Amazonía, favorecen deforestación y acaparamiento de tierras

La oficial de proyectos en Justicia ambiental y climática de Oxfam, Claudia Castillo, destaca que el sistema de adquisición de tierras implementado por Perú beneficia a los privados y desfavorece a las comunidades indígenas por las trabas burocráticas a las que se enfrentan.

Descargar informe desde el siguiente enlace: https://goo.su/KwW5eCT

—¿Cuáles son las leyes en Perú que favorecen el avance de la agroindustria por sobre la conservación de los bosques?

En Perú, en realidad, hay varias leyes que a lo largo del tiempo han favorecido la expansión de la agroindustria por encima de la conservación de los bosques. Creo que un punto clave en este proceso fue la Ley del Registro de Predios Rurales de 1991. Esta norma facilitó un acceso rápido y desregulado a la propiedad rural en la Amazonía.

Básicamente permitió que la simple posesión y explotación agropecuaria de tierras pudieran convertirse luego en un título de propiedad. Y de esta manera se acelera la conversión de bosques en áreas agrícolas. Otro factor importante que también podríamos señalar ha sido la promoción de cultivos como la palma aceitera, que en 2000 fue declarada de interés nacional y que luego fue complementada en 2003 con la Ley de Promoción del Mercados de Biocombustibles.

Entonces estas políticas, aunque han estado orientadas a la diversificación de la economía y la reducción de cultivos ilícitos, lo cierto es que han incentivado la deforestación y el acaparamiento de tierras en la Amazonía.

—¿Cuál es la ruta legal que siguen las empresas para el acaparamiento de tierras y la deforestación?

El informe Laberinto Verde plantea dos rutas legales principales que han facilitado el acceso a tierras en la Amazonía para actividades agroindustriales.

Por un lado tenemos el procedimiento del cambio de uso de suelo. En teoría este proceso lo que busca es garantizar que solo las tierras aptas para la agricultura sean destinadas para este fin. Para esto las empresas deben pasar por varias etapas, como estudios de suelo, evaluaciones ambientales y permisos específicos. Sin embargo, en la práctica la implementación de esas regulaciones ha sido deficiente, con evaluaciones técnicas que muchas veces resultan favorables para las empresas, aun cuando los terrenos tenían cobertura forestal.

La otra ruta que plantea Laberinto Verde, que ha sido la más utilizada, es la formalización de la propiedad agraria. Originalmente estaba pensada para pequeños agricultores y básicamente lo que permitía era titular tierras a quienes demostraban haberlas ocupado y usado. Sin embargo, al no haber esta diferencia entre tierras con bosques y sin bosques, lo que se ha generado es un incentivo a deforestar, instalar un cultivo y luego buscar la formalización del predio.

Este mecanismo ha facilitado la acumulación de tierras por parte de grandes empresas, muchas veces a través de terceros que obtienen títulos y luego los venden. En algunos casos estas prácticas han estado ligadas al tráfico de tierras y a la corrupción de entidades encargadas de titulación.

—Recientemente se modificó la Ley Forestal. ¿De qué manera favorece esta norma a la gran industria?

Básicamente lo que hace esta norma es facilitar que la gran industria acceda a tierras que antes eran bosques. Antes de esta ley era obligatorio hacer un proceso de zonificación para saber qué tierras podían ser deforestadas legalmente y cuáles debían protegerse. Pero con la modificación se elimina este requisito y se deja la puerta abierta para que las empresas regularicen tierras que han deforestado de manera ilegal. En otras palabras, lo que antes era un delito ahora se puede parchar con un trámite. Y esto beneficia principalmente a los grandes agronegocios porque en realidad dan más posibilidades para poder expandirse, incluso en zonas de alto valor ecológico.

—¿Por qué los agronegocios han incrementado la desigualdad en la adquisición de la tierra entre las grandes empresas y los pueblos indígenas?

Mientras los pueblos indígenas enfrentan procesos largos, tediosos, burocráticos para poder titular sus territorios, las grandes empresas agroindustriales logran obtener títulos de manera mucho más rápida y sencilla a través de la tercerización, por dar un ejemplo.

Entonces, también mencionamos en Laberinto Verde que en muchos casos las autoridades otorgan permisos de posesión a terceros, que luego transfieren esas tierras a las grandes empresas. Es un juego de doble estándar. Por un lado, trabas y demoras a los pueblos indígenas, y para otros, facilidades y rapidez. Y a esto se suma que muchas empresas evitan las regulaciones ambientales trasladando la responsabilidad a pequeños productores, quienes muchas veces no cuentan con los recursos para cumplir con las regulaciones ambientales.

—Finalmente, ¿Cuál es el costo climático de la expansión de la agroindustria que se calcula para los próximos 10 años?

Bueno, la expansión de la agroindustria en la Amazonía peruana tiene un costo ambiental enorme. Solo en los últimos años se ha estimado que más de 1.3 millón de hectáreas de bosque han desaparecido por actividades agrícolas, generando emisiones de más de 700 toneladas de dióxido de carbono. Y lo preocupante es que las mayores pérdidas de bosque ocurren en grandes unidades agropecuarias de más de 60 hectáreas.

Entonces, en la Amazonía peruana, y esto lo mencionamos en Laberinto Verde, hay cuatro plantaciones que concentran el 45 % del carbón emitido por esos cultivos a 2021. Si bien en Laberinto no hacemos una proyección a los próximos 10 años, lo cierto es que si como país seguimos esta tendencia en los próximos años el costo climático será enorme. No solo se seguirá perdiendo bosque, sino que Perú tendrá grandes dificultades para cumplir su meta de reducción del 40 % de Gases de Efecto Invernadero.

Y bueno, la realidad nos dice que mientras el planeta enfrenta una crisis climática, aquí en Perú se siguen promoviendo modelos que agravan el problema en lugar de solucionarlo.