Las autoridades tienen hasta el 7 de abril para regresar a Kilmar a EE.UU.. Foto La Hora: WSJ
Kilmar Ábrego García, un salvadoreño residente en Maryland, fue arrancado de su hogar, separado de su esposa e hijos, y enviado directamente a una prisión en El Salvador, todo por un «error administrativo» del Gobierno de Estados Unidos. Ahora, una jueza federal ha ordenado su regreso inmediato, tras considerar que su deportación fue ilegal y sin justificación.
La jueza Paula Xinis, de la Corte de Distrito en Maryland, fue contundente: el Gobierno de Donald Trump debe organizar el retorno de Ábrego García antes de las 11:59 p.m. del próximo 7 de abril. “Este caso es sin duda importante para Ábrego García y su familia (…) siento que me urge emitir mi orden”, dijo durante una audiencia que se tornó tensa.
UNA DEPORTACIÓN SIN FUNDAMENTO
Ábrego García, de 29 años, tenía permiso para vivir y trabajar legalmente en EE. UU. Desde 2019, una decisión judicial lo protegía de ser enviado de vuelta a El Salvador, donde huyó hace más de una década por amenazas de pandillas. Sin embargo, el mes pasado, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo arrestaron sin explicaciones claras y lo deportaron a su país natal.
Peor aún, fue encarcelado en una prisión salvadoreña que ha sido denunciada internacionalmente por violaciones a los derechos humanos. La jueza Xinis cuestionó severamente esa decisión: “¿Por qué está precisamente allí?”, preguntó. “No lo sé”, respondió Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia. “Esa información no me ha sido proporcionada”.
LA FAMILIA LUCHA CONTRA LA AUSENCIA Y LA INDIFERENCIA
Jennifer Vasquez Sura, ciudadana estadounidense y esposa de Ábrego García, no ha vuelto a hablar con él desde su deportación. “Si tuviera todo el dinero del mundo, lo gastaría solo para comprar una cosa: una llamada telefónica para escuchar su voz”, dijo entre lágrimas durante una manifestación en Maryland.
El caso ha desatado indignación. Decenas de personas se han unido para exigir su regreso, mientras la Casa Blanca intenta justificar lo ocurrido argumentando que Ábrego es miembro de la pandilla MS-13. Pero no hay pruebas concretas. Según su abogado, la única acusación proviene de un informante anónimo de hace años, en una ciudad donde Ábrego nunca ha vivido.
“La acusación no se sostiene sin evidencia”, afirmó la jueza Xinis. “Cuando alguien es vinculado a una organización tan violenta, hay un debido proceso. Aquí, el gobierno optó por no presentar pruebas”.
¿CÓMO OCURRIÓ?
Incluso el abogado del gobierno reconoció ante la jueza que Ábrego “nunca debió ser deportado”, y admitió no saber bajo qué autoridad fue arrestado. Reuveni pidió más tiempo para negociar su retorno “sin supervisión del tribunal”, pero la jueza respondió: “Los buenos clientes escuchan a sus abogados”, en referencia al poco avance por parte del Ejecutivo.
UN REGRESO QUE ES JUSTICIA, NO FAVOR
Para la defensa de Ábrego, este no es un tema político, ni de imagen pública. “No queremos una compensación, queremos que Kilmar vuelva a casa”, dijo Simon Sandoval Moshenberg, su abogado. “Una disculpa sería agradable, pero no la espero”, añadió.
La historia de Ábrego García no solo expone fallas en el sistema de inmigración de EE. UU., sino también el riesgo que enfrentan cientos de personas protegidas legalmente, pero deportadas por errores o decisiones políticas sin sustento legal.
“Es una pesadilla que parece interminable”, dijo Jennifer. “Pero seguiremos luchando, por Kilmar y por todos los que aún no han sido escuchados”.
***Con información de AP y CNN.
Fuente: lahora.gt
