La reciente suspensión provisional del decreto 18-2023, conocido como la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2024, a través de un amparo presentado por la Alcaldía indígena de Sololá, la Fundación Pro-Bienestar de Minusválidos (Fundabiem), el sector de mujeres y campesinos, ha generado un impacto significativo en la escena política y social guatemalteca.
El Contexto: Aprobación Controversial del Presupuesto 2024
El plan de gastos para el año 2024 fue aprobado durante la última sesión ordinaria del Congreso el 30 de noviembre, encontrando respaldo del mandatario el pasado viernes. A pesar de las críticas expresadas por especialistas, empresarios y movimientos sociales, el presidente Giammattei dio luz verde al presupuesto, ignorando las denuncias de irregularidades e ilegalidades en el decreto.
El Amparo y sus Implicaciones
En una conferencia de prensa realizada el martes 19 de diciembre, las autoridades indígenas de Sololá destacaron que la suspensión temporal del presupuesto 2024 constituye un freno a los intentos del llamado “pacto de corruptos” por imponer un presupuesto a su medida. Este amparo, presentado por diversas instituciones, busca evitar que el presupuesto aprobado beneficie a corruptos y limite los recursos para el nuevo gobierno.
Denuncias de Irregularidades en el Proceso Legislativo
Las instituciones que promovieron el amparo sostienen que el presupuesto fue aprobado por un Congreso dominado por el pacto de corruptos, en una sesión nocturna a espaldas de la ciudadanía y, según denuncian, violando la ley. Se señala que estas acciones tenían dos objetivos fundamentales: desviar fondos para enriquecer a individuos corruptos y limitar los recursos disponibles para el nuevo presidente en el cumplimiento de su plan de gobierno.
Exigencia de Amparo Definitivo y Críticas al Congreso
En el comunicado emitido durante la conferencia de prensa, las autoridades ancestrales y las organizaciones sociales que impulsaron el amparo instan a la Corte de Constitucionalidad a otorgar el amparo definitivo y suspender de manera permanente el presupuesto 2024. Argumentan que esta medida es crucial para evitar que los corruptos se beneficien y para garantizar que el nuevo gobierno cuente con los recursos necesarios.
Críticas al Congreso y sus Vínculos con el “Pacto de Corruptos”
Para estas organizaciones, la suspensión provisional del presupuesto representa un obstáculo para aquellos que buscan “adueñarse de los impuestos” de la población guatemalteca. Se destaca que se destinaban más de Q5 mil millones para ONGs, instituciones educativas y de beneficencia vinculadas a diputados cercanos al Gobierno. Además, el presupuesto favorecía el pago de obras de infraestructura sobrevaluadas, utilizadas para la corrupción, y obligaba a contratar únicamente espacios en medios de comunicación aliados al pacto de corruptos.
Testimonios de los Involucrados
En la lectura del comunicado, Angelina Aspuac, representante del Movimiento Nacional de Tejedoras, afirmó que este presupuesto perpetuaba prácticas corruptas y afectaba negativamente a la sociedad. Édgar Tuy, síndico de la Alcaldía Indígena de Sololá, amparado por la CC, destacó que el presupuesto 2024 amenazaba derechos humanos esenciales como la salud, la educación, la alimentación y el desarrollo integral.
En conclusión, el amparo presentado por la Alcaldía indígena de Sololá y otras organizaciones ha generado una pausa temporal en la implementación del presupuesto 2024, exponiendo las presuntas irregularidades en su aprobación. La sociedad guatemalteca, representada por estas instituciones, espera que la Corte de Constitucionalidad otorgue el amparo definitivo para resguardar el interés público y prevenir prácticas corruptas.
Fuente: La Hora
