Con el bloqueo a la reforma de la Ley de Salud el año pasado, el Gobierno del presidente Gustavo Petro se notó debilitado. Las élites políticas y económicas, congregadas en el antipetrismo, que reúne a diversos partidos de derecha y centroderecha, visualizaron al actual proyecto de transformación como un proceso que ya estaba expirando, que estaba boqueando. Petro había puesto toda la carne en el asador legislativo y la mencionada ley se consideraba "el gran lomito", que al quedar "crudo", iba a terminar congelando todo el espíritu de cambio social y, por ende, a paralizar todos las reformas de ley que las fuerzas progresistas están impulsando en el Congreso nacional.
Sin embargo, los últimos días han ocurrido algunos acontecimientos que indican que el proyecto de Petro está vivo y sigue luchando por modificar las estructuras de dominación existentes. Lo primero, y lo más importante, es que el 23 de abril, el Senado aprobó la reforma pensional, uno de los emblemáticos objetivos desde el comienzo de su gestión.
Además, el protagonismo que alcanzó Petro en las marchas del primero de mayo y el alto grado de movilización política que lograron las fuerzas progresistas en todo el país, permitió posicionarle no solo como un líder que ha revertido el declive legislativo y ha logrado un triunfo importante para su administración, sino también uno que está asumiendo su papel de líder de masas y de calle.
Este líder interpelador y convocante es el que se ha hecho presente desde la noche de este miércoles, cuando se cocinaba un nuevo intento de derrocamiento presidencial, por parte, ahora, de magistrados del Consejo Nacional Electoral.
El proyecto de Petro está vivo y sigue luchando por modificar las estructuras de dominación existentes.
Desde la salida en febrero del exfiscal Francisco Barbosa, asociado con el gobierno uribista y enemigo público del presidente, la retórica de la derecha dejó de ser agónica, o terminal. No planteaba, como sí lo hizo en varias escaramuzas desde la posesión de Petro, una finalización abrupta del Gobierno o una exigencia de renuncia presidencial. La derecha que pide una salida ‘fast track’ de Petro, habría preferido, las últimas semanas, verlo consumarse en la arena movediza institucional.
Pero una vez que Petro gana la batalla de la reforma pensional y produce una movilización interpeladora el día del trabajador, activa nuevamente a las células latentes de los sectores más conservadores del país, no solo del uribismo sino de una nueva derecha que se viene configurando desde el triunfo de Petro: el antipetrismo.
El escándalo UNGRD: una lectura insurreccional
Entonces, surgió un nuevo escándalo de corrupción circunscrito a la región de la Guajira y en concreto a una dependencia del Estado, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), que ha dejado a varios funcionarios destituidos e investigados, y que a pesar de que el caso irrumpió en una dependencia media, ha disparado las amenazas contra la permanencia de Petro y la voluntad popular que le llevó a la presidencia.
Las matrices opositoras no han demandado la investigación o judicialización de los funcionarios implicados en el escándalo, sino que automáticamente consideran que es suficiente motivo para detener las reformas en el Congreso. Se trata de cerrar, otra vez, el escenario legislativo como espacio de implementación de políticas progresistas que se reabrió a partir de la ley de la aprobación de la reforma pensional, y cerrarlo de manera definitiva.
Pero la cosa no quedó allí: la respuesta del conservadurismo ha ido a más las últimas horas.
El CNE se suma a la campaña anti-Petro
Este miércoles, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Prada, radicaron una ponencia de imputación y formulación de cargos en contra del presidente Gustavo Petro.
Las matrices opositoras no han demandado la investigación o judicialización de los funcionarios implicados en el escándalo, sino que automáticamente consideran que es suficiente motivo para detener las reformas en el Congreso.
El aparataje mediático comenzó a operar para poner otra vez sobre el tapete la posibilidad de destitución del presidente, ‘fast track’, esta vez no desde la institución de la Fiscalía como ocurrió hasta febrero, sino desde el propio ente comicial, lo que es algo inédito puesto que ninguna institución electoral goza de esa potestad.
Pero Petro tampoco se dejó intimidar y comenzó su operación de blindaje con mensajes como éste, donde la ponencia de los magistrados se cataloga de “golpe de Estado” y se interpela al pueblo a defender el Gobierno.
“Estamos ante una arbitrariedad: Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo. Invito a todas las instancias del Pacto Histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. La Democracia entra en emergencia. A los colombianos progresistas en el exterior iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia”.
Así las cosas, la breve pasividad que tuvieron las fuerzas conservadoras durante los últimos meses ha sido sustituida por una nueva y agresiva avanzada institucional contra Petro, lo que genera crispación en la nación neogranadina, que aunque considera que lo peor de la guerra civil y los enfrentamientos violentos han sido superados, también sabe que las fuerzas antidemocráticas, tanto desde los territorios como desde dentro del Estado, pueden hacer regresar al país a ese cruento escenario.
La siquiera posibilidad de una destitución presidencial abre las puertas a un panorama descontrolado en una nación regada por la pólvora y el fuego.
Esperemos que no ocurra y que todos los actores se mantengan en la línea constitucional y respeten la decisión popular de tener al economista como primer mandatario. Solo así Colombia se procurará una vía que le ha sido ajena.
Fuente: actualidad.rt.com
