En México los crímenes contra defensores ambientales crecieron en 25% en 2024.
Durante 2024, los asesinatos de defensores ambientales en México aumentaron un 25 %, alcanzando 25 homicidios, cinco más que el año anterior, según el informe anual del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Se trata de la segunda cifra más alta en una década de documentación, lo que confirma un alarmante contexto de violencia contra quienes protegen la tierra y el territorio.
¿Quiénes están detrás de las vulneraciones contra defensores?
El reporte señala un preocupante incremento de la participación del Estado en las agresiones, consolidándose como el principal agente agresor con el 65.9 % del total de casos, 16 % más que en 2023.
También destaca la creciente responsabilidad de empresas privadas, involucradas en 25 episodios de violencia, y de grupos del crimen organizado, responsables de otros 17 ataques.
El estado de Oaxaca encabeza la lista de violencia contra defensores, concentrando 15 de los casos documentados, seguido de Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz, que representan más de la mitad de agresiones registradas en 2024.
Ante este escenario, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, anunció la integración de la dependencia a las mesas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Boy sostuvo que trabajarán para sensibilizar a otras instancias del Gobierno, especialmente ante los señalamientos de agresiones estatales.
Criminalización otra forma de violencia
El CEMDA documentó al menos 20 eventos de criminalización que afectaron a 77 defensores, incluyendo casos como el de Juana Inés Ramírez Villegas, defensora indígena mixe de Oaxaca, por oponerse al megaproyecto Tren Interoceánico.
De acuerdo con el CEMDA, este tipo de violencia se realizó en al menos 20 eventos de agresión durante 2024, con un total de 77 defensores y defensoras ambientales y del territorio criminalizados.
La criminalización contra los defensores está acompañada de intimidación, hostigamiento, estigmatización y difamación, es el tipo de agresión más frecuente.
¿Qué mecanismos son necesarios?
El informe del CEMDA resalta la urgencia de implementar plenamente el Acuerdo de Escazú, tratado regional que garantiza derechos de información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Para Juana Ramírez y otras voces defensoras, sin la aplicación efectiva de este acuerdo, los megaproyectos seguirán avanzando a costa de la criminalización y violencia contra las comunidades.
Mientras tanto, defensores siguen resistiendo entre amenazas, hostigamientos judiciales y la esperanza de que alianzas con instituciones permitan abrir espacios de diálogo y revertir los impactos sociales y ambientales de proyectos como el Tren Interoceánico.
Fuente: servindi.org
