Caracas denuncia que Bukele cobra por cada venezolano enviado a una prisión de máxima seguridad a pesar de que en su mayoría no tienen antecedentes penales.
Nicolás Maduro ha encontrado en los 238 venezolanos que Estados Unidos deportó a El Salvador y fueron encerrados en su Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la posibilidad de motorizar una causa nacional. El presidente recibió en el Palacio de Miraflores a familiares de esos deportados en condiciones humillantes y bajo la presunción, no comprobada en muchos casos, de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Maduro se abrazó con madres y padres de aquellos que no estaban vinculados a actos violentos en territorio norteamericano ni en Venezuela: eran, remarcó el Gobierno, simples migrantes, algunos de ellos objeto de sospecha por exhibir un tatuaje. «Que Nayib Bukele no sea cómplice de este secuestro, porque nuestros muchachos no cometieron ningún delito en Estados Unidos. No los llevaron a ningún juicio, no les dieron derecho a la defensa, derecho al debido proceso, fueron engañados, esposados, montados en un avión y enviados a un campo de concentración», dijo. Pero además remarcó que no es solo su Administración la que reclama que sean liberados del tenebroso Cecot sino «los venezolanos» en su conjunto.
Los nombres de los 238 deportados salieron a la luz a partir de la revelación de CBS News. La prensa oficial y opositora de Venezuela no se demoraron en divulgarlos. Maduro escuchó las denuncias de los familiares y se mostró ante la población como un presidente compasivo frente a los que sufren. Jorge Rodríguez, la principal autoridad parlamentaria y tradicional negociador con la diplomacia de Estados Unidos en nombre del Gobierno, prometió frente a su jefe mover «cielo y tierra» para que los venezolanos enviados a la cárcel de máxima seguridad salvadoreña vuelvan a su país. «Van a ser rescatados por la fuerza de la verdad, por la fuerza de Dios y por la fuerza del pueblo de Venezuela». Durante la reunión en la sede del Ejecutivo, Rodríguez se desempeñó como una suerte de maestro de ceremonias y fue presentando ante Maduro cada caso particular. «Es importante que el pueblo escuche de viva voz de los familiares de nuestros hermanos y hermanas secuestradas».
La Administración de Donald Trump, añadió el jefe parlamentario, «engañó a los migrantes que esperaban un vuelo para ser repatriados, enviándolos a campos de concentración en El Salvador». Se preguntó a su vez cómo era posible que Bukele «acepte y permita y, además, cobre dinero» por llevar al Cecot «a unos muchachos que no han cometido absolutamente ningún delito ni en El Salvador, ni en los EEUU, ni en la República Bolivariana de Venezuela». El madurismo, remarcó, no va a «descansar» hasta lograr su rescate. «¡Esta patria los espera con los brazos abiertos! Vamos a hablar con quién tengamos que hablar. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer». El Gobierno prometió contactarse con «los mejores bufetes en materia de migración» en EEUU para que representen al país y a «todos y cada uno de los migrantes».
Acuerdo bilateral entre El Salvador y EE.UU. por 6 millones de dólares
El acuerdo entre EE.UU. y El Salvador es un signo de fortalecimiento de los lazos diplomáticos. EE.UU. habría acordado pagar a El Salvador seis millones de dólares (5.502.792 euros) para encarcelar a 300 presuntos miembros de Tren de Aragua durante un año, según AP. «Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta para nosotros», añadió Bukele, sugiriendo que este acuerdo también ayudaría a financiar el masivo complejo carcelario Cecot.
Rubio describió el pacto como un trato con un «tercer país seguro» para deportar a ciudadanos que hayan violado las leyes de inmigración estadounidenses. Esto significaría que el Gobierno de Estados Unidos podría deportar a migrantes de otros países a El Salvador sin ser ciudadanos de este país. «También ha ofrecido hacer lo mismo con criminales peligrosos que actualmente están bajo custodia y cumpliendo su condena en Estados Unidos, aunque sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales», indicó Rubio.
El Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó el uso de la «anacrónica» ley estadounidense para deportar a presuntos miembros de bandas, alegando que viola los derechos de los migrantes.
Fuente: abyayalasoberana.org
