En los primeros once meses de 2023, la cruda realidad de Colombia se presenta con cifras desgarradoras: 163 líderes y lideresas sociales, así como defensores de los derechos humanos, han perdido la vida, según el más reciente boletín de la Defensoría del Pueblo del país sudamericano. Este sombrío panorama, revelado por el Sistema de Alertas Tempranas, destaca un problema alarmante que exige una atención urgente.
La Geografía de la Tragedia
El 66 % de estos trágicos homicidios se concentra en ocho de los 32 departamentos colombianos. Cauca encabeza la lista con 30 casos, seguido de cerca por Antioquia con 18, Nariño con 16, Valle del Cauca con 14 y Córdoba con 10. Bolívar, Norte de Santander y Putumayo, por su parte, acumulan siete casos cada uno, según el comunicado de la Defensoría del Pueblo. Estos datos ponen de manifiesto la urgencia de abordar la situación en estas regiones.
La Conexión con Grupos Armados Ilegales
Los datos revelan que estos homicidios coinciden significativamente con las áreas donde operan los principales grupos armados ilegales en Colombia. Entre ellos se encuentran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia. Este último es una facción disidente de las FARC, y ambos grupos tienen vínculos con estructuras del crimen organizado. La conexión entre estos actores violentos y los asesinatos plantea desafíos significativos para la seguridad y la paz en Colombia.
Líderes Comunitarios: Los Más Afectados
Dentro de este oscuro escenario, el grupo más afectado es el de los líderes y lideresas comunitarios, sumando 69 de los 163 homicidios. La razón detrás de esta vulnerabilidad radica en que su labor se enfoca en la búsqueda de soluciones para los problemas básicos de las comunidades. La situación es crítica, y la Defensoría del Pueblo enfatiza la necesidad de proteger a aquellos que dedican sus vidas a servir a sus comunidades.
Compromisos Gubernamentales y Desafíos Pendientes
Ante esta escalada de violencia, el presidente Gustavo Petro y su Gobierno enfrentan el reto de cumplir con compromisos cruciales. En los diálogos en curso con diversas organizaciones armadas, el Ejecutivo debe exigir el cese de los crímenes que amenazan la democracia en los territorios. Es imperativo abordar de manera efectiva la raíz del problema y garantizar medidas concretas para proteger a los defensores de derechos humanos.
Cifras que No Dejan de Crecer
La situación se agrava al observar las estadísticas a lo largo de los años. Entre 2016 y 2022, se registraron 1.113 asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia, con un aumento constante año tras año. En 2016, se contabilizaron 133 homicidios selectivos, cifra que aumentó a 215 en 2022. Estas cifras inquietantes subrayan la urgencia de abordar la situación y poner fin a la violencia que afecta a aquellos que defienden los derechos fundamentales.
Alerta Internacional y Compromisos de la Comunidad Internacional
La dimensión del problema trasciende las fronteras colombianas. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió más de 200 denuncias de homicidios de líderes sociales en 2023. Asimismo, hasta el 20 de noviembre pasado, el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) registró 185 defensores de derechos humanos asesinados en el mismo año. Estas alarmantes cifras deben llamar la atención de la comunidad internacional, instándola a asumir un papel activo en la protección de quienes luchan por la justicia y los derechos humanos.
Un Llamado Urgente a la Acción
La situación en Colombia demanda una respuesta urgente y contundente. Los compromisos gubernamentales deben traducirse en acciones efectivas para detener la violencia contra los defensores de derechos humanos. La comunidad internacional, a su vez, debe mantenerse alerta y comprometerse activamente en la protección de aquellos que arriesgan sus vidas por el bien común.
Fuente: RT
