En las últimas semanas, las críticas al anunciado protocolo antiprotestas del gobierno libertario de Javier Milei han alcanzado su punto álgido en Argentina. A tan solo un día de la manifestación ciudadana en contra del agresivo plan de shock impuesto por el mandatario, las tensiones políticas se intensifican y las voces de oposición se multiplican.
Desafío desde la provincia de Buenos Aires
El martes, el gobierno opositor de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, desafió públicamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El gobierno provincial afirmó que no aplicará el “protocolo de orden público” propuesto, argumentando que ciertas disposiciones del protocolo “criminalizan en cierto sentido la protesta”.
Carlos Bianco, ministro de gobierno bonaerense, declaró a radio La Red: “A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo. No vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo que, entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta”.
Incertidumbre sobre la aplicación del protocolo
El protocolo establece que las fuerzas solo actuarán en las “vías de jurisdicción federal”, dejando sin claridad el papel de las fuerzas de seguridad provinciales que decidan no acatarlo. Esta incertidumbre ha generado debate sobre la autonomía de las provincias frente a las decisiones del gobierno central.
Manuel Adorni, vocero presidencial, afirmó que cada gobernador será “responsable por el acatamiento o no del protocolo”. En caso de no cumplir, deberá rendir explicaciones a sus ciudadanos. Esta medida coloca a los gobernadores en una posición delicada, ya que deben equilibrar las demandas del gobierno central con las necesidades y opiniones de sus ciudadanos.
Desafío inminente: la marcha del 19 y 20 de diciembre
El primer gran desafío para el protocolo de Bullrich se presenta este jueves, con la convocatoria a la marcha en conmemoración del 19 y 20 de diciembre de 2001. En esta manifestación, grupos piqueteros y organizaciones políticas de izquierda recordarán la crisis social y económica que marcó un hito en la historia argentina.
A pesar de las advertencias del gobierno, las agrupaciones ratificaron su intención de movilizarse, no solo por el aniversario del estallido, sino también para protestar contra las medidas económicas de la gestión de Milei. Este escenario plantea un dilema para las autoridades, ya que la aplicación del protocolo podría enfrentar una resistencia significativa.
Críticas y reacciones ante el protocolo
Diversos sectores, tanto políticos como de la sociedad civil, han denunciado el “protocolo de orden público” como una medida que criminaliza la protesta social y atenta contra derechos constitucionales. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, intensificó la polémica al advertir que quienes corten las calles perderán beneficios sociales.
La Confederación General del Trabajo (CGT), que agrupa a los sindicatos peronistas, emitió un comunicado denunciando que el protocolo “vulnera el ejercicio efectivo” de la libertad de expresión y la libertad sindical. Este posicionamiento refleja la preocupación de importantes actores en el ámbito laboral, que consideran que la medida afecta tanto a nivel individual como colectivo.
Denuncias internacionales y preocupación legal
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una denuncia formal ante Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Más de 1.700 firmas respaldan la denuncia, exigiendo al Estado argentino que cese la aplicación de medidas que buscan impedir y reprimir manifestaciones públicas.
El CELS argumenta que el protocolo considera cualquier manifestación con cortes de calles como un delito en flagrancia, permitiendo la intervención de las fuerzas de seguridad. Además, señala disposiciones para recabar información y posteriormente criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas, así como a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas.
Inquietud en el ámbito jurídico
Abogados y funcionarios judiciales han expresado su inquietud ante el protocolo. El abogado constitucionalista Andrés Gil advirtió que “el derecho a la protesta pacífica incluye la posibilidad de cortar la calle” y que, por lo tanto, una prohibición absoluta sería inconstitucional. Destacó la necesidad de modificar la normativa actual a través de un proyecto legislativo enviado al Congreso.
En este contexto, el protocolo de Bullrich ha generado un intenso debate en la sociedad argentina, abriendo discusiones sobre la legitimidad de las medidas propuestas y su impacto en las libertades individuales y colectivas.
Fuente: RT
