El fujimorismo avanza hacia la destitución de la Junta Nacional de Justicia y manejar el sistema judicial tal como viene haciendo con el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. La meta es bloquear investigaciones judiciales y designar a miembros de órganos electorales.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el lunes 26 la propuesta de destitución e inhabilitación por 10 años para los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La Comisión Permanente también designó a la subcomisión acusadora encargada de presentar el informe y la acusación contra la JNJ ante el Pleno del Congreso, donde se tomará la decisión final.
La votación se realizó de manera individual para cada uno de los seis actuales integrantes de la Junta: Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, Aldo Vásquez, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.
De igual modo, se realizó la votación de la conclusión referida a Henry Ávila, quien recientemente renunció al colegiado.
De acuerdo con la denuncia constitucional, los integrantes de la JNJ habrían interpretado la Constitución para permitir la continuidad de Luz Inés Tello Valcárcel en este organismo al superar los 75 años, sin considerar que el requisito de tener entre 45 y 75 años de para ser parte de este.
Refiere, además, que los magistrados habrían pedido a SERVIR opinión para interpretar el requisito de los 75 años, con el mandato de cinco años, para el ejercicio del cargo, previsto en la Constitución, prerrogativa que solo corresponde al Tribunal Constitucional (TC).
Nefastas consecuencias
Antonio de la Haza, presidente de la JNJ, advirtió que si el Congreso inhabilita a los miembros de la JNJ pone en riesgo los procesos administrativos y judiciales actualmente en curso.
“Si no existen miembros de la JNJ entenderíamos que en cualquier proceso podría aplicarse hasta una prescripción” afirmó de la Haza en una rueda de prensa en e Congreso de la República.
“En el supuesto que no se nombre a nadie, ni a titulares o suplentes, (…) todos los procesos en general (…) sino cualquier actividad como es nombrar jueces titulares o los procesos de evaluación parcial, no podría llevarse adelante” manifestó.
La paralización de la JNJ truncaría además 187 procesos disciplinarios que actualmente se encuentran en la JNJ y que comprometen a políticos de diversas bancadas políticas.
Samuel Abad declaró que “El Congreso debe evaluar las consecuencias porque si destituye a los siete integrantes de la JNJ no va a funcionar la junta por la sencilla razón de que dentro de los siete suplentes, tres sobrepasan los 75 años”, dijo Abad.
Motivación netamente política
Samuel Abad, abogado de cinco miembros de la JNJ, cuestionó que desde el Congreso se busque destituir a todos los integrantes del colegiado por no compartir un criterio interpretativo, el relacionado con el límite de edad para el ejercicio del cargo.
Durante su exposición ante la Comisión Permanente señaló que no existe infracción de la Carta Magna por parte de los miembros y, por tanto, la denuncia debería ser archivada, ya que no tiene sustento jurídico.
Samuel Abad aseguró que la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia no tiene sustento jurídico ni legal, por lo que el trasfondo es netamente político.
El plan de copamiento es promovido por la agrupación fujimorista Fuerza Popular y es seguido por el Partido Perú Libre, de Vladimir Cerrón.
A ellos se suman agrupaciones de derecha como Renovación Popular, Avanza País y Alianza Para el Progreso, vinculadas en procesos contra la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas.
El interés común por capturar el sistema nacional de justicia responde a que congresistas de diversas bancadas tienen carpetas en la Fiscalía y el Poder Judicial al igual que sus líderes como Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y César Acuña.
Darán batalla
Aldo Vásquez, vicepresidente de la JNJ, no descartó acudir a otras instancias, incluso internacionales, en la defensa de la Junta Nacional de Justicia.
“La Junta Nacional de Justicia ha dicho en todo momento que plantea su defensa en todos los escenarios, ciertamente lo hace en ámbito judicial, como lo hace en el supranacional, en el mediático en el parlamentario y el académico, de modo que no descartamos ninguna opción legítima en defensa de la junta”, agregó
Fuente: servindi.org
