El Gobierno de Alejandro Giammattei decretó 11 veces estado de Calamidad Pública, una figura de la Ley de Orden Público con la cual el organismo Ejecutivo puede restringir ciertos derechos para minimizar en lo posible «los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos».
El Gobierno de Alejandro Giammattei decretó 11 veces estado de Calamidad Pública, una figura de la Ley de Orden Público con la cual el organismo Ejecutivo puede restringir ciertos derechos para minimizar en lo posible «los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos».
En nueve de estas ocasiones, el Congreso de la República aprobó, sin mayor reparo, dichas figuras legales lo que permitió al gobierno de Giammattei hacer millonarias compras en concursos sin licitar.
Una publicación de La Hora del pasado 17 de junio detalla que estas figuras legales le permitieron a la pasada administración hacer compras de bienes y servicios relacionados con el covid-19 por más de Q1 mil 100 millones, entre las cuales resalta la adquisición de vacunas Sputnik V, un contrato de Q614 millones que se firmó con una empresa rusa de manera opaca, y que generó denuncias en contra del Gobierno, pesquisas que hasta el momento, el Ministerio Público no ha dado resultados.
El presidente Bernardo Arévalo decretó esta figura el lunes 8 de julio y el Congreso se apresta a conocerlo en una sesión a la que fueron convocados este jueves 11; sin embargo, varios diputados han cuestionado la declaratoria.
Miguel Ovalle, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, vaticinó que no se ratificará, mientras que Esduin Javier, legislador de Cambio, más conocido como «Tres kiebres», dijo que no votará a favor porque a su juicio no hay «ninguna calamidad seria en nuestro país».
Diputados de Valor y Cabal también estarían dentro del grupo que se opone al estado de Calamidad. Por parte del partido Vamos, que llevó al poder a Giammattei, pidió informes a la Presidencia y a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) «para hacer un análisis técnico y jurídico» sobre la decisión que adoptarán.
El pasado 11 de abril, el Congreso tampoco apoyó el primer estado de Calamidad que había decretado el gobierno con el que pretendía adoptar acciones para combatir los incendios forestales, así como el que se produjo en el vertedero del kilómetro 22 de la ruta al Pacífico.
CAMBIO
Sin embargo, en la pasada legislatura los estados de Calamidad se aprobaban sin mayor requerimiento de información y casi sin ningún cuestionamiento.
De los nueve que ratificó el Legislativo, seis fueron por la emergencia causada por la pandemia. El primero se decretó el 5 de marzo de 2020, días antes de que se hiciera oficial el primer caso positivo de covid-19.
Dieciséis días después se emitió otro decreto gubernativo para modificar las medidas adoptadas, puesto que la enfermedad ya estaba presente en el país. Ambos fueron ratificados por los diputados.
Las prórrogas de abril, junio, julio y agosto también fueron ratificadas por el Congreso sin mayor oposición. Durante los cuatro años de gobierno de Giammattei predominó una alianza oficialista que aprobaba las iniciativas que le interesaban al Ejecutivo.
El CIV asegura que el Estado de Calamidad ha permitido agilizar los trabajos de mantenimiento en las carreteras. Foto: Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
POR LLUVIAS
Los estados de Calamidad decretados por el gobierno de Giammattei relacionados con emergencias climáticas también fueron ratificados por el Legislativo y fueron aprovechados para hacer desembolsos millonarios.
En total, se aprobaron tres que permitieron hacer gastos discrecionales hasta por Q1 mil 656 millones, de acuerdo con una nota publicada por este medio el pasado 27 de febrero.
En noviembre de 2020, luego del paso de las tormentas tropicales ETA e IOTA se ratificó el primero, a través del cual el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) hizo compras por Q160.7 millones para la reparación de carreteras.
Luego, en octubre del mismo año, el Ejecutivo decretó otro estado de Calamidad, esta vez por el paso del huracán Julia, ya convertido en depresión tropical. El decreto fue ratificado por el Congreso un día después de que el Gobierno lo publicara y permitió la adjudicación de 13 contratos por un monto de Q46.6 millones.
ROSAL: INCENTIVOS MOTIVABAN APOYOS
El analista político Renzo Rosal explicó que durante el gobierno de Alejandro Giammattei se consolidó un grupo oficialista que votaban a favor de las iniciativas que enviaba el Ejecutivo incentivado «porque hubo dinero y tráfico de influencias», que la motivaba a aprobar sus iniciativas sin mayor obstáculo.
Esos incentivos, subrayó, ya no están presentes porque el gobierno de Arévalo se ha opuesto a continuar con la práctica de compra de voluntades, pero eso tiene factores adversos como el hecho de que propuestas como el Estado de Calamidad decretado por el Ejecutivo no son aprobadas.
Para el analista, todas las iniciativas que presente el Gobierno están condenadas a fracasar ya que, sumado a la falta de los referidos incentivos, el Ejecutivo y los diputados electos por Movimiento Semilla no tienen la suficiente experiencia y capacidad estratégica para buscar consensos.
Las iniciativas que podrían contar con el apoyo de diputados, a criterios de Rosal, son aquellas en las que los legisladores pueden sacar ventaja, como en el caso del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación que se discutirá en la segunda parte del año, ya que los legisladores pueden apuntarle a aumentar las asignaciones a ciertos rubros o incrementar los recursos para el Legislativo, las municipalidades o para los consejos de desarrollo, instancias que no están bajo el control del Ejecutivo.
REYES: DINÁMICA DEL CONGRESO CAMBIÓ
Luis Miguel Reyes, director del Área Social de la Fundación Libertad y Desarrollo, coincide en que la razón de que en la administración pasada se ratificaran fácilmente los estados de Calamidad obedece a la «dinámica transaccional» que predominó en el Congreso. «Para aprobar casi cualquier cosa, se escucha que por ahí corría dinero, favores y todo tipo de ofrecimientos», precisó.
También coincide en que el gobierno de Arévalo cambió esa dinámica a la de la negociación política tradicional lo que «obviamente le genera este tipo de problemas, porque al no haber incentivos directos para los diputados, estos tienen que negociar muchas más cosas que uno esperaría fueran legítimas, dentro de la negociación política».
Reyes también señaló a una oposición política «malintencionada» que se mueve «solo por corrupción» y que no va a responder a argumentos técnicos «por más que se los digan».
A eso se suma que la figura del Estado de Calamidad quedó muy desgastada con el gobierno pasado ya que dispuso de recursos millonarios con resultados muy pobres. «La gente se quedó con mal sabor de boca de lo que significa un estado de Calamidad, que eso significa gasto desmedido, sin controles y corrupción», enfatizó.
Fuente: lahora.gt
