«Modificaciones a la ley de migraciones un retroceso en defensa de DDHH» Taroa Zúñiga y Daniel Jadue

Taroa Zúñiga: Quiero comenzar hablando de un tema que representa un retroceso enorme en términos de derechos humanos en Chile: la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados de un proyecto que modifica la ley de inmigraciones. No hubo abstenciones ni rechazos, y este cambio significa un retroceso en derechos ya obtenidos, lo que es ilegal. Una característica esencial de los derechos humanos es su irreversibilidad, es decir, un Estado no puede arrebatar derechos ya garantizados. Sin embargo, el Estado chileno está quitando derechos a la población migrante, que constituye el 10% de quienes vivimos en este país. Entre las modificaciones aprobadas, se imponen barreras de acceso a la salud para personas migrantes, incluyendo a niños y niñas. Por ejemplo, los hijos de personas en situación irregular no podrán acceder ni al sistema de salud ni al de educación. Esto afecta incluso a niños nacidos en Chile, cuyos padres no se han regularizado, y quedan excluidos debido a una responsabilidad que recae en el propio Estado, que no ha cumplido con regularizar a quienes cumplen los requisitos. Además, esta situación beneficia a la burguesía, que se aprovecha de la existencia de trabajadores en condiciones irregulares para maximizar ganancias. El problema se agrava con medidas como la expulsión de migrantes, incluyendo a menores, y la posibilidad de revertir la regularización de una persona bajo argumentos absurdos, como «ruidos molestos». Es indignante cómo los medios de comunicación han estigmatizado a la población migrante, convenciendo a la opinión pública de que ellos son el problema, cuando en realidad la raíz está en la desigualdad y en un sistema incapaz de garantizar condiciones dignas. Es vergonzoso que esta ley se haya aprobado sin oposición de ningún color político.

Daniel Jadue: Estoy tan indignado como tú, Taroa. Esta aprobación es profundamente inhumana. Además, me parece grave que se haya alargado de cinco a diez años el tiempo necesario para obtener la ciudadanía, incluyendo exámenes de «cultura chilena». Es una medida claramente discriminatoria. Quiero compartir una experiencia de mi gestión en Recoleta, donde implementamos el concepto de «ciudad santuario». Nunca preguntamos el estatus migratorio de las personas para acceder a servicios como la farmacia popular o la inmobiliaria. Para nosotros, lo importante eran los seres humanos, porque esta es una cuestión civilizatoria. Lo que vemos hoy es un Congreso que se ha alineado con políticas similares a las de Trump, transformándonos en un país cada vez más fascista. Esto es retroceder en derechos esenciales y discriminar contra la infancia, incluyendo a niños nacidos en Chile. Esta ley no solo es regresiva e ilegal, sino que perpetúa un discurso fascista que culpa a los migrantes de problemas estructurales como el desempleo y la desigualdad. Los verdaderos culpables son la acumulación desmedida de riqueza y la concentración del poder económico. Nadie migra porque quiere, sino porque las condiciones de sus países, muchas veces destruidos por políticas intervencionistas, los obligan a ello. Es irónico que quienes promueven estas políticas ahora cierren las puertas a los migrantes que sufren las consecuencias de sus actos.

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