilitó la aceptación de la Ley Maldita por parte de amplios sectores de la sociedad chilena.
Impacto a largo plazo
El impacto de la Ley Maldita sobre el Partido Comunista de Chile fue devastador a corto plazo, pero no logró destruir al partido. A pesar de la represión, el PCCh sobrevivió y, con el tiempo, se reorganizó. En 1958, diez años después de la promulgación de la ley, esta fue derogada, permitiendo que el PCCh retomara su actividad política de manera legal.
Sin embargo, la represión dejó una cicatriz profunda en la memoria histórica del partido y de la izquierda chilena en general. El sufrimiento y la resistencia de los comunistas durante este periodo se convirtieron en un símbolo de la lucha por la democracia y los derechos políticos en Chile, y marcaron un precedente en la historia de la represión estatal en el país.
El legado de la Ley Maldita y la persecución al Partido Comunista sigue siendo un tema de reflexión y análisis, recordando los peligros de las políticas represivas y la importancia de la defensa de los derechos democráticos, incluso en los contextos más difíciles.
