El reciente suceso denominado “Caso Toma de la USAC: Botín Político” ha capturado la atención crítica de la población guatemalteca desde la semana pasada. La solicitud del Ministerio Público (MP) de captura de 27 personas, incluyendo catedráticos, estudiantes universitarios y profesionales, así como la petición de retiro de antejuicio contra seis funcionarios electos, entre ellos Bernardo Arévalo y Karin Herrera, ha generado un escenario legal y social complejo.
Detalles del Caso y las Críticas al Proceso Judicial
En un comunicado difundido en la red social X, el Ministerio Público destacó seis puntos clave para comprender el caso de la Universidad de San Carlos: Botín Político. Entre ellos, se resalta el cuestionamiento al informe emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) a solicitud del MP, donde se reconoce que el peritaje lingüístico no fue concluyente ni desvirtuó otros elementos de la investigación.
Este señalamiento es uno de los seis aspectos resaltados por el órgano encargado de la persecución penal, justo el mismo día en que se llevaría a cabo la audiencia de primera declaración de seis personas detenidas.
Contraste con el Informe del INACIF
El informe del INACIF, al que La Hora tuvo acceso, contradice algunas afirmaciones de la Fiscalía. En uno de sus apartados, se indica que no se encontró evidencia concreta de características lingüísticas que incitaran directamente a estudiantes, trabajadores o personas vinculadas a la Universidad de San Carlos a continuar con la toma del centro educativo.
La Fiscalía, en una conferencia de prensa el 16 de noviembre, presentó publicaciones en redes sociales como indicios de un delito. Sin embargo, el informe del INACIF, obtenido por La Hora, parece exonerar a los señalados de las presunciones del MP.
Análisis Lingüístico y sus Resultados
El análisis del INACIF se llevó a cabo bajo un estudio lingüístico detallado, abordando niveles semánticos, gramaticales y pragmáticos, así como significados léxicos, escritos y orales. Este análisis exhaustivo, según la institución científica, desestimó las acusaciones de la Fiscalía contra los mencionados funcionarios electos y otros implicados.
A pesar de los esfuerzos del MP por mantener el caso, la falta de fundamentos, respaldada por el informe del INACIF, ha generado escepticismo entre la población, según expresiones compartidas en redes sociales.
Incertidumbre en el Contexto Político
El caso de la toma de la Universidad de San Carlos ha suscitado dudas significativas, especialmente porque los señalados, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, asumirán la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, el 14 de enero de 2024.
Según el MP, ambos habrían incitado a actos contra el patrimonio de la USAC. Ante estas circunstancias, la Fiscalía ha solicitado el retiro de la inmunidad de al menos un diputado electo y tres congresistas en funciones.
Conclusiones y Reflexiones Finales
El 16 de noviembre, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación llevaron a cabo 31 allanamientos para capturar a las 27 personas señaladas, bajo la orden del juez Víctor Manuel Cruz Rivera. No obstante, la solidez del caso ha sido puesta en entredicho tras el informe del INACIF, generando interrogantes sobre la legalidad y fundamento de las acciones emprendidas por el MP.
En resumen, el “Caso Toma de la USAC: Botín Político” se presenta como un entramado legal complejo, donde la información proporcionada por el INACIF contradice las afirmaciones de la Fiscalía. Este análisis detallado destaca la importancia de considerar múltiples perspectivas al evaluar eventos legales de esta índole.
Fuente: La Hora
