A dos años del asesinato del adolescente de 15 años David Atiquipa Quispe por parte de las llamadas fuerzas del orden en Andahuaylas, su familia sigue esperando justicia. Rossana Mendoza Zapata
Han transcurrido dos años desde el estallido social tras el anuncio del cierre del congreso por parte del Presidente Castillo que lo llevo directo a prisión y a Dina Boluarte a la presidencia de la república. Ella sigue gobernando con 4% de aprobación. La violencia del estado contra los ciudadanos en el ejercicio legítimo de su derecho a la protesta ha cobrado la vida de 49 civiles entre ellos siete adolescentes que el estado debió proteger y cuidar.
El 11 de diciembre del 2022 en la ciudad de Andahuaylas David Atiquipa Quispe de 15 años de edad fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego, ese mismo día también fue asesinado Beckham Quispe Garfias de 18 años y al día siguiente Robert Medina Llanterhuay de 16 años en la ciudad de Chincheros. David era una columna en la economía familiar, trabajaba de mototaxista y los fines de semana en chacras por jornal. Sí, David era un digno niño trabajador organizado en el Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores del Perú – MNNATSOP – Base Andahuaylas. Paradójicamente, quería culminar sus estudios secundarios y convertirse en policía. Hoy son 9 miembros de esta institución los imputados por homicidio calificado a título de dolo eventual con alevosía y grave violación de los derechos humanos que deberán responder por el asesinato de David.
¿Si los derechos de las niñas, niños y adolescentes están garantizados por el estado peruano porque las llamadas fuerzas del orden asesinaron siete adolescentes? En primer lugar, ninguno de los responsables políticos y directos de estos crímenes asumió su rol garante de derechos, más bien les dieron el mismo trato que a los adultos, los persiguieron y dispararon haciendo uso desproporcionado y letal de la fuerza. En otras palabras, los adolescentes fueron adultizados por estar en las protestas. Esta práctica deleznable se extiende impunemente contras las infancias y juventudes cada vez que el poder adultocéntrico considera que están fuera de lugar o presentan un comportamiento que les parece inadecuado. Esto explica la persecución, la violencia y el asesinato de niñas, niños y adolescentes que trabajan, que están en situación de calle, que infringen la ley penal, que son víctimas de abuso sexual o que protestan. En estos casos la autoridad ya no los asume como niñas, niños ni adolescentes.
Las diferentes formas en que el estado los violenta contraviene los cuatro principios de la Convención sobre los Derechos del Niño suscrita por el Estado Peruano, los mismos que iluminan toda la legislación en torno a las infancias y adolescencias en el Perú (personas de 0 a 18 años): No discriminación, Supervivencia y Desarrollo, Interés Superior del Niño y Participación. Si estos son los principios que el estado debe seguir, asesinar adolescentes solo puede ser calificado como un crimen de lesa humanidad y en la práctica una renuncia del estado a su rol garante de derechos. Es importante destacar que los adolescentes asesinados eran de origen indígena, marrones, en situación de pobreza y procedentes de regiones del sur del Perú. El estado peruano racista, patriarcal y adultocentrista no los protegió siendo niños, los asesinó y sus muertes siguen impunes. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ente rector en materia de infancias, no los ha defendido, no ha rendido cuentas ni ha pedido perdón.
Hoy nos unimos a la familia, amigos y amigas, compañeras y compañeros de David para hacer memoria de su vida y mantenernos juntos exigiendo justicia ¡Justicia para David!
Fuente: rossanamendoza007.lamula.pe
