Las recientes acciones del Ministerio Público (MP) en Guatemala han generado un impacto significativo en la sociedad, especialmente entre las asociaciones civiles que defienden la democracia y los derechos fundamentales. Entre estas, destaca la postura firme de las Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew Guatemala, quienes han levantado su voz en contra de lo que denominan una crisis política instigada por la fiscal general María Consuelo Porras.
La Llamada a la Acción de las Autoridades Indígenas Ancestrales
En un comunicado reciente, las Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew Guatemala expresaron su profunda preocupación por la situación política actual y la presunta amenaza a la democracia guatemalteca. Demandan la condena de la sociedad, incluyendo actores de peso como cámaras empresariales y ciudadanos, frente a lo que describen como un intento de debilitar la democracia por parte del “pacto de corruptos”.
Urgencia de la Aplicación de la Carta Democrática Interamericana
La agrupación de pueblos originarios va más allá al solicitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) la aplicación urgente de la Carta Democrática Interamericana. Argumentan que el mencionado “pacto de corruptos” busca destruir la ya “débil democracia” y los derechos fundamentales de los guatemaltecos. Esta llamada a la OEA refleja la gravedad de la situación según la perspectiva de las Autoridades Indígenas Ancestrales.
Acciones Concretas Contra la Corrupción
Además de su llamado a la sociedad y a la OEA, las autoridades indígenas proponen medidas concretas para combatir la corrupción y fortalecer la democracia en Guatemala. Solicitan a los países firmantes de convenciones internacionales sobre delincuencia organizada y contra la corrupción aplicar cláusulas de competencia extraterritorial a los funcionarios corruptos de Guatemala. Asimismo, abogan por la emisión de órdenes de captura internacional para contribuir a la defensa de la democracia y del Estado de derecho.
Golpe de Estado y la Universidad San Carlos de Guatemala
Las autoridades ancestrales destacan la información conocida públicamente que, según ellas, no deja dudas sobre el proceso de golpe de estado y las intenciones de silenciar a toda voz disidente a la corrupción y la cooptación del Estado. Específicamente, señalan a la Universidad San Carlos de Guatemala, que consideran utilizada como excusa para perseguir a personas legítimamente electas.
Unir Esfuerzos: La Búsqueda de Apoyo
En medio de la crisis y tras la noticia de que el presidente no podía destituir a la fiscal general, las Autoridades Ancestrales de Iximulew buscaron solidificar esfuerzos. Dirigieron su atención al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y otras cámaras empresariales, instándolas a sumarse a la petición de renuncia de Porras del MP. Además, mantienen su solicitud de renuncia para varios fiscales y jueces clave en el sistema judicial guatemalteco.
El Llamado a la Defensa de los Resultados Electorales
Las autoridades indígenas hacen un llamado a la población que participó en el proceso electoral reciente para defender los resultados electorales, independientemente de a quién hayan votado. Esta inclusividad en su llamado refleja la importancia que otorgan a la participación ciudadana en la protección de la democracia.
Solidaridad y Responsabilización
Finalmente, las Autoridades Ancestrales de Iximulew expresaron su solidaridad con aquellas personas que han sido criminalizadas por funcionarios del gobierno autoritario. Responsabilizan directamente al presidente Alejandro Giammattei de los atropellos a los derechos humanos, marcando una postura clara contra cualquier forma de abuso de poder.
Conclusión
En conclusión, las acciones del Ministerio Público en Guatemala han desencadenado una respuesta enérgica por parte de las Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew. Su llamado a la acción, la solicitud de intervención internacional y las propuestas concretas para combatir la corrupción dan cuenta de la gravedad de la situación política en el país. La defensa de la democracia y del Estado de derecho se presenta como una prioridad crucial en este contexto.
Fuente: La Hora
