Fuente: es.mongabay.com
- Tras el sismo de magnitud 7.4 en la escala de Richter, en Chocó, más de un millón de habitantes indígenas y afrodescendientes han sido afectados en el occidente colombiano.
- Aunque la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha identificado tres personas fallecidas, 1488 heridas y 2297 viviendas afectadas hasta el momento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) todavía no incluye la variable de los pueblos en su censo oficial.
Un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026. El sismo golpeó con fuerza 15 departamentos y los mayores daños se concentraron en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Si bien el país no tardó en iniciar un censo de los afectados y sus pérdidas, en los territorios indígenas nadie llevaba un registro.
«No pudimos tener información inmediata de los hechos ocurridos por este fenómeno en los territorios indígenas», cuenta Walter Mecha, secretario técnico de la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. «Las instituciones del Estado a nivel municipal y departamental no están documentando todas las afectaciones presentadas en los territorios indígenas«, agrega.
Con corte al 19 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 314 personas fallecidas, 4400 heridas y 262 desaparecidas en todo el país. Pero en este balance oficial no hay un solo dato desagregado a nivel étnico. Más de una semana después del sismo, han sido las propias autoridades indígenas y algunas autoridades afrodescendientes las que han tenido que salir a contar sus muertos, sus heridos y sus damnificados.
El primer informe fue publicado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dos días después del terremoto. Identificaron que 1009 comunidades, de un total de 13 868 analizadas, habían sufrido las sacudidas más fuertes. Rosalino Guarupe Joropa, consejero mayor de la ONIC, le explicó a Mongabay Latam cómo lo hicieron: superpusieron el mapa de intensidad sísmica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) con el registro de asentamientos de la propia ONIC y su Sistema de Monitoreo Territorial (SMT).
Con ese cruce de información establecieron que Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, por su cercanía al epicentro y por contener un gran número de población indígena, serían los departamentos a priorizar con la llegada de la guardia indígena.
Para confirmar con exactitud el nivel de afectación en sus comunidades, líderes de diferentes organizaciones se adentraron en la selva chocoana, establecieron contacto telefónico con las organizaciones que habitan las montañas de valle y viajaron a los resguardos más afectados en Risaralda. Así pudieron confirmar el pasado 19 de agosto, en una rueda de prensa llevada a cabo en Bogotá, que tres personas fallecieron, 1488 se encuentran heridas y 2297 viviendas resultaron afectadas.
Aunque la ONIC no cuenta con un desglose de afectados o fallecidos por departamento sino por organización, Mongabay Latam pudo conocer a través de sus voceros que las tres personas indígenas fallecidas pertenecen al pueblo embera en Risaralda. Además, es Risaralda el departamento que registra el mayor número de familias afectadas, con 1247, seguido de Chocó (762) y Valle del Cauca (593). Risaralda también encabeza la lista de viviendas afectadas con 882, mientras que Valle del Cauca y Chocó registran 593 y 592, respectivamente.
En cuanto a heridos, Valle del Cauca concentra el 100 % de los reportados (1488, todos pertenecientes a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC).
Para Guarupe Joropa es clave aclarar que estas cifras pueden seguir cambiando, dado que aún no tienen información sobre comunidades que viven en zonas de difícil acceso y sin conexión a internet. «Por ahora, todo parece indicar que las etnias más afectadas, según nuestros últimos datos, son los embera chamí y los wounaan, pero necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional para seguir llegando al territorio», dice.
Esta falta de caracterización oficial hizo que los organismos de control levantaran la voz. La Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno Nacional y a la UNGRD acelerar el envío de ayuda humanitaria y hacer censos diferenciados para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del Pacífico, ya que la falta de datos con enfoque étnico profundiza la vulnerabilidad en territorios que históricamente han estado marginados.
En su censo, que coincide con las cifras de la ONIC, la Defensoría indica que las mayores afectaciones a poblaciones vulnerables están en municipios con alta presencia indígena y afrodescendiente, como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, donde, además, las barreras geográficas y el conflicto armado ya limitaban el acceso del Estado.
Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y a la UNGRD sobre lo dicho por la ONIC y la Defensoría, pero los líderes de comunicaciones de ambas entidades mencionaron que están a la espera de un consolidado general de los censos, el cual está a cargo de las alcaldías y gobernaciones.
Para Joropa, de la ONIC, la desarticulación que describe la Defensoría del Pueblo no es nueva: tiene una explicación estructural. Antes del sismo, la organización ya había construido, junto con el gobierno anterior, un borrador de Plan de Gestión del Riesgo para Comunidades Indígenas que quedó suspendido con el cambio de administración. «Nos toca retomar el diálogo con el nuevo gobierno. No sabemos cuál sea la propuesta de ellos frente a lo que se trabajó con el gobierno anterior», dice.
El corazón de esa propuesta es simple: que las comunidades indígenas tengan su espacio en los comités de gestión del riesgo departamentales y municipales. «Se hacen comités de gestión en los departamentos, pero no convocan a las comunidades indígenas. Y somos nosotros los que tenemos el censo propio de lo que tenemos dentro del territorio», afirma.
A esta traba se suma la transición del Ejecutivo: la posesión del presidente Abelardo De la Espriella tuvo lugar el 7 de agosto de 2026 en Cali, tres días antes del sismo. Los voceros regionales señalan que el poco tiempo que lleva posesionada la nueva administración es un obstáculo adicional para saber a quién acudir.
Disney Gutiérrez, de ORIVAC, lo explica así al hablar de los canales de comunicación con las entidades nacionales: «En este momento no tenemos contacto con este nuevo gobierno porque apenas se posesionó. Hemos enviado nuestros últimos reportes a los correos de los ministerios, pero no hay ninguna respuesta por parte de ellos».
Risaralda: monitoreos al pie en la cordillera
En Pereira, capital del departamento de Risaralda, el derrumbe de una vivienda causado por el sismo dejó la muerte de tres integrantes del cabildo indígena Tachinave, del pueblo embera, quienes vivían en arriendo en esta propiedad. De los 19 resguardos y cabildos que agrupa el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), solo dos, la Comunidad Indígena Kurmadó y Dachi Namabena, ambas en Pereira, habían recibido asistencia del Estado una semana después del desastre.
«Me preocupa bastante esta situación, porque ya quedaron 17 resguardos en los cuales no se les ha llevado ninguna ayuda, donde prácticamente hay resguardos que quedaron entre 40 y 50 familias esperando esa atención«, dice Marco Fidel Guasarave, consejero mayor del CRIR, quien nombra los municipios donde las comunidades indígenas siguen esperando ayudas: Pueblo Rico, Mistrató, Guática, Belén de Umbría, Balboa y La Celia, entre otros.
El CRIR formalizó estas solicitudes en un documento que envió el 10 de agosto a ministerios, alcaldías y organismos de control. Guasarave dice que armar un balance definitivo en municipios como Pueblo Rico, Mistrató o Marsella va a tomar tiempo debido a la difícil topografía del terreno: «Son resguardos que hay que caminar mucho, 10 horas dentro del mismo territorio, y en los cuales ayer [19 de agosto] no se tenía esa información».
Mientras espera la respuesta institucional, el líder ha recurrido a la solidaridad de conocidos: «He estado por ahí con los amigos pidiendo algunas ayudas, pues gracias a Dios hay gente que se ha compadecido para enviar a la ciudad de Pereira».
A los daños de las viviendas se suma la preocupación por la pérdida de infraestructura comunitaria y educativa que se obtuvo después de las movilizaciones de 2024, donde las comunidades lograron la asignación de 15 000 millones de pesos (aproximadamente 4.88 millones de dólares) para la edificación de aulas en sus 19 resguardos. Sin embargo, dice Guasave, “el terremoto derrumbó gran parte de estas construcciones, dejando nuevamente a cientos de niños usando plásticos [como techos] para recibir clases”.
Ante la demora del auxilio estatal y los vacíos dejados por los cambios en el Gabinete nacional, las autoridades indígenas reiteran el llamado urgente a proteger el derecho a permanecer en sus territorios ancestrales, evitando así el desplazamiento forzado hacia los cascos urbanos.
Mongabay Latam intentó comunicarse con otros líderes indígenas de este departamento y con la gobernación de Risaralda, pero no fue posible establecer esta comunicación debido a que el departamento tiene serios problemas de conexión y está enfocado en la reubicación de cientos de familias que lo perdieron todo, especialmente en la ciudad de Pereira.
Valle del Cauca: el reto del censo en zonas rurales
En el Valle del Cauca, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), que agrupa a los cabildos y resguardos indígenas del departamento, describe una situación crítica. Su consejero mayor, Disney Gutiérrez, la resume con un caso: «El pueblo wounaan está asentado tradicionalmente a ambos lados del río San Juan, en el límite entre Chocó y Valle del Cauca. La mayoría de su población vive en territorio chocoano, pero también tiene una comunidad histórica en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca». Esa comunidad wounaan de Buenaventura tiene 400 familias damnificadas por el sismo y la respuesta oficial, dice Gutiérrez, ha sido mínima.
El daño material en el norte del Valle golpeó tanto a las viviendas como a la base alimentaria de las comunidades: «Las casas que tenían se cayeron, pero también hubo afectaciones en deslizamientos de tierra que afectaron los cultivos», describe Gutiérrez. Entre lo perdido menciona cultivos como caña, fríjol, café y plátano, de los que dependen las familias para su sustento.
Óscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca, le dijo a Mongabay Latam que han estado en contacto con las organizaciones representativas del departamento y explicó que consolidar las cifras de afectación ha sido complejo por la dispersión geográfica.
«En el Valle del Cauca hay más de 125 comunidades indígenas, las cuales están representadas por cuatro organizaciones: la ORIVAC, la Asociación de Cabildos indígenas del Valle del Cauca, Región Pacífico (ACIVA-RP), la Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca y la Asociación de Autoridades Tradicionales Wounaan Nonam del Valle (Kowondev). A través de ellos hemos podido contactar a resguardos y cabildos indígenas, prestándoles las ayudas a los municipios mayormente afectados», afirmó Lenis.
Según el funcionario, los reportes iniciales que han enviado las propias comunidades ya suman una cifra considerable: «La información que ellos nos han enviado de comunidades indígenas afectadas suman más de 800 familias indígenas, que eso nos puede sumar en promedio casi 5000 personas afectadas«.
Lenis detalló que los municipios con mayores daños fueron Buenaventura, Dagua, varios del norte del departamento, como El Águila, Argelia, El Dovio y Ansermanuevo, además de afectaciones en Florida, Trujillo, Restrepo, Calima El Darién y Yotoco.
Frente a las críticas por la demora en formalizar la ayuda y los censos, el secretario dijo que la Gobernación está en la fase de consolidación técnica para ingresar los datos a las plataformas oficiales del Estado. Solo así podrán tener el censo oficial de qué resguardo o qué cabildo se afectó.
Por otro lado, mencionó que en algunos municipios ya están hablando de la reconstrucción y que la administración departamental le apostará a un esquema participativo: «La gobernadora [Dilian Francisca Toro] lo que ha dicho es que va a haber autoconstrucción. Que nosotros les damos los insumos que se necesitan y ellos mismos, con sus ingenieros o arquitectos, hacen sus reconstrucciones. Pero en los casos en los que toca construir desde cero, es un proceso que se demora más, se necesita un acompañamiento y supervisión para que estas mismas comunidades puedan hacer los ejercicios de reconstrucción».
El funcionario destacó, además, que junto con el Ministerio del Interior se coordinan protocolos de atención diferencial para los más de 48 consejos comunitarios afrodescendientes afectados en la zona rural de Buenaventura y Dagua.
Conflicto armado y despojo: una vulnerabilidad previa al sismo
A las barreras geográficas se suma la ausencia histórica del Estado en la ruralidad y la presencia constante de grupos armados, dos factores que ponen en riesgo la entrega de ayuda humanitaria.
Mientras visita los cabildos más afectados en el departamento de Chocó, Baltazar Mecha Forastero afirma que casi toda la ayuda ha llegado por parte de la solidaridad ciudadana y de las ONG, y eso representa un riesgo para las propias organizaciones indígenas: “Nos da susto que las caravanas con víveres sean atacadas o retenidas por los grupos armados que están en la zona”, denuncia.
Es por eso que para el ingreso de los suministros de emergencia, las autoridades indígenas planean abrir canales directos de diálogo con los grupos armados, con el fin de fijar puntos neutrales de acopio donde la guardia indígena y las instancias de gobierno propio reciban las ayudas y las repartan internamente.
En el norte del Valle del Cauca, Disney Gutiérrez describe un patrón de desplazamiento que viene desde antes del terremoto: «Históricamente las comunidades indígenas hemos sufrido esta situación porque nosotros vivimos en las zonas rurales donde siempre va a haber grupos armados […] varias comunidades en el norte del Valle estaban confinadas porque había mucha problemática territorial y el terremoto nos ha afectado más».
La situación también ha sido complicada para la Gobernación de Valle del Cauca. «El desafío es justamente la ruralidad. Eso queda muy adentro y hay situaciones relacionadas con el conflicto armado, sobre todo lo que tiene que ver con Ansermanuevo, El Águila, Argelia, El Dovio y Calima El Darién«, detalló Lenis.
En Risaralda, Guasarave describe uno de los episodios de desplazamiento reciente: la comunidad de Karradapó, ubicada en el municipio de Puerto Rico, fue desplazada a Medellín por enfrentamiento entre grupos armados. «Estamos haciendo todo lo posible para que estos compañeros sean retornados. Pero sabemos que muchos tendrán miedo de volver a sus territorios porque quedaron afectados por el sismo», dice.
En medio de este panorama, en Chocó ese miedo se está enfrentando con otra estrategia: quedarse. Mecha Forastero cree que las familias del Chocó van a permanecer en sus tierras pese al temor de un desplazamiento masivo hacia las ciudades: “Muchas de nuestras escuelas se cayeron, pero en algunas comunidades los profesores están levantando enramadas tradicionales de madera y paja para retomar las clases de los niños. Y también están construyendo cambuches [ranchos o chozas] para que la gente siga en el territorio”, cuenta.
¿Qué piden las comunidades?
La respuesta comunitaria se ha convertido en la principal línea de defensa. Para canalizar el apoyo de la ciudadanía, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) abrió la campaña nacional e internacional “S.O.S. Pueblos Indígenas”, con una cuenta de ahorros oficial en el banco Bancolombia y un centro de acopio en su sede principal de Bogotá para recibir alimentos no perecederos, potabilizadores de agua, mantas, medicamentos, kits de aseo y carpas o plásticos para resguardarse de las lluvias.
De forma paralela, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) envió brigadas humanitarias de la Guardia Indígena (Kiwe Thegnas) hacia los resguardos más golpeados de Chocó, Risaralda y el norte del Valle del Cauca. Con herramientas para remover escombros, plantas eléctricas de emergencia y víveres recolectados en mingas solidarias, los guardias indígenas se han encargado de abrir caminos y repartir ayudas en zonas donde la maquinaria pública todavía no ha podido entrar.
A esta movilización se han sumado iniciativas de la sociedad civil y de creadores de contenido digital. Varios influenciadores y figuras públicas abrieron centros de acopio independientes y promovieron colectas en redes sociales, con las que han logrado enviar toneladas de víveres, medicamentos y filtros de agua directamente a municipios golpeados como San José del Palmar, Nóvita y Pueblo Rico, en el departamento de Chocó.
Sin embargo, las autoridades indígenas advierten que las donaciones particulares y el esfuerzo propio no reemplazan las obligaciones del Estado. Rosalino Guarupe Joropa, de la ONIC, insiste en que reconstruir las viviendas, las escuelas y las casas de armonización destruidas requiere una concertación institucional que respete la cosmovisión y el ordenamiento territorial propio.
“Necesitamos que el censo oficial incorpore la información de los censos comunitarios y que cualquier intervención en los territorios se haga en armonización con nuestras autoridades y respetando la espiritualidad de los pueblos”, concluye.
*Imagen principal: vivienda afectada en el Valle del Cauca. Foto: cortesía ONIC
Fuente: es.mongabay.com
![Fuentes: Jacobin [Foto: un campesino en Vega de Palma, Camajuani (Cuba) en 2012. / lezumbalaberenjena]](https://radiovictoriagt.com/wp-content/uploads/2026/08/06-comprimido.jpg)
