En el transcurso del año pasado, las instituciones del Estado guatemalteco llevaron a cabo un proceso de adjudicación de contratos por un monto significativo de Q1 mil 851 millones. Estos contratos estaban destinados al mejoramiento de caminos rurales, así como a la adquisición de materiales, renta de equipo y otros gastos relacionados. Según la información recabada del portal Guatecompras, se realizaron un total de 2,036 contratos, distribuidos entre dos ministerios del Organismo Ejecutivo y diversas municipalidades.
Un Desglose de las Adjudicaciones
Estas adquisiciones, según analistas, presentan desafíos considerables en cuanto a su fiscalización, tanto por su volumen como por los montos, que, en muchos casos, no son exorbitantes. De la cifra total adjudicada, Q1 mil 492 millones fueron destinados a empresas encargadas de realizar trabajos de mejoramiento, mientras que los restantes Q358 millones se utilizaron para otros gastos relacionados, como la adquisición de herramientas, piedra o el alquiler de maquinaria.
El punto álgido de estas adquisiciones se registró en julio del año pasado, con compras que alcanzaron los Q418 millones, representando el 23% del total del año. Contrariamente, enero fue el mes de menor adjudicación, con un monto de Q52 millones.
Unidades Ejecutoras Destacadas
La Dirección General de Caminos (DGC) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se destacó como la unidad ejecutora que más contratos adjudicó en estos proyectos, con un total de cinco, sumando Q493.3 millones, equivalente al 27% del total. Le siguió el Fondo Social de Solidaridad (FSS), también del CIV, con Q84 millones y la misma cantidad de adjudicaciones.
Otras entidades destacadas incluyen las comunas de Comitancillo y San Marcos, con 17 concursos cada una, y Nahualá, Sololá, con 30, superando los Q27 millones en compras cada una. El Fondo de Desarrollo Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, también se hizo presente con Q26 millones producto de cinco contratos.
Los Proveedores que Brillaron
En cuanto a los proveedores, Grupo Internacional de Proyectos S. A. (Gipsa) encabezó la lista, a pesar de contar solo con un contrato, este ascendió a Q269.6 millones, destinados a la reparación del camino rural de Patzún a San Miguel Pochuta, Chimaltenango. Aserradero Las Cruces le siguió con dos contratos y Q48.3 millones.
La diversidad en los proveedores es notable, desde L. E. O. Líneas Eléctricas de Oriente con Q44.9 millones, hasta Multiservicios El Gran Jaguar con Q24 millones, en igual número de contratos adjudicados. El top 10 lo completan Construdesa, Constructora Ochoa López, Constructora Solar y Prodica, esta última destacándose por obtener 44 contratos, a pesar de que el monto total asciende a Q462 mil.
En una revisión minuciosa de Guatecompras, se observa que algunos proveedores están identificados en sus nombres comerciales como ferreterías, abarroterías, gasolineras y transporte. Algunos de ellos comenzaron a operar en 2022, y para el año siguiente, ya contaban con contratos millonarios. Otros, en los cuatro años de la actual administración de gobierno, obtuvieron el 50% de todos los contratos que se les ha adjudicado en toda su existencia.
Reflexiones sobre la Fiscalización y Transparencia
Dámaso Rosales, analista en temas municipales y gestión pública, señala que la Contraloría General de Cuentas (CGC) cuenta con capacidades técnicas para supervisar estos proyectos, pero su campo de acción se ve desbordado ante la magnitud de los mismos. Propone la descentralización de los servicios de la CGC para una presencia más efectiva en diferentes regiones del país.
Añade que la fiscalización debería involucrar a los consejos comunitarios de desarrollo, quienes son los verdaderos testigos de la ejecución adecuada de las obras en sus localidades. Rosales sugiere que las municipalidades realicen una planificación estratégica, especialmente en la época de invierno, para asegurar la eficiencia del gasto en el mantenimiento de caminos rurales.
Desafíos y Perspectivas
Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, plantea que los proyectos de infraestructura han sido el “rubro favorito para saquear al Estado” en los últimos 20 años. Señala que la falta de fiscalización y la poca atención de la CGC a estos temas han propiciado esta situación. A nivel municipal, Marroquín sostiene que las alcaldías han logrado controlar a los auditores, adaptándose al saqueo y la impunidad.
A pesar de los desafíos, Marroquín destaca que, con voluntad política, se pueden implementar métodos tecnológicos para corregir y revertir la situación en los próximos años. Subraya la disponibilidad de tecnología a distancia que facilita la revisión y fiscalización de estos proyectos.
La Fuerza de la Fiscalización
La Contraloría General de Cuentas (CGC) responde a las críticas indicando que más de 500 auditores se encargan de la fiscalización. Estos profesionales multidisciplinarios, entre ingenieros, arquitectos y auditores, trabajan en direcciones específicas, como Auditoría y Obra Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones Infraestructura Pública y Vivienda, y Atención a Denuncias.
Aunque siempre es ideal contar con más personal, la CGC destaca que los profesionales actuales están constantemente mejorando sus capacidades. Además, han implementado programas tecnológicos que han permitido realizar auditorías de manera más eficiente.
Fuente: La Hora
