Unas 80 000 personas, de las cuales más de 52 000 forzadas a huir de sus hogares, permanecen afectadas por la lucha que se desató hace un mes entre grupos insurgentes en la región del río Catatumbo, noreste de Colombia, indicó un reporte de Acnur divulgado este miércoles 19.
“Hacemos un llamado urgente al cese inmediato de la violencia contra la población civil, no sólo en el Catatumbo, sino también en otras regiones donde persisten situaciones similares”, dijo Mireille Girard, representante en Colombia de las Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Por el control de áreas en esa región fronteriza con el suroeste de Venezuela, y donde hay sembradas unas 44 000 hectáreas de coca según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, chocan las guerrillas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
![Fuentes: Mongabay [Imagen: enormes terrenos de Nueva Austria del Sira han sido invadidos y depredados, algunos para la siembra de hoja de coca. Foto: Hugo Alejos.]](https://radiovictoriagt.com/wp-content/uploads/2025/02/30-comprimido-4-300x201.jpg "La violencia golpea a la ciencia: expertos son amenazados por revelar impactos a la biodiversidad")
Los combates estallaron el pasado 16 de enero, después de que un agente funerario y su pequeño hijo fueron asesinados, y luego cayeron abatidos algunos excombatientes de las Farc, firmantes de un acuerdo de paz con el gobierno que data de 2016 y mediante el cual se desmovilizó la mayor parte de esa insurgencia.
Tras el acuerdo de paz, el retiro de las Farc de zonas como la del Catatumbo creó un “vacío” por el control territorial que tratan de llenar una de sus disidencias, conocida como Frente 33, y el ELN.
En los enfrentamientos y venganzas entre esos grupos armados, en ocasiones con registros casa por casa en zonas rurales y pequeños poblados de la región, murieron en cuestión de días al menos 63 personas según fuentes militares, y más de 80 de acuerdo con informes de otras entidades.
Decenas de miles de personas huyeron a los centros urbanos de: Cúcuta, la capital del departamento Norte de Santander, y otros municipios como Ocaña y Tibú, para ponerse a salvo de la confrontación, y varios miles incluso ingresaron durante días a territorio de Venezuela, país que reforzó su vigilancia militar de la frontera.
Junto con 52 000 personas que debieron huir de sus hogares, Acnur reportó que otras 19 000 tienen su libertad de movimientos restringida, y más de 8600 permanecen en confinamiento sin posibilidad de desplazarse.
Entre los afectados hay más de 47 000 niñas, niños y adolescentes, así como al menos 4600 personas refugiadas y migrantes de la vecina Venezuela.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó estado de excepción en la región del Catatumbo y ordenó reforzar las tareas de vigilancia y seguridad con 1000 efectivos militares, helicópteros y artillería, mientras los obispos católicos de Cúcuta y Ocaña señalan que persiste la tensa situación de violencia y desplazamientos.
Desde que existen datos oficiales, este es el mayor desplazamiento masivo en Colombia generado por un mismo hecho, y Acnur llamó en su reporte a que cese la violencia contra la población civil y solicitó acceso humanitario sin restricciones a las poblaciones afectadas.
Girard subrayó que “es fundamental garantizar el acceso humanitario a las comunidades afectadas por restricciones y confinamientos”.
“Colombia cuenta con un marco legal sólido para responder a estas situaciones, pero la magnitud de los desplazamientos y confinamientos ha superado las capacidades de todos los actores humanitarios”, según la responsable de Acnur.
Agregó que por ello “es necesario sumar esfuerzos para seguir apoyando a las comunidades, las instituciones y las organizaciones humanitarias en la respuesta”, y enfatizó la urgencia de garantizar la protección y el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes, así como la prevención de la explotación y el abuso sexual.
Para las familias desplazadas y los líderes comunitarios se requieren medidas de protección, así como albergue, asistencia alimentaria, agua potable, servicios de salud y acceso a la educación.
“También es fundamental fortalecer la atención psicosocial y la prevención de la violencia contra grupos vulnerables, especialmente para niñas, niños, adolescentes y mujeres en alojamientos temporales”, indicó el reporte de Acnur.
Además, considera prioritario garantizar la protección jurídica de las tierras abandonadas por quienes debieron huir, con el fin de planificar retornos seguros y prevenir el despojo.
Según el monitoreo de Acnur, otras zonas de Colombia también están actualmente afectadas por el desplazamiento de familias y comunidades debido a la persistencia de la violencia, en el norte, occidente y suroeste del país.
Colombia es uno de los países con mayor número de desplazamientos internos en el mundo, con un acumulado de 8,8 millones de personas desplazadas a lo largo de su historia de más de medio siglo de conflicto armado.
Fuente: servindi.org
