La Corte IDH condenó al país por permitir la reelección de Daniel Ortega pese a que estaba prohibida en la Constitución.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el país no tomó acciones para detener la reelección de Daniel Ortega en 2011 y, al contrario, las instituciones del Estado pretendieron dar una apariencia de legalidad a dicho proceso.
Ortega ya había sido presidente en dos mandatos (1985-1990 y 2007-2012) y la Constitución no le permitía reelegirse, pero la Corte Suprema determinó en 2009 la “inaplicación” de la prohibición en su caso.
Por esto, la Corte concluyó que hubo una falta de integridad en el proceso que favoreció a Ortega, apoyado de la parcialidad de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE).
En 2011 Daniel Ortega ganó las elecciones con el 62% de los votos ante el opositor Fabio Gadea Mantilla, quien consiguió el 31% y figura como víctima principal en la sentencia entregada por el tribunal continental, con sede en San José.
La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación a los derechos políticos, a las garantías y protecciones judiciales de Gadea Mantilla en los comicios de 2011.
Como reparación el gobierno de Nicaragua debe garantizar que el Consejo Supremo Electoral cuente con garantía de imparcialidad e independencia y de medios adecuados de impugnación ante violaciones a la ley electoral.
Sin embargo, una reciente propuesta de Daniel Ortega amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, elimina la independencia de poderes y eleva el rango de su esposa Rosario Murillo de vicepresidenta.
Ante este contexto de impunidad decenas de nicaragüenses han partido al exilio y unos 450 políticos, empresarios, intelectuales y artistas fueron despojados de su nacionalidad en los últimos años, acusados de traición a la patria.
Fuente: servindi.org
