En una acción que subraya las últimas tensiones y desafíos dentro del sistema electoral de Guatemala, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, y el magistrado vocal quinto, Mynor Franco, solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La solicitud se sumó a las presentadas previamente por otras dos magistradas, quienes ya recibieron la protección solicitada.
Por su parte, Alfaro confirmó a este diario que las solicitó en diciembre pasado, pero que dicha instancia no ha resuelto si se las otorgará. Mientras que en el caso de Franco no respondió un mensaje de vía WhatsApp en donde se le consultó si las requirió; sin embargo, La Hora tuvo conocimiento de que también se sumó al pedido.
ÚLTIMOS ATROPELLOS
El TSE ha estado en el centro de la atención pública debido a los recientes comicios y a las controversias que los han rodeado, luego de que el Ministerio Público (MP) judicializara las elecciones generales y emprendiera acciones penales en contra de los magistrados del TSE, señalándolos de cometer una serie de presuntos delitos en distintos casos.
Dichas acciones le valieron el veto de 42 países a la cúpula del MP, incluida la fiscal general, María Consuelo Porras. Alfaro es la única magistrada titular de ese órgano que no se encuentra sujeta a proceso penal, cuatro de sus compañeros fueron despojados de su inmunidad y procesados. Además, una Sala Penal les prohibió ejercer el cargo hasta solventar su situación, extremo tachado de atentar contra la independencia electoral.
Ahora, la CIDH evaluará la solicitud de medidas cautelares de los magistrados, considerando las evidencias presentadas sobre las amenazas y los riesgos que enfrentan. Dichas medidas están diseñadas para prevenir daños irreparables a personas en situaciones de gravedad y urgencia, y su concesión en este caso subrayaría la seriedad de las amenazas denunciadas.
PALENCIA Y LEMUS
La magistrada del TSE, Irma Palencia, y la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Leyla Lemus, también solicitaron dicha protección internacional y la misma les fue otorgada en enero pasado por la CIDH.
Sin embargo, luego de seis meses del atentado en contra de Lemus, en donde una radiopatrulla designada para su seguridad perimetral fue prendida en llamas por una aparente explosión, el MP aún perfila a más de tres sospechosos en el caso, pero ninguno ha sido citado a primera declaración o detenido bajo presuntos cargos.
El pasado 11 de diciembre, en horas de la madrugada, dos sujetos —de quien se desconoce su identidad— se vieron involucrados en el incendio de un vehículo de la Policía Nacional Civil (PNC) que le brindaba seguridad. No fue hasta 10 días después que se supo del hecho, cuando el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo reveló y relacionó con la crisis democrática que azotaba a Guatemala ante un intento de golpe de Estado.
En el caso de Palencia, en una entrevista con La Hora detalló que fue víctima de tres seguimientos a su persona por sujetos desconocidos a bordo de motocicletas y un vehículo sin placas. Además, en noviembre pasado le fue retirada su inmunidad a manos de 108 diputados de la pasada legislatura, dichos congresistas fueron sancionados por EE. UU., quien les prohibió el ingreso a ese país bajo señalamientos de socavar la democracia.
En contra de Palencia recae un portafolio de antejuicios, que el MP presentó de forma ágil en menos de tres meses, para así iniciar una persecución penal en su contra. En marzo pasado, fue ligada a proceso junto a otros tres jueces electorales por un caso señalado como político a manos de la fiscal general.
Fuente: lahora.gt
