La guerra del gobierno de Estados Unidos contra los migrantes: la violencia como arma política y estrategia de disuasión

Los migrantes —tanto regularizados como, sobre todo, aquellos en situación irregular— se han convertido en el blanco y las víctimas de una violenta embestida mediática y política por parte del actual gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.). Pese a sus incuestionables y masivos aportes socioeconómicos, los migrantes continúan siendo objeto de una despiadada agresión estatal de tintes xenófobos.

Los números son contundentes: de acuerdo con investigaciones del Cato Institute, entre 1994 y 2023 los migrantes pagaron cerca de 14.5 billones de dólares en impuestos locales, estatales y federales. En el ámbito laboral, representan cerca del 20% de la fuerza de trabajo del país. Su presencia es aún más crucial en los sectores esenciales: según datos del Departamento de Agricultura y del American Immigration Council, los trabajadores sin documentos constituyen el 42% de los 2.4 millones de jornaleros agrícolas en EE.UU. Asimismo, en la industria de la construcción, cerca del 30% del personal es migrante (un 14% sin documentos), mientras que en el sector de servicios representan el 24% del total de los empleados.

El año 2025 ha estado marcado por múltiples acciones violentas hacia esta población, consolidando un escenario agreste de cambios drásticos y vertiginosos. Para lograrlo, el gobierno estadounidense se ha valido de diversas fuerzas y estrategias territoriales, militarizando y cerrando sus fronteras. Particularmente en la colindancia con México, la administración desplegó cerca de 9 mil efectivos del ejército.

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La respuesta de otros cuerpos armados del Estado no ha sido menos severa. La Patrulla Fronteriza (Border Patrol) alcanzó el registro histórico de casi 21,500 efectivos y expandió drásticamente su rango de acción territorial, operando ya no solo en la frontera sur, sino también en el interior del país, como quedó en evidencia durante las redadas masivas en Los Ángeles y Mineápolis. Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) duplicó su fuerza entre 2025 y 2026, pasando de 10,000 a 22,000 agentes, respaldado por un notorio aumento en el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, el cual escaló a los 85,000 millones de dólares. Los efectos de este despliegue van desde aparatosas redadas masivas (Los Ángeles y Mineápolis) hasta persecuciones automovilísticas y detenciones exprés —muchas veces ilegales— en centros de trabajo, cortes judiciales y domicilios particulares.

En lo tocante a los marcos legales y procedimientos jurídicos, la agresividad institucional es evidente. Existe un claro deterioro de los derechos constitucionales y una violación constante al debido proceso. De facto, el derecho de asilo ha sufrido una reducción y un desmantelamiento brutal, a la par de una creciente criminalización de los migrantes y de las organizaciones que los defienden.

Hoy en día, las detenciones y deportaciones se ejecutan con carácter expedito y sin garantías judiciales, tal como ocurrió con los ciudadanos venezolanos a inicios de 2025, o la situación particular de Kilmar García Abrego. Esta política de criminalización y crueldad institucionalizada ha provocado, al menos, 52 muertes de migrantes bajo la custodia de ICE, además de decenas de personas gravemente heridas o asesinadas en procesos de persecución y captura, muchas de ellas de origen mexicano.

Frente a este hostil panorama, las comunidades migrantes y sus aliados han desarrollado múltiples estrategias de resistencia: prácticas de autocuidado, redes de apoyo solidario, asesoría legal y esquemas de resistencia activa y pacífica. Ante el uso de la violencia y la deshumanización como política estatal, urge recordar que ningún ser humano es ilegal y que los migrantes, con su vida y su arduo trabajo diario, generan invaluables aportes fiscales, laborales, económicos y sociales a los países de destino.

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